El VII Congreso de FETE-UGT rechaza la política educativa del Gobierno

El VII Congreso Federal de FETE-UGT, clausurado ayer por el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, ha expresado su rechazo hacia la política educativa del Gobierno ante la situación actual de todos los sectores de la enseñanza estatal, y exige la inmediata apertura de un proceso formal de negociación con los representantes de los trabajadores. El dirigente de UGT afirmó en su discurso de clausura que «el Gobierno ha perdido toda credibilidad y que se ha situado más a la derecha que los propios empresarios».

Nicolás Redondo, cuyo discurso constituyó un llamamiento general a la responsabilidad de UGT y una crítica al Gobierno, dijo que los miembros del sindicato socialista no pueden hacer abstracción de los problemas internacionales y nacionales, que hacen que la situación actual sea la más delicada en España desde la muerte de Franco.El secretario general de UGT piensa que tinos sindicatos responsables pueden contribuir a la vertebración de España y a estabilizar la situación, a la que el Gobierno es incapaz de poner remedio. No obstante, se declaró optimista sobre la posibilidad de salir de la crisis, porque «contamos con un pueblo adulto y una clase obrera responsable».

Insistió en la necesidad de contar con un movimiento sindical fuerte que no caiga en el verbalismo revolucionario, «que no responde a lo que quieren los trabajadores», sino que ofrezca soluciones concretas a los problemas. «Los trabajadores», dijo, «miden a un sindicato no por lo que piden, sino por lo que consiguen». Añadió que «UGT no se ha moderado, sino que se ha hecho más responsable», y dijo que hay que huir de las huelgas de duración indefinida e ir solamente a las que sean estrictamente necesarias, pero ni a una más.

Entre las conclusiones generales del Congreso de FETE-UGT se pide la apertura de negociaciones encaminadas a la distribución de las retribuciones del profesorado, jubilación de los maestros, estabilidad de interinos y contratados, participación en la negociación sobre la integración de los catedráticos en las escuelas universitarias, para garantizar la defensa de los profesores no numerarlos, y la no aplicación de los decretos de transferencias a las comunidades autónomas en los puntos que vulneren los derechos de los funcionarios docentes.

Otra resolución del Congreso se refiere a la exigencia de la enseñanza efectiva de la Constitución de 1978, y en este contexto se denuncia la pervivencia de libros de texto editados por el régimen anterior que incurren en franca inconstitucionalidad, tanto por su contenido como por sus fines.