Indignación de los armadores por la actitud de la subsecretaría

Medios de los armadores vascos de pesca de altura no ocultaron ayer su indignación por la actitud de la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura ante los avisos de que las embarcaciones españolas debían abandonar la zona ocho de las aguas comunitarias (la costa francesa atlántica), a partir de las veinticuatro horas de ayer, dando por anuladas sus licencias. Una comisión representativa de los armadores aguardó desde la diez de la mañana en Madrid, para ser recibida por el subsecretario, Miguel Aldasoro, sin conseguirlo hasta pasadas las siete de la tarde. El responsable de Prensa del departamento, a su vez, había señalado a media tarde que el Ministerio español no tenía constancia de tal aviso y de que «esa noticia no existe».Sin embargo, según pudo constatarse ayer en medios pesqueros, las instrucciones cursadas a las embarcaciones españolas para que abandonaran la zona ocho antes de las veinticuatro horas del miércoles, día 3, fueron reiteradas durante todo el día, con insistencia, por las patrulleras francesas. Las lanchas de vigilancia indicaron a los patrones de los pesqueros que tenían orden de «peinar» la zona del golfo de Vizcaya para comprobar si el desalojo se había cumplido.

Ante la falta de respuesta a la comunicación urgente enviada el martes a la Subsecretaría de Pesca, solicitando una posición concreta en torno a esta orden de abandonar las aguas comunitarias, una delgación de la asociación de armadores de Pasaje (Guipúzcoa), la que agrupa mayor número de barcos arrastreros, se trasladó a Madrid, donde solicitó ser recibida por el subsecretario de Pesca. Miguel Aldasoro, que ayer mismo regresaba de Estados Unidos -donde ha permanecido durante tres días para negociar un nuevo acuerdo pesquero entre los dos países, que incluye facilidades para la importación de pescado norteamericano a España-, no había recibido a media tarde a la comisión, ni su departamento había cursado instrucción alguna sobre el conflicto, que se calificaba de «inexistente».

Por su parte, un grupo de armadores de Ondárroa anunciaron ayer que sus barcos seguirían faenando en aguas comunitarias, provistos de las correspondientes licencias, aunque las autoridades de la CEE decidieron suspender su validez, cualquiera que fuera la postura del Gobierno español en torno al tema.