El alcalde de Avilés, contrario a que la contaminación sea pretexto para despidos

«La declaración de atmósfera contaminada no puede servir de pretexto al Gobierno para proceder a la expulsión laboral colectiva», manifestó a EL PAIS Manuel Ponga, alcalde socialista de Avilés, al justificar el frenazo municipal al expediente que iba a ser estudiado la semana pasada por la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA).La posibilidad del cierre parcial de Ensidesa y la renuncia a nuevas instalaciones industriales, entre las que destaca el tren de bandas en caliente (TBC), que se disputan Ensidesa Avilés y Altos Hornos del Mediterráneo, de Sagunto, como supuestas medidas inevitables para devolver la pureza al aire avilesino, han decidido al alcalde a paralizar temporalmente la tramitación del expediente.

«Esta alcaldía», dijo Ponga, «sigue estando totalmente a ravor de la declaración de Avilés como zona de atmósfera contaminada, desde que lo acordó la Corporación por unanimidad el primero de agosto de 1979. Sin embargo, ante la urgencia demostrada en las últimas semanas por la Administración central -que contrasta con su anterior pasividad- por agilizar la designación de nuestro municipio como zona de protección ambiental, se trata de una operación política del Gobierno, que lleva íntimamente aparejadas dos consecuencias negativas: una, la ejecución del plan de reestructuración siderúrgica, y otra, dentro del plan, el despido de miles de trabajadores de Ensidesa».

«Por esto, antes de ratificar definitivamente la declaración de la zona contaminada, debemos recibir de la Administración plenas garantías de que esa medida de protección ambiental no va a significar el despido laboral de ningún trabajador».

El expediente para declaración de zona contaminada fue iniciado en 1977 por la anterior Corporación y ratificado por la actual. La izquierda propuso recientemente el recurso a las movilizaciones populares para agilizar su tramitación, pero un informe de Industria (véase EL PAIS de 14-10-1980) planteó las primeras dudas al subrayar las graves consecuencias que tal declaración tendría en el ámbito laboral.