El Gobierno prepara una nueva normativa sobre corporaciones de derecho público

El Gobierno prepara estos días un proyecto de ley de Corporaciones de Derecho Público, en el intento de unificar toda la legislación por la que se rigen estas entidades y para clarificar cuál ha de ser el cometido del Gobierno central, el de los respectivos Gobiernos autonómicos y cómo han de regularse las transferencias de los mismos, según ha podido saber EL PAIS de fuentes solventes. Participan en la elaboración de la nueva normativa, que prácticamente está aún en fase de consulta, los ministerios de Economía y Comercio, Agricultura, Obras Públicas y Justicia; y se verán afectadas por ella las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Cámaras de la Propiedad Urbana, Cámaras Agrarias y Cofradías de Pescadores.Al parecer, esta decisión del Gobierno de preparar una nueva legislación sobre las Corporaciones de Derecho Público tiene su origen en la polémica levantada por el Parlamento catalán -el pasado 2 de octubre- con su decisión de suprimir las Cámaras Agrarias de la región.

Insiste en este sentido la Administración que la decisión del Parlamento catalán es ilegal, porque no se ajusta a derecho; «en el Estatuto de Autonomía para Cataluña no se contempla la transferencia de las Cámaras Agrarias, razón por la cual el Parlamento no puede suprimirlas», aseguraron las fuentes consultadas.

Sin embargo, los principales enfrentamientos surgieron (y se mantienen) entre los propios sindicatos, sustentados en argumentaciones políticas. El sindicato mayoritario del campesinado catalán, la Unió de Pagesos, acogió la resolución con satisfacción, puesto que la desaparición de las cámaras era una de sus principales reivindicaciones desde que fue constituido. Consideran que las cámaras son un arma importante del aparato verticalista, cuya única finalidad ha sido mantener un estricto control político en el campo.

Por su parte, en el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (sindicato al que pertenece el presidente de la Cámara de Barcelona y del Consejo Superior de Cámaras Agrarias, José Giralt) se localiza el mayor núcleo de oposición a la medida del Parlamento catalán. Este sindicato considera que las cámaras son instituciones de servicio e información y que no deben interferir la acción reivindicativa de los sindicatos que han de disponer de otras vías de acción.