Caótica situación económica de la Ciudad Sanitaria Provincial

La caótica situación económica por la que atraviesa la Ciudad Sanitaria Provincial fue puesta de relieve, ayer por la mañana, por el diputado provincial delegado de Hacienda José Borrell, en el curso del pleno ordinario que celebró la Diputación Provincial. Los tres grupos políticos que forman la Corporación se mostraron de acuerdo en la necesidad de conocer, mediante la auditoría actualmente en marcha, el origen del déficit de cientos de millones de pesetas que padece ese centro sanitario. En la misma sesión, los diputados conocieron la autorización administrativa dada a la emisión de deuda pública, por un importe de 2.500 millones de pesetas.

Con mucho, ambos temas fueron los más importantes aprobados en el pleno ordinario celebrado ayer en la Diputación. Hay que destacar igualmente el clima de colaboración en que se desenvolvió el mismo. Para varios de los puntos más importantes tratados era necesario el voto favorable de la oposición, ya que los diputados socialistas y comunistas no alcanzaban la mayoría absoluta, por ausencia. de algunos de ellos. Enrique Sánchez, portavoz de UCE), puso de relieve en varias ocasiones la total colaboración de su grupo en las cuestiones que fueran en favor de todos los ciudadanos, y con una frecuencia inusitada se cruzaron entre la izquierda y la. oposición frases de cortesía y agradecimiento mutuos. El propio señor Sánchez confirmaría luego a EL PAIS que la actitud de su grupo no es algo esporádico, sino que obedece a la política decidida por el comité provincial de su partido respecto a la Diputación Provincial.La emisión de deuda pública estará cubierta íntegramente: en el mes de diciembre, gracias al compromiso acordado con la Caja de Ahorros.

En cuanto a la Ciudad Sanitaria Provincial, el pleno aprobó una transferencia de fondos de 650 millones de pesetas, que no van a recuperarse, puesto que se destinan a enjugar el déficit existente, déficit que, a final de ejercicio, puede que ascienda a otros doscientos o trescientos millones más. El diputado José Borrell expuso que, a, principios de ejercicio, ya se le destinaron 1.450 millones de pesetas, incrementados poco más tarde en otros 1513, más los 650 aprobados ayer. Según expuso luego, la situación está llegando a ser inasumible por la Diputación, y es necesario revisar el convenio con la Seguridad Social para analizar los costes que representa cada enfermo y ver si ésta está pagando más o menos de lo que le corresponde. Sin embargo, el diputado hizo hincapié en que lo primero es arreglar la propia casa, ya que, en estos momentos, la Diputación no sabe si el déficit es provocado por la diferencia de costes y pagos de la Seguridad Social, o por el incremento de la masa salarial, o (y este será sin duda un tema polémico) por el hecho de que, en un centro público, haya un sector destinado a atender enfermos privados, lo que puede representar un beneficio para los propios enfermos y para los profesionales que les atienden, pero tal vez no para la Diputación.

Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en esperar a que termine la auditoría que se realiza actualmente y luego aplicar todas las medidas oportunas.

Los tributos de Hacienda

El pleno aprobó también por unanimidad iniciar conversaciones con el Ministerio de Hacienda en orden a exigir mayores competencias y clarificar la recaudación de tributos estatales por Parte de la Diputación. En caso de no llegarse a un acuerdo, la Diputación se negaría a seguir prestando el servicio recaudatorio. En una posterior conferencia de Prensa, el vicepresidente efímero, Luis Larroque, amplió las causas que. explican el descontento de los diputados: aunque la Diputación tiene que pagar los salarlos de los empleados contratados por los dieciocho recaudadores de zona, no tienen, sin embargo, ningún control sobre su gestión. Los recaudadores tratan directamente con Hacienda, y nadie sabe si lo hacen bien o mal o cómo se podría mejorar el servicio. Esto no obsta para que la Diputación tuviera, el ejercicio pasado, un déficit de 150 millones de pesetas, además de la mala imagen que ante los ojos del contribuyente presenta la Diputación. La mayoría de los recibos enviados por el Ministerio de Hacienda a la Diputación, para que ésta los pase a los recaudadores, son incobrables, por inexactitud en las direcciones o en otros datos de interés. Así, de un millón de recibos enviados por Hacienda, unos 200.000 han sido más tarde devueltos a la Diputación por dirección desconocida. La Diputación no parece dispuesta a asumir un servicio desorganizado, que le da mala imagen, que no controla y que encima le supone pérdidas.

Mejora de carreteras

Por su parte, la Delegación Provincial de Vías y Obras presentó ayer, y fue aprobado, un conjunto de obras de infraestructura de muy diverso orden, a realizar en pueblos y carreteras de la provincia, por un valor total de 285 millones de pesetas. Destaca entre ellas la construcción, por un valor de 122 millones, del ensanche y mejora de la vía de acceso de San Martín de la Vega, por Colmenar de Oreja hasta la N-III, que mejorará de modo sustancial las comunicaciones en el sureste de la provincia. Asimismo se aprobó una inversión de seis millones de pesetas para realizar un inventario de los caminos y, vías provinciales que, junto con los estudios de planeamiento en marcha, permitirán tomar decisiones fiables sobre las mejoras, ensanches o conexiones oportunas en la red, para que ésta sea eficaz, de cara a las necesidades de una futura comunidad. autónoma.

Por último, hay que destacar el extenso informe presentado por José Alberto Villate, delegado de la Comisión de Servicios Sociales, sobre el nuevo esquema y la nueva filosofía que encauzarán la asistencia social a los ancianos de Madrid. En su primera fase se pondrán en marcha dos experiencias pilotos, encaminadas a intentar mantener, mientras sea posible, al anciano en la casa en que vivió, con lo que las atenciones que necesite se le servirían a domicilio. En un segundo nivel se montaría una cobertura de ceritros gerontológicos de carácter polivalente «que unan a su misión de proporcionar un lugar de encuentro y de convivencia para las personas, mayores el ofrecimiento de unas prestaciones de servicios tanto sociales (comedores, asistencia social, etcétera) como terapéuticos (rehabilitación, terapia ocupacional, psicogeriatría, entre otros) que permitan, más que una acción curativa, una auténtica terapia de mantenimiento». En un tercer nivel, y para aquellos ancianos que no dispongan de casas, se les proporcionarían apartamentos vigilados por personal adecuado que les atendieran. Sólo en última instancia se prevé el internamiento de los ancianos en las residencias actuales, que fueron calificadas por el señor Villate como antieconómicas, frustrantes para las personas y socialmente ineficaces, ya que sus grandes costes de mantenimiento impiden atender a todos los necesitados. En concreto, las ciudades de ancianos existentes apenas albergan 3.500 personas de la tercera edad, cuando las solicitudes registradas en la Diputación superan las 16.000.