La Diputación Foral llevará a los tribunales el "caso" de Jaime del Burgo

La Diputación Foral de Navarra ha tomado el acuerdo de hacer suyo un informe sobre el caso FASA; redactado por el catedrático de Derecho Penal, José María Stampa, en el que se califica la actuación de Jaime Ignacio del Burgo como malversación de fondos, y la del ex diputado foral Ignacio Irazoqui, actual consejero delegado de Fundiciones de Alsasua, SA (FASA), de estafa. En consecuencia, la Diputación presentará la próxima semana una denuncia formal ante el fiscal de la Audiencia Territorial de Pamplona. Es la primera vez en la historia de la Diputación Foral que la Corporación toma la iniciativa de llevar ante los tribunales de Justicia a uno de sus miembros en activo.

Nueve meses después de que el escándalo originado por el caso FASA saliera a la luz pública, a través de las páginas de este diario, el tema está llegando a su fin, después del dictamen del catedrático Stampa Braun, quien durante tres meses ha estudiado el informe sobre el tema, remitido por la Corporación, para que informase acerca de la posibilidad de que existieran indicios criminales en la actuación de determinados consejeros o ex consejeros de FASA. A partir de la entrega al fiscal de la Audiencia Territorial de Pamplona de la denuncia en firme formulada contra ocho consejeros o ex consejeros de FASA, a dos de los cuales se les acusa de malversación de fondos (Del Burgo) y estafa (Irazoqui), el proceso queda remitido a la autoridad judicial, que deberá pronunciarse sobre el tema mediante el procesamiento o no de los acusados.Estos acuerdos fueron adoptados por la Diputación con los votos favorables de todos sus miembros,excepto el propio Del Burgo, que se encontraba ausente de la sesión. Sin embargo, la Diputación acordó no aceptar la excusa de Del Burgo, quien razonó su ausencia indicando que debía asistir en Valencia a un acto sobre temas autonómicos, por entender que sus obligaciones de diputado foral deben primar sobre cualquier otro compromiso.

Nueve meses de tensión

El escándalo originado en Navarra a raíz de la información publicada por EL PAIS el 23 de febrero pasado, en la que se hacía referencia a los 81 millones adelantados por la Diputación Foral a FASA, en concepto de crédito puente, que no fueron invertidos en lo inicialmente previsto, sino que fueron destinados, en su mayor parte, a satisfacer deudas de esta empresa, avaladas, entre otros, por el entonces presidente de la Corporación foral, Jaime Ignacio del Burgo, senador por UCD, motivaron la formación en el Parlamento foral de una comisión especial de encuesta. Esta comisión, que se entrevistó con todas las partes interesadas, elaboró en dos semanas un informe de 87 folios, que resumía los 2.272 folios de documentos y testimonios sobre el caso, que fue dado a conocer a los grupos parlamentarios forales el pasado 18 de marzo.El informe de la comisión de encuesta parlamentaria ratificaba las informaciones originarias publicadas por este periódico y sostenía la tesis de que Del Burgo ocultó información a sus compañeros de Corporación cuando la Diputación decidió conceder un crédito puente a FASA, en junio de 1979, por un importe de 81 millones de pesetas, que, a pesar de haber transcurrido un año y medio, todavía no ha sido reintegrado a las arcas de la hacienda foral. Dos días más tarde, en otro dictamen, elaborado por el Tribunal Administrativo de Navarra, se hacía constar que todas las actuaciones seguidas en el caso FASA «estaban totalmente dislocadas», por lo que el tribunal mantenía una tesis totalmente contraria a Del Burgo.

A raíz del informe de la comisión de encuesta, todos los grupos parlamentarios de la Cámara, con excepción de UCD y UPN, presentaron mociones de censura en las que se exigía a Jaime Ignacio del Burgo su cese como presidente de la Diputación Foral, así como de diputado foral. De esta forma, el pasado 14 de abril el Pleno del Parlamentoforal tomó el acuerdo de exigir la inmediata dimisión de Del Burgo, tanto de presidente como de diputado foral. Del Burgo hizo caso omiso del acuerdo, precisando que era inocente de todas las acusaciones vertidas contra su persona, si bien el 28 de abril la Diputación en pleno lo destituía como presidente, asumiendo desde aquel día la presidencia en funciones Juan Manuel Arza, independiente elegido en las listas de UCD. Desde entonces, la posibilidad de que Del Burgo dimitiera como diputado foral (cuestión de su exclusiva competencia, ya que es un cargo que se elige a través de sufragio universal), ha sido una constante reivindicación por parte de la mayoría de los miembros del Parlamento Foral, que se han negado a que éste acudiera a los plenos.