Silencio oficial sobre el incidente de la frontera de Hendaya

El gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aristegui, en declaraciones a Radio Nacional de España ayer, aseguró que ignora si el incidente se produjo dos minutos después del ametrallamiento del hotel Hendayais, pero indicó que debió tener lugar alrededor de las siete de la tarde (el atentado se produjo a las 18.45 horas).El gobernador civil recordó que el incidente dio comienzo cuando un automóvil derribó la barrera de la aduana francesa. Al llegar a la barrera española, la Guardia Civil detuvo a sus ocupantes y los entregó a la policía gubernativa, «quien, consultadas instancias superiores, puso en libertad a las tres personas», informa desde San Sebastián.

Preguntado si los detenidos tenían alguna relación con el atentado de Hendaya, Aristegui contestó que «ninguna», aunque sin explicar los motivos que le permiten descartar cualquier rastro de sospecha. Negó también que los retenidos hubieran sido trasladados a la comisaría de San Sebastián, y dijo que desconoce si existe tratado fronterizo alguno según el cual todo automóvil,que rebasa una barrera sin autorización previa debe ser devuelto al país del que salió ilegalmente. Aristegui dijo al entrevistador sobre este aspecto: «Repase usted sus archivos y verá cuántas veces ha ocurrido esto a la inversa y no se ha producido la entrega».

Más adelante, a la pregunta de si conocía la identidad de las personas que derribaron la barrera, Pedro Aristeaui contestó: «No consta que hayan sido identificados. Simplemente se siguió el trámite de mirar los pasaportes». Sobre si eran españoles o franceses contestó que «por el acento, franceses», sin hacer referencia a la nacionalidad de sus pasaportes. Aristegui negó que los tres individuos hubieran solicitado la aplicación del estatuto de refugiado político o que estuvieran borrachos.

Sobre si se investigó la falsedad de las placas de matrícula, Aristegui dijo que «no, porque no nos constaba. Si alguien nos hubiera demostrado que llevaban matrículas falsas habríasido investigado». Finalmente, el gobernador civil explicó que el comisario jefe del puesto fronterizo ha sido destituido «por negligencia en el deber que debía cumplir», y dijo que debía haber investigado más.

Con posterioridad a la emisión de estas declaraciones, el gobernador civil de Guipúzcoa indicó a EL PAIS que el tenla escapaba a sus manos, y que cualquier aclaración suplementaria: debería solicitarse en la Dirección de la Seguridad del Estado. Unicarriente indicó, preguntado por la al,usión al acento de los tres individuos, para referirse a su supuesta nacionalidad, cuando acababa de afirmar que se les había pedido el pasaporte, que el agente del orden que solicitó este documento ha olvidadio a qué país correspondía.

Por otra parte, la alusión de Aristegui a una supuesta actitud francesa de no entregar a quienes cruzaron ileaalmente las barreras de puestos fronterizos españoles resulta incomprensible si se recuerda que Vicente Aldalur, que había solicitado refugio político en Francia, en abril de 1978, fue devuelto a la policía española pecos días después de que hubiera atravesado la frontera, saltando las barreras con un automóvil lanzado a toda velocidad, sin que mediara procedimiento legal de extradición. Casos similares provocaron en años anteriores una huelga de aduaneros franceses.

La actuación del gobernador de Guipúzcoa enel incidente fronterizo ha motivado a varias organizaciones de la izquierda abertzale vasca (Herri Batasuna, EIA y LAIA, entre otras) a presentar una querella crimirial contra él por considerar que existen indicios de culpabilidad por parte de Pedro Aristegui, «al amparar a los presuntos responsables del atentado de Hendaya».

El Ayuntamiento de Hendaya, reunido con carácter extraordinario el lunes a última hora, acordó presentar ante el Gobierno francés su más enérgica protesta por el atentado que costó la vida a dos personas el domingo en un hotel de la localidad, causando diez heridos, de los que seis se encuentran en estado grave. El Ayuntamiento convocó también una huelga general en la localidad fronteriza para el día en que tenga lugar la inhumación de los cadáveres de Jean Pierre Haramendy y José Camio, que seguramente se retrasará hasta el sábado para cumplimentar formalidades legales.

Una manifestación unitaria para denunciar el mismo atentado, así como el comportamiento de la policía española de fronteras -que puso en libertad a los presuntos asesinos después de que hubieran abandonado ilegalmente el territorio francés- tendrá lugar hoy, convocada por la práctica totalidad de fuerzas políticas, a excepción del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y Unión de Centro Democrático (UCD). En un comunicado difundido ayer, los socialistas manifestaron su «más dura condena» por el atentado, y calificaron de «injustificable desde cualquier punto de vista» la puesta en libertad de los tres supuestos autores. Sin embargo, más adelante, el PSE-PSOE afirma que «no podemos los socialistas firmar un llamamiento a la opinión pública con organizaciones que sólo condenan la violencia cuando ésta proviene de un bando, aplaudiéndola, o al menos callando, cuando son otros los que disparan».