Calvo Sotelo y García Añoveros resaltan que el principal objetivo es la lucha contra el paro

El vicepresidente económico, Leopoldo Calvo Sotelo, y el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, abrieron el debate de los, Presupuestos del Estado para 1981, iniciado ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados. Mientras el primero resaltaba que éstos son coherentes con la política económica del Gobierno, que, a la vez, es la única posible, el ministro de Hacienda amplió esta tesis y recalcó, entre otras cosas, que el primer objetivo de esa política es la lucha contra el paro.

Calvo Sotelo dijo que hay que acercarse á los Presupuestos con la perspectiva de que se precisan al menos tres años para salir de la crisis. Destacó las limitaciones que se encuentran, como son la necesidad de mantener equilibrados los precios y la balanza de pagos, y la imposibilidad de romper bruscamente con una tradición administrativa asentada. Recordó que el aumento de la inversión en términos reales se prevé superior al 15 %, y advirtió que una meta más ambiciosa comprometería la correcta utilización de recursos.Por el lado de la financiación, tampoco es posible ir más lejos del déficit de 435.000 millones de pesetas, ya que ello supondría, según Calvo Sotelo, mayor inflación o reducción del crédito al sector privado. Recalcó la decisión gubernamental de reducir el gasto corriente y terminó aludiendo a las necesidades de las regiones deprimidas, de las que dijo que hay que reconocer claramente que no son suficientes los recursos para dar satisfacción completa e inmediata a esas aspiraciones.

Aumento del empleo

García Añoveros dijo que el aumento del empleo se persigue con tres medidas fundamentales: incremento de la inversión, tratamiento selectivo de los gastos corrientes y moderación del déficit monetario. Sobre la inversión afirmó que su aumento se planifica de forma posible y realista, mientras que los gastos corrientes se contendrán con cinco medidas principales: limitación del crecimiento de los sueldos al 12,5%, en consonancia con el criterio del Gobierno de excluir de los aumentos salariales la repercusión del encarecimiento de la energía y la elevacíón de la imposición indirecta; congelación de plantillas; ordenación del sistema de pensiones afrontando con rigor la realidad social del pluripensionismo; limitación drástica de la compra de bienes y servicios corrientes, y la suspensión parcial de la aplicación del decreto-ley de modernización de las Fuerzas Armadas.Al mismo tiempo se trata de mejorar la administración de los recursos mediante la creación ya efectuada de las oficinas presupuestarias y la mejora de las técnicas de presupuestación a base de los denominados presupuestos por programas y base cero.

El ministro destacó que los dos conceptos que más se incrementan para 1981 son las pensiones derivadas de la guerra civil y las subvenciones a los ayuntamientos, aunque las primeras han tenido que fraccionarse en cuanto al pago de los atrasos. En cuanto a los ayuntamientos, dijo que las transferencias se aumentan en un 52%, lo que se suma al 10% de participación en los impuestos indirectos del Estado, y el 1% en el impuesto sobre la renta.

García Añoveros analizó después el déficit, que ascenderá a un total de 550.000 millones de pesetas, afirmando que no es posible ir más allá, dadas las dificultades de financiación. Estas, junto a la necesidad de estimular la actividad mediante la inversión pública, han llevado al Gobierno a incrementar la imposición indirecta por un total de 140.000 millones de pesetas. El ministro aseguró que con ello nuestra estructura tributaría se acomoda a la media de la Comunidad Económica Europea, y el equilibrio resultante entre impuestos directos e indirectos es altamente progresivo.

Finalmente, el ministro añadió que una parte importante del incremento de tributación indirecta se basa en el encarecimiento de consumos nocivos (tabaco y juego) y que esta medida es mucho más justa, fiscal y socialmente, que la elevación del más progresivo de los impuestos directos.