El plan de Ponferrada

El pasado día 1 de noviembre, EL PAIS se hacía eco de una sentencia de la Audiencia de Valladolid que ordenaba al Ayuntamiento de Ponferrada la apertura de una investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas llevadas a cabo por la anterior Corporación. Como concejal que fui de Ponferrada en la época en que se redactó el plan de Urbanismo y posible afectado deso hacer algunas puntualizaciones:

1. Está por ver que sean 820 los denunciantes, ya: que, al parecer, entre ellos figuran familias completas y empresarios, junto a sus empleados. Esto pone en duda el pretendido carácter público de la acción, pues para ello debería no estar motivada por intereses particulares. Pronto se sabrá cuántos son los denunciantes y los lazos -familiares, de amistad y laborales- que les unen. A lo mejor, los expedientes no se inician por falta de denunciantes.

2. La sentencia tan solo pone en duda la concesión de veintinueve licencias, ya que estima correcta las otras veintiséis denuncias.

3. Niego que los denunciantes se hayan visto perjudicados por las veintinueve licencias. En realidad, se trata de una operación más para echar abajo el Plan de Urbanismo, que afecta negativamente a los grandes propietarios, que son los verdaderos denunciantes. Baste decir que los que capitanean la oposición al plan tienen unos intereses cifrados en cerca de 20.000 millones de pesetas. Se trata, en realidad, de hundir un plan que fija menores alturas, cargas de zonas verdes, equipamientos viales, de los que está tan falta esta ciudad.

4. Las veintinueve licencias en duda están en suelo urbano y nada tienen que ver con los terrenos de los pequeños propietarios y emigrantes situado; en zonas rústicas (urbanizables y no urbanizables). La referencia a los emigrantes fue otra percha para colgar los grandes intereses. Invocan a los emigrantes los que) amas se habían preocupado de ellos.

5. Ponferrada es una de las ciudades que se destacan por su deteriorado urbanismo, como puede comprobar cualquiera que pase por aquí. En 1975, unas cuantas personas, al amparo de la nueva ley del Suelo, intentamos corregir la situación. Se opusieron los egoístas de siempre (10.000 millones), a los que se unieron, ahí estuvo la sor presa, la pseudoizquierda (¿sabrán esto González y Carrillo?), más la comparsería de UCD (¿lo sabrán Suárez y Martín Villa?), y se dijo que una Corporación franquista, antidemocrática, no podía hacer un plan democrático. Lo que no se dice ahora son los atropellos que se están cometiendo con el plan y las casi doscientas infracciones cometidas desde 1979. ¡Sería cómico que pasase algo por veintinueve licencias y nada por los cientos de infracciones actuales! /