Ineficacia, impunidad y burocracia

Quizá sean estos días de esperanza. Parece ser que a la presidencia del Tribunal Supremo han llegado aires nuevos, dispuestos a cambios esenciales.El que esto escribe está sufriendo, como muchos otros, las «injusticias de la justicia». Ya de antes fue considerado «rebelde» (auxilio a la rebelión). Eran las secuelas de nuestra triste guerra civil. Pasión, intransigencias, muertos en ambos bandos.

Pasaron casi cuarenta años. Y justamente instados por la Corona en un rey que aspira a serlo de todos los españoles, se promulga un decreto ley con fecha 6 de marzo de 1978 y destinado a «superar las consecuencias que se derivaron de la pasada contienda».

Casi afectaba a la media España vencida. Antiguos combatientes, viudas, huérfanos. Algunos «vencedores» (¿de qué?) manipularon su contenido aun antes de que apareciera en el Boletín Oficial. Alguno de sus artículos sufrieron una alteración de redacción que dejó puerta abierta para que ellos mismos impusieran una interpretación arbitraria y lesiva.

Montañas de expedientes se volcaron sobre las diferentes oficinas. Y sucedió lo preparado y esperado por ellos. Algunos altos departamentos de la justicia castrense cercenaron los beneficios que la Corona quiso hacer magnánimos.

Y dio lugar a reclamaciones, primero, expedientes de revisión, seguidamente, y recursos por vía contencioso-administrativa. después. Por dos veces, una en primera resolución y otra desestimando la revisión, las autoridades antes aludidas denegaron derechos.

Y así se explica que expedientes que se iniciaron inmediatamente de haber salido el decreto en el año 1978 estén sin resolverse en la actualidad, habiendo tenido que lleoar al Tribunal Supremo, como decimos, en vía contenciosa.

Este tribunal empieza lentamente a emitir sentencias. Y ya en al,,unas de las resueltas dice así: «El Consejo Superior de Justicia Militar ha incurrido en infracción del ordenamiento jurídico (...) Declara nulos los acuerdos del mismo y condena a la Administración a señalar los haberes pasivos del actor», etcétera.

Mientras tanto, muchos de los militares afectados, de más de setenta años, han fallecido sin haber podido saborear esta ley de justicia, que ahora reconoce el Supremo.

Cuesta trabajo explicarse cómo la justicia castrense ha podido reincidir en la negativa de unos derechos contra aquella ley de paz, de convivencia y de justicia.

Existe una burocracia en las oficinas estatales que está actuando con tal lentitud que retrasa la terminación de los expedientes. Se dice que hay mucho trabajo y falta de personal. Pueril disculpa, cuando tanto parado hay. No se sabe hasta dónde llega la ineficacia y hasta dónde la impunidad.

Sólo nos queda la esperanza en los nuevos aires y modos del nuevo recién presidente!/