360 niños de Alcalá de Henares sin clase, por decisión de los propietarios de un colegio
Los 360 niños que, hasta el viernes pasado, asistían a clase al colegio Valle-Incián, en Alcalá de Henares, pueden quedarse en la calle a partir del lunes próximo si se lleva a cabo la orden de cierre del mismo, dada por sus nuevos dueños, los herederos de Juan José Carrascosa, fallecido el pasado mes de octubre.
En el colegio Valle-Inclán, que está subvencionado al ciento por ciento, se impartían clases de las dos etapas de enseñanza general básica, así como dos cursos de enseñanza preescolar. Del funcionamiento del colegio se encargaban dieciocho trabajadores.Tanto los trabajadores del colegio como los padres de los alumnos recibieron esta semana una extensa nota de la dirección del centro en la que se les comunicaba que los coherederos del mismo consideran que éste se trataba de una empresa individual y que el testamento del difunto Carrascosa, su padre, no incluía ninguna disposición que les obligue a continuar con él.
En virtud de ese punto de vista empresarial, los dos hijos de Juan José Carrascosa, María Pilar y Francisco, comunican a los padres y a los profesores que «es decisión nuestra no continuar las actividades de la empresa Valle-Inclán» a partir de mañana, lunes. Paralelamente, ordenan a los trabajadores del colegio que retiren los efectos personales que pudieran tener en el mismo, «ya que va a ser cerrado al público».
Inmediatamente después de ser conocida la decisión de los herederos, tanto los profesores como los padres iniciaron gestiones encaminadas a evitar su cierre definitivo.
Después de una reunión mantenida ayer por la mañana en el Ayuntamiento, se consiguió que el Gobierno civil autorizara una orden por la que el lunes el colegio debe estar abierto, para que los niños no se queden de improviso en la calle, pero esto no prejuzga en absoluto el resultado final de las negociaciones. Los herederos no pudieron ser localizados, por lo que si el colegio se encuentra cerrado habrá que forzar la puerta de entrada.
Sin embargo, la actual legislación parece amparar a los herederos del colegio en su decisión, si bien el ministerio quedaría obligado a escolarizar a todos los niños que ahora quedaran sin clase. Por otra parte, sería factible la creación de una comisión gestora que, al margen de la propiedad, se encargara de asegurar la continuación de las actividades escolares, si bien esta solución debería alcanzarse con la colaboración directa de los herederos.
