Los incompatibles

DEJANDO AL margen las consabidas discrepancias entre las promesas electorales y su cumplimiento, e incluso la adecuación de los comportamientos públicos a la ética política, no parece de buen tono, en el terreno más modesto de la autoestima personal, que los diputados centristas, amenazados algunos en su peculio por el artículo 15 de la ley de Presupuestos, hayan guillotinado la propuesta gubernamental de impedir el desempeño de varios cargos públicos por una misma persona.Para esta misión, el Grupo Parlamentario de UCD ha establecido una temporal alianza con Coalición Democrática, que se lo debe estar pasando en grande con esa dosificación de la zanahoria y el palo que está prodigando en la Comisión de Presupuestos. Pues, para sorpresa de propios y extraños, la izquierda parlamentaria, derrotada en la cuestión de las incompatibilidades por el pacto entre centristas y fraguistas, ha secundado con enorme entusiasmo otra enmienda de Alfonso Osorio, de contenido claramente inflacionista, para aumentar los ingresos de los funcionarios públicoi. Que esta alianza impía de socialistas y comunistas coa Coalición Democrática haya sido coreada por la izquierda parlamentaria por lo que implica de derrota para el Gobierno es una buena muestra del grado de ofuscacio5n al que la oposición puede llegar en sus enconos. Porque resulta que los compañeros de viaje de esa excursión inflacionista o demagógica contra el proyecto gubernamental son los mismos que pactan con los sectores más conservadores del grupo centrista el funeral del régimen de incompatibilidades.

La justificación dada por los diputados centristas para votar contra un proyecto apadrinado por el Gobierno de su propio Partido se compone de verdades a medias, que, por lo general, suelen funcionar en la práctica como falsedades enteras. Nadie pone en duda que puedan darse casos concretos -en su rnayoría relacionados con la asistencia sanitaria- y situaciones excepcionales en los que el régimen de incompatibilidades tenga que aplicarse gradualmente y con cautela. Tampoco sería lógico cerrarse a la posibilidad de que determinadas tareas sean parcialmente compatibles -tanto o más por el trabajo que por los ingresos- con etras funciones públicas, como ya sucede con las activida les docentes. Y seguramente son pocos los que desean que la irreflexión o la precipita ción en la aplicación del sistema de incompatibilidades produjera una paralización en sectores de la Administración pública todavía más catatónica que la que provoca ahora el pluriempleo ficticio de algunos profesionales del poder y miembros de los algunos cuerpos del Estado. Ahora bien, el artículo 15 de la ley de Presupuestos se prestaba a enmiendas parciales, orientadas en esa dirección, y no estaba planteado como un lo toma o lo deja.

Pero una cosa es utilizar la prudencia y la sensatez para manejar el espinoso tema de las incompatibilidades, siempre dentro del espíritu de suprimir esa plaga de despilfarro, y otra muy distinta la falacia de confundir la parte con el todo, con el maquiavélico propósito de amparar, tras las eventuales injusticias o disfunciones que pudiera producir una brusca e imprevisora aplicación del régimen de incompatibilidades a unas cuantas situaciones especiales y complejas, el espectáculo de los cargos y consejos de administración, en bancos y empresas estatales simultaneados por los profesionales del poder y la aristocracia administrativa del pais.

La contrariedad que para el Gobierno ha supuesto la sonora bofetada propinada por su propio grupo parlamentario en la mejilla del Ministro de Hacienda le ha movido, sin duda, a preparar, aprisa y corriendo, un nuevo proyecto de ley sobre incompatibilidades. Pero esa sociedad de amigos de los ingresos públicos múltiples que podría aspirar a presidir Miguel Herrero, portavoz del Grupo Centrista, ha conseguido, por lo pronto, ganar un tiempo precioso y acumular fuerzas para lograr que, dentro de unos meses, el nuevo proyecto sea de tal forma recortado que no sirva para su propósito original. Por lo pronto, el Gobierno ya parece conceder que los consejos de administración de bancos y empresas públicas, que son acumulables, no entren en el sistema de incompatibilída des.

Los argumentos ad hominen ni son elegantes ni ayudan, por lo general, a la clarificación de los asuntos públicos. Pero, cuando los componentes individuales ocupan un lugar central en. el drama resulta imposible omitir, por desagradable que sea, las alusiones personales. Así, es más bien descortés para los contribuyentes que el portavoz centrista, Miguel Herrero, trate de lograr popularidad dentro de UCD apadrinando de alguna manera ingresos públicos múltiples, de los que él mismo se beneficia como diputado, concejal, letrado del Consejo de Estado, consejero de Renfe y consejero del Banco Exterior. Si la nueva frontera de Miguel Herrero consiste en congregar a los diputados centristas para que defiendan beneficios materiales y prebendas corporativas, con grave perjuicio para el funcionamiento eficiente y barato de la Adminístracíón pública y el buen nombre de los representantes de la soberanía popular, es de temer que nos aguarden nuevos y lamentables episodios -en la ley del Divorcio o en la ley de Autonomía Universitaria, por ejemplo- de confusión entre los intereses sectoriales, de grupo o institucionales y el interés público general.