El director de la Seguridad del Estado, contra la disminución de plantillas

El director de la Seguridad del Estado, Francisco Laina, compareció ayer ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar a preguntas de la oposición sobre los proyectos de inversión de este organismo. Al plantearle el diputado Gregorio Peces-Barba la conveniencia de invertir más en vehículos blindados, Laina manifestó que no siempre éstos son buena solución, porque su uso puede aminorar la lógica tensión que deben mantener los servidores del orden, creyéndose a salvo de atentados, cuando estos vehículos siguen siendo vulnerables.Laina afirmó, no obstante, que una de las mayores preocupaciones de la Direccición es que los servicios del País Vasco tengan el mejor material posible, e informó que dentro de los 3.400 millones de pesetas previstos para motorización se dedican 1.127 al Cuerpo General de Policía; 800, a la Policía Nacional, y 1.400, a la Guardia Civil. En cuanto a comunicaciones reconoció que hay zonas donde los servicios son insuficientes, e incluso puestos fronterizos que ni siquiera tienen teléfono. Se tiene previsto invertir 1.197 millones, con los, que se espera cubrir las carencias en 1981.

El director de la Seguridad del Estado se mostró contrario, en principio, a la pretensión socialista de disminuir plantillas para derivar presupuestos hacia inversiones en material, argumentando que la sociedad dernanda constantemente servicios nuevos, aunque precisó que las plantillas se reducirán en función de las vacantes medias que se producen por año.

En la misma sesión compareció el director general de Carreteras, Juan Bautista Diamante, quien dijo que hay que actuar prontamente sobre la red de carreteras Redia, cuyos firmes están llegando al final de su vida técnica. Los 15.000 millones previstos para conservación de carreteras en 1981 son casi suficientes, aunque el óptimo sería de 18.000 a 22.000. No obstante, Diamante observó que el problema principal es el déficit acumulado de años anteriores.

Supuestas irregularidades en la Confederación del Tajo

También informaron el director general de Obras Hidráulicas, Juan Ruiz, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Francisco López Fuentes. El diputado socialista Francisco Ramos preguntó a éste por supuestas irregularidades en el organismo que preside, y concretamente señaló que tiene noticias de que existen cuentas bancarias no fiscalizadas, cobros de porcentajes ¡legales a contratistas, altos cargos de la Confederación con hasta seis o siete puestos, dietas improcedentes y hasta alguna falsificación de la firma del pagador.López Fuentes se mostró sorprendido por estas acusaciones, y dijo que si el diputado estaba dispuesto a hacerlas por escrito realizaría la investigación oportuna para llegar hasta el final de la verdad. No obstante adelantó que de los datos que se disponen sobre la revisión de cuentas de las últimas secciones incorporadas a la Confederación no se desprende por ahora ninguna irregularidad. El diputado socialista estuvo de acuerdo en poner por escrito su denuncia.

Asimismo comparecieron ayer tarde el director general de Acción Territorial y Urbanismo, Luis Enríquez de Salamanca, y el director general de Arquitectura y de la Vivienda, Antonio Vallejo.

La decisión sobre el futuro avión de combate del Ejército español -programa conocido con las siglas FACA- todavía no ha sido adoptada, y por ello no es posible precisar si el coste del mismo ascenderá a 200.000, 400.000 o 600.000 millones de pesetas, manifestó el general Alvaro de la Calle, secretario general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, ante la Comisión de Presupuestos.

El general De la Calle, que compareció en sustitución de los jefes del Alto Estado Mayor de Tierra, Mar y Aire, que habían sido citados a la comisión, indicó que todavía no se había elegido el modelo de avión ni el número de unidades a adquirir. Dio a entender que había alguna oferta más que las del F-16 y F-18 en estudio.

El alto militar dijo que para 1981 correspondían, de lo presupuestado para Defensa, 337.000 millones de pesetas, 154.000 millones para gastos materiales (46%) y 183.000 millones para personal (54%). Anunció que se había llegado a un acuerdo entre Defensa y el INI sobre la industria militar, que se plasmaría en un contrato por veinticinco años, y que las fábricas directamente dependientes del Ejército pasarían a encuadrarse en la compañía de armamento Santa Bárbara.

Dinero insuficiente para Exteriores

A continuación compareció en la comisión el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Carlos Robles Piquer, que coincidió con los socialistas en estimar la cantidad presupuestada para 1981 (12.000) millones de pesetas) insuficiente para llevar a cabo los objetivos de la política exterior española López de Aguirrebengoa, director general de Política para Africa, explicó a continuación que la cooperación con Guinea había sido atí pica, porque no estaba contemplada en los presupuestos de 1980, pero iba a normalizarse en los del añc próximo.El director de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galabís, manifestó también la insuficiencia del presupuesto para las actividades de su departamento en 1981. Dijo que la últiria cifra de recursos correspondiente al miércoles pasado, situaban 18.797 la población reclusa española. Esta cifra significa un incremento del 40% de recursos en los once meses que van transcurridos le 1980. Resaltó la falta de personal («en una galería de Carabanchel hay tres funcionarios para quinientos reclusos») y las dificultades para adquirir terrenos donde construir centros penitenciarios.

El presidente del Patronato de Protección de Menores explicó a continuación que en estos momentos hay bajo su protección 21.600 niños 13.200 en régimen de reformatorio y reinserción), de los que cincuenta o sesenta son considerados casos extremadamente difíciles).

Luis Cortés, secretario general de Información, que acudió en sustitución de la secretaria de Estado Rosa Posada, explicó los criterlos de distribución de las distintas partidas presupuestadas para ayuda a la Prensa, pero no desveló, alegando falta de datos en aquel momento, a qué medios informativos había ido la ayuda presupuesta da en 1980.