Fincas docentes

Los aproximadamente 45.000 alumnos y 5.000 trabajadores que componen el importante complejo escolar de los centros de enseñanzas integradas (antiguas universidades laborales) se desayunan una buena mañana con la noticia de que el Consejo de Ministros acordó suprimir el organismo autónomo del Ministerio de Educación al que venían perteneciendo hasta el día anterior.Argumentada esta medida en el contexto de la proclamada austeridad del Gobierno, dispuesto a ahorrar gasto público a todo trance, no se ha explicado, no obstante, por qué no se han suprimido otros organismos autónomos dependientes del mismo departamento ministerial, cuyo aparato estructural mucho más simple tal vez hubiera hecho más aconsejable esta decisión.

Naturalmente, el decreto de supresión contiene la habitual cautela en estos casos, que asegura el respeto a los «derechos adquiridos». Cautela que poco contribuye a tranquilizar los ánimos conturbados por la noticia, porque todos los afectados no pueden olvidar que sólo ha transcurrido un año desde que otra buena mañana se les sorprendiera con la noticia de que habían sido transferidos de la dependencia del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social a la del departamento de Educación mediante la constitución del organismo autónomo que ahora se suprime. Conviene advertir de inmediato que la consolidación de dicho organismo autónomo no llegó a producirse a pesar de todo el tiempo transcurrido desde su creación.

Tampoco puede olvidarse que estos centros ya habían sido transferidos anteriormente desde el Ministerio de Trabajo al de Sanidad y Seguridad Social, y que, en aquel interregno, un determinado titular de Trabajo, debido sin duda a la escasa duración de su mandato, no pudo recuperarlos para su departamento, tal y como proyectaba.

Continuo peregrinaje administrativo

Tal vez sea lo de menos ahora conocer lo que piensan de todo esto tanto los alumnos y sus familias como los trabajadores afectados, para quienes acaso cada una de estas cambiantes situaciones, incluida la última, pueden hasta suponer a la larga una mejora de su estado.

Lo que llama la atención es el hecho mismo de este continuo peregrinaje, decretado desde «allá arriba», desde ese extraño olimpo que parece constituir tantas veces la cúspide administrativa, donde cada cual da la impresión de actuar siempre como el dueño de la finca.

El reciente conflicto dialéctico entre el Ministerio de Universidades e Investigación y la junta de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid podría servir de ejemplo de este sorprendente sentido patrimonial que algunos tienen de la enseñanza.

Estatutos y legislación obsoletos

Una junta de gobierno, constituida desde los presupuestos de unos estatutos y una legislación universitaria absolutamente obsoletos, acusa al Ministerio de injerirse en asuntos que no le competen y de esgrimir una legislación «también obsoleta» para suspender un acuerdo adoptado por el máximo órgano de gobierno de una universidad, que un buen día decide que cualquier mañana puede echar el cierre a todos los centros del distrito, sin contar, obviamente, con la opinión de sus 100.000 alumnos y de la mayor parte de su profesorado.

Se invoca además el derecho constitucional a la autonomía universitaria para adoptar la peregrina decisión de cerrar todos los centros de un servicio público, aunque se preste para ello la noble intención de evitar males mayores, como hubiera podido ser la extensión de una huelga secundada por un indeterminado porcentaje del profesorado numerario, que constituye, dicho sea de paso, una mínima parte de la plantilla docente efectiva de cada universidad.

No deja de ser irónica esta invocación del derecho a la autonomía, cuando se recuerda, por ejemplo, la célebre cuestión de los catedráticos de nombramiento directo. Una parte del consejo de rectores demostró entonces tener un muy peculiar concepto de la autonomía de todas y cada una de las universidades, al aceptar como un hecho normal el que unas puedan negar a las otras el derecho a proponer al Gobierno el nombramiento directo de unos determinados candidatos.

Es muy antigua, por otra parte, la constante denuncia de los estudiantes y de muchos de sus profesores sobre el también singular concepto de autonomía de que suelen hacer gala los dueños de esas inefables fincas docentes que constituyen a veces los departamentos de nuestras facultades universitarias.

«Las comunidades tienen problemas; las universidades, departamentos», dicen, con indudable buen humor, los expertos universitarios de una organización tan seria y respetable como la OCDE en un documento preparatorio de la próxima conferencia sobre la enseñanza universitaria en la década de los ochenta, cuya celebración está prevista para el próximo año.

Pero esta concepción patrimonial de la enseñanza no se agota con los ejemplos citados. Sería interesante recordar aquí el talante de propietarios de la escuela con que vienen actuando en algunos centros escolares del Estado los dirigentes de ciertas asociaciones de padres. Aprovechando la lamentable e indiferente ausencia de la mayoría, estos supuestos representantes de los padres de toda la escuela llevan su legítimo derecho a participar en la gestión de los centros a extremos absolutamente inadmisibles para los claustros.

Claro que, al otro lado de la finca escolar, están aquellos profesores que entienden que el derecho de los padres a participar se agota en ocasionales actitudes de solidaridad con motivo de alguna huelga reivindicativa del profesorado.

El increíble trato que dan algunos estudiantes universitarios a las instalaciones y edificios, a los que se supone acudieron arrastrados por una irresistible vocación intelectual, puede ser otro ejemplo, y el lamentable aspecto de las instalaciones universitarias de este país es el mejor exponente de que también entre los estudiantes hay quien piensa que la universidad es «su finca».

Tal vez por todo ello no resulte demasiado gratuita la afirmación que se hace en uno de los primeros artículos del proyecto de ley de Autonomía Universitaria: « La Universidad, por su papel decisivo para impulsar el progreso, la igualdad y la promoción social, está al servicio de toda la comunidad y no sólo de quienes en un momento determinado pertenecen a ella, utilizan sus servicios o participan en su actividad».

Una definición tan obvia debería constituir un insulto para los ciudadanos de cualquier país civilizado.