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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El debate de los Presupuestos

EL TELEGRAMA de llamada general cursado ayer por Miguel Herrero de Miñón a los parlamentarios de UCD, convocándolos a una reunión urgente, carece de desperdicio y cuando menos es altamente elogiable por su sinceridad: «Tratamiento incompatibilidades en ley de Presupuestos es cuestión susceptible de afectar gravemente situación profesional y económica diputados».Es de suponer que los representantes del partido del Gobierno acudieron ayer masivamente al Parlamento ante la directa apelación del -portavoz de su grupo al bolsillo de sus señorías. En un momento en que la lucha contra el paro es -obviamente- uno de los objetivos prioritarios del Gobierno y la sociedad entera, resulta ilustrativo este gesto insolidario de unos parlamentarios renuentes a terminar con los dobles y los triples cargos en la función pública. Así, una de las mejores iniciativas del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, puede verse retrasada indefinidamente o seriamente condicionada.

Tampoco resulta muy edificante que los diputados del Gobierno, tan preocupados por la paga, traten de hurtar a la opinión pública la importancia del debate presupuestario que hoy comienza en la comisión correspondiente a base de despacharlo con la mayor urgencia. La discusión de esta ley es en las democracias un auténtico debate Sobre la censura o la confianza de los Gobiernos; máxime cuando sobre los presupuestos acumula la oposición numerosas quejas de fondo a la gestión global del Gabinete. Ventilar por apremia de fechas los Presupuestos del Estado para presentarlos al próximo pleno del Congreso es una irreverencia y desluce el logro del señor Añoveros de adelantar el debate presupuestario.

Por otra parte, entre las características seculares de nuestros presupuestos destacan con notable inercia la opacidad a la hora de interpretar el gasto, y su desproporcionalidad con respecto a la situación económica del momento. Ante la crisis actual no trata el Gobierno de matar gorriones a cañonazos, sino más bien de cazar elefantes con tirachinas. El presupuesto de 1981, por su concepción, podría haber sido el mismo correspondiente a un año de expansión económica, con la única diferencia del menor déficit.

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El volumen de transferencias -que ronda la mitad de los ingresos- se ha disparado, con lo que no queda dinero del Estado suficiente para satisfacer la demanda de servicios públicos. Si, por el contrario, se recortan las transferencias entonces se hundirían muchas empresas: he ahí una de ¡as encrucijadas actuales del Gobierno

Hacienda, no obstante, ha realizado un elogiable esfuerzo en la confección de un presupuesto llamado «por programas», y «de base cero», aplicable a un determinado porcentaje de gasto de algunos departamentos ministeriales. Pero el paso del presupuesto tradicional al presupuesto «por programas» es prácticamente imposible si al tiempo no varía sensiblemente toda la organización burocrática y administrativa del Estado.

La concepción del Presupuesto para 1981 permite, por otra parte, al Ejecutivo seguir dificultando la información sobre el destino final que se da al dinero de los contribuyente. «El Presupuesto», decía el hacendista austríaco Gold Scheid, «es el esqueleto del Estado, desprovisto de ideologías». Todos los Gobiernos tratan habitualmente de ocultar lo más posible de ese esqueleto a sus ciudadanos para rendir así menos cuentas y tener las manos más libres a la hora de las nuevas prioridades o variación de objetivos. Pero en nuestro caso la ocultación es excesiva porque no hay presupuesto de objetivos. Especificar lo que va a gastar tal o cual ministerio no sirve apenas si no se acompaña un compromiso más explícito de objetivos que indique cuántas y cuáles carreteras piensa hacer el Gobierno en 1981, o cuántas camas desea poner en sus hospitales, de modo que podamos conocer el grado de cumplimiento de las promesas que el Gobierno hace a todo el país desde los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

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