La construcción de un puerto deportivo levanta una gran polémica en Alicante

La construcción de un puerto deportivo por parte de una sociedad privada en la playa de la Albufereta de Alicante, la más contaminada, ha levantado una polémica de gran resonancia en la opinión pública, que tiene como principales protagonistas al alcalde de la ciudad, partidos políticos -salvo UCD-, asociaciones vecinales y comunidades de propietarios, por un lado, y, por otro, al gobernador civil de la provincia y a la empresa concesionaria de la obra.

La polémica crece al mismo ritmo que el espigón que ya es visible, pese a la prohibición del Ayuntamiento y a la vigilancia de la Policía Municipal. La empresa concesionaria entiende que está perfectamente facultada para la construcción del puerto por acuerdo del Consejo de Ministros, y el gobernador civil de la provincia respalda esta interpretación, ya que estima que el Ayuntamiento no es competente en materia de puertos.El Ayuntamiento de Alicante, que cuenta con mayoría de izquierda, recurrió contra la concesión otorgada por el Consejo de Ministros, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta. La empresa esperó a finales del verano para comunicar al Ayuntamiento por escrito que el día 2 de octubre tenía previsto comenzar las obras, momento en el que comienza toda una batalla legal.

El Ayuntamiento prohíbe, en un acuerdo unánime de la permanente -luego UCD se desengancharía-, el comienzo de las obras. La empresa remite un escrito de manifestaciones al Consejo del País Valenciano y al Gobierno Civil, en el que solicita la suspensión del acuerdo municipal. El Consejo no responde, pero el gobernador civil suspende el acuerdo del Ayuntamiento.

Pese a ello, la Policía Municipal impide el comienzo de las obras y el alcalde dicta otro edicto. La empresa recurre de nuevo al Consejo del País Valenciano y, después de levantar acta notarial, los carniones comienzan a descargar material en el agua. El Ayuntamiento presenta una denuncia en el juzgado contra la empresa por desobediencia. Los representantes de la concesionaria no dudan en ¡admitir el posible delito de desobediencia, pero, según un portavoz, «el ciudadano puede desobedecer una orden que puede ser calificada como ilegítima y arbitraria».

La contaminación alta registrada en la playa de la Albufereta es una de las cuestiones en las que se apoyan los; oponentes a la construcción del puerto, por entender que la situación va a empeorar. Al parecer, la concesionaria estaría dispuesta a construir 3.000 metros de emisarios submarinos para corregir la contaminación.

También alega el Ayuntamiento de Alicante razones urbanísticas, ya que en el plan general de la ciudad no se contempla la pos, bilidad de construir ningún complejo deportivo-residencial en la zona.

El promotor de este proyecto fue el empresario suizo, nacionalizado español, Carlos Pradel, a quien se debe la construcción de numerosas torres de apartamentos en la Albufereta. Su desaparición de Alicante, en 1977, causó gran conmoción en medios financieros y empresariales. Pradel regresó recientemente y depositó en la Audiencia una importante cantidad de dinero para hacer frente a sus supuestas responsabilidades.