El PSOE es partidario de negociar los precios agrarios

El PSOE es partidario de institucionalizar las negociaciones de precios agrarios, según propugna el borrador de programa-marco de política agraria, actualmente sometido a posibles revisiones del comité político del partido y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los técnicos socialistas propugnan en él la equiparación de rentas campo-ciudad, aplicación de la política fiscal a las explotaciones agrarias, un plan de jubilación a los mayores de sesenta años (80.000 en cuatro años) para contener el paro y rejuvenecer el campo, así como la formación de cooperativas y explotaciones colectivas. En definitiva, el rejuvenecimiento del campo -como garantía de continuidad- y la erradicación del valor especulativo que la tierra ha tenido.

En un apartado introductorio, el documento socialista recuerda que la crisis económica ha atrapado a la agricultura española en unas estructuras de producción obsoletas y arcaicas, tanto en sectores como en regiones, con el agravante de la crisis del petróleo, que ha marcado la dependencia de los input; y todo ello, en el marco de un fracaso de la política de la derecha en el campo. «Este fracaso», dice el documento, «puede medirse por la incapacidad para establecer el mercado libre que propugna, o la competitividad y productividad empresarial que permitiera afrontar la crisis desde una perspectiva occidental de país altamente industrializado».Ante el hecho demostrado de que el campo es uno de los sectores que más está pagando la actual crisis económica, el PSOE articula el conjunto de medidas que propugna en varias consideraciones básicas: que no sólo el medio rural está discriminado, sino que existen en él desigualdades internas, que exigen una política selectiva (en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución); que en una sociedad democrática sólo es posible una política agraria que cuente con el diálogo institucionalizado con los agricultores; y que cualquier expectativa de transformación agraria exige una mejor utilización de los medios humanos y materiales de la Administración pública.

En definitiva, el programa agrario socialista tiene carácter sectorial «y debe considerarse», dice el texto, «como desarrollo de las directrices básicas contenidas en la Estrategia económica socialista».

Como objetivo fundamental, el programa socialista pretende planificar la acción pública y orientar la privada, para que el modelo de agricultura resultante permita un nivel de rentas similar al del medio urbano (impulsando el crecimiento de las rentas más deprimidas, hasta conseguir una renta mínima para todos los agricultores).

Propugna el PSOE una acción de transformación de estructuras agrarias que elimine una incorrecta utilización de la tierra, para lo cual se debe tender a un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y a la promoción de tecnología propia; «la agricultura española debe atender los requerimientos alimenticios y de materias primas de origen agrícola de la sociedad española, sin que esto deba confundirse», dice el borrador, «con una política de autoabastecimiento a cualquier coste».

"No" a la actual política de precios

Los socialistas rechazan la política de precios seguida durante los últimos quince años, con la que se ha pretendido garantizar las rentas de los agricultores, porque resulta indiscriminada (grandes beneficios en algunas explotaciones, mientras en otras no se alcanza un nivel mínimo de ingresos) y porque la Administración la utiliza como el arma fundamental para su política antiinflacionista.En este sentido, el programa del PSOE se muestra a favor de una política de precios de garantía que evite grandes oscilaciones en los precios por la variabilidad de las cosechas y que oriente las producciones. Y propugna también la institucionalización de los precios agrarios negociados, en vista de la madurez mostrada por las organizaciones agrarias en las de 1978 y 1979 «En una sociedad democrática» asegura el escrito, «las medidas políticas deben contar con el apoyo de los interesados y en cualquier caso la Administración posee elementos suficientes para no transigir ante reivindicaciones insolidarias». La fijación de precios debe hacerse antes de que finalice cada año.

Aseguran los socialistas que amparándose en la situación del campo, la política de apoyo a la agricultura ha enriquecido a muchos de los grandes propietarios Por ello, «sería de justicia extender el régimen fiscal a la actividad agraria, salvando aquel nivel de rentas inferior, que permita la supervivencia y el estímulo a la explotación familiar».

Y con el fin de ayudar a que los grupos menos favorecidos equilibren sus rentas, el PSOE propone mayor eficacia en el régimen de seguros agrarios (para garantizar los ingresos del agricultor en caso de pérdida de cosechas), unas medidas complementarias en la fijación de precios (en apoyo a los grupos de agricultura familiar o cooperativa), el fomento de la agricultura de grupo y el de transformación integral de explotaciones defientes o poco rentables.

Necesidad de un seguro de desempleo

Tal vez una de las recriminaciones más claras del PSOE a la política del Gobierno es que todavía el medio agrario no cuenta con un seguro de desempleo (el régimen especial agrario no contempla esta prestación), aun cuando el campo supone una tercera parte de la población activa del país. En su opinión es necesario implantarlo, progresivamente y en una modalidad especial, dadas las características de este colectivo.Igualmente, consideran los socialistas que es urgente y prioritario realizar un censo fiable de parados agrícolas y «revisar el actual sistema de empleo comunitario, que, hasta ahora, se ha caracterizado por su utilización caciquil y política, por la falta de clarificación en los procedimientos y por la descoordinación entre las distintas fuentes de financiación».

Se hacen eco los socialistas de la aspiración generalizada del sector a la reforma de la Seguridad Social Agraria, sobre todo en lo relativo al sistema de cotización por jornadas teóricas. El rechazo a este sistema se basa en que los pequeños agricultores, trabajadores por cuenta propia, cotizan doblemente: como trabajadores y como empresarios, como pago teórico a una utilización de mano de obra asalariada, cuyo empleo no se produce.

Mejorar la vida en el campo

Apuesta el PSOE por la mejora del nivel de vida en el campo. Las condiciones de vida de las familias campesinas no está sólo condicionada por sus bajos ingresos o desigualdades de renta, sino también por un nivel de carencia de servicios básicos de todo tipo (sanitarios, educativos, recreativos ... ). Toda esta complejidad exige la promulgación de una ley básica de «desarrollo rural», que ordene las actuaciones administrativas y distribuya funciones entre las administraciones central, autonómicas y locales, con la participación de las poblaciones afectadas.La política de estructuras del PSOE se basa en la consideración de que el recurso humano es la clave del desarrollo agrario. En consecuencia, aboga por programas de apoyo al relevo generacional, facilidades para el acceso de los jóvenes a la empresa agraria, reconversión profesional de los actuales empresarios y el plan de jubilaciones mencionado, que contempla la retirada de 80.000 agricultores en los cuatro primeros años. Las tierras afectadas por esta medida pasarían, en régimen de arrendamiento a largo plazo, a agricultores jóvenes que disponen o pretenden poner en marcha una empresa agraria. En este sentido, se muestran los socialistas claramente a favor de las cooperativas, cuyo fomento exigirá un decidido apoyo crediticio.

«El PSOE no renuncia a transformar la estructura de la propiedad en aquellos casos en que se vulneren flagrantemente los principios de justicia y ética social»; se instrumentarán en este sentido acciones expropiatorias, con indemnizaciones suficientes, pero sin atentar contra el Tesoro público. Para el PSOE, es imprescindible que la tierra deje de tener un valor especulativo, por haberse convertido en el refugio más seguro del ahorro.

Finalmente, el documento del PSOE analiza distintos tipos de producciones, cuya política de ordenación debe suponer una orientación básica a los mercados agrarios, pero nunca sustituir a los mismos. La ordenación de producciones debe hacerse democráticamente y no impositivamente, y debe partir del convencimiento del agricultor sobre las necesidades de la agricultura.