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El Ayuntamiento reclama todas las competencias en materia de contaminación

Durante los próximos días, el Ayuntamiento dará a conocer una serie de medidas preparadas para el caso de que los niveles de contaminación se acerquen a una situación de emergencia, informó el concejal de Saneamiento, el socialista Manuel Mella, durante el pleno de la corporación celebrado ayer, en el que se aprobó también pedir al Gobierno que las competencias que en materia de contaminación ostenta el Gobierno Civil pasen al Ayuntamiento.Manuel Mella dijo que el bloque de medidas que actualmente prepara su delegación -y que afectarían a vehículos, industrias y calefacciones- se llegarían a aplicar en el caso de que se den distintos supuestos de peligrosidad ambiental. «Pero», añadió, «Madrid está necesitada de un plan de saneamiento ambiental, que sólo puede hacerse con todas las competencias sobre el tema en la mano».

Como ya publicó EL PAÍS el 29 de octubre, entre las propuestas que el Ayuntamiento realizará al Gobierno está la petición de reducción de los índices permitidos en SO² y en humos, tal como en su día anunció la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA). Además se pide que el alcalde sea el encargado de decidir cuándo se ha llegado a una situación de emergencia, así como las medidas que corresponda tomar en ese supuesto. Se solicitará también la mayor urgencia en la ejecución de los planes ferroviarios de cercanías y ampliación del Metropolitano, as¡ como la construcción de vías tangenciales. El paquete de peticiones se completa incluyendo un mayor seguimiento de las emisiones de humos de los automóviles, control de las industrias y de los sistemas de calefacción.

El punto fue aprobado sin oposición, aunque el concejal Carlos Alonso de Velasco (UCD) dijo que todo lo que pedía Manuel Mella ya lo estaba realizando la CIMA, y el también concejal centrista Eduardo González Velayos pidió que se empezara a redactar un plan para combatir la contaminación sonora.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de noviembre de 1980