El Gobierno polaco acepta tres reivindicaciones fundamentales de los sindicatos libres Solidaridad

Las negociaciones entre el primer ministro polaco, Jozef Pinkowski, y dirigentes de la confederación sindical independiente Solidaridad finalizaron ayer a última hora de la noche con un acuerdo dudoso. Aunque ambas delegaciones no firmaron ningún comunicado final, fuentes informadas aseguraron que se había llegado a un acuerdo de principio sobre los tres primeros puntos de los seis reivindicados por los obreros polacos. En cambio, el Gobierno sigue oponiéndose a la legalización de Solidaridad Campesina, rama agrícola de Solidaridad.

En los pasillos del palacio de Consejo de Ministros, donde se celebran las entrevistas en las que participa Lech Walesa, máximo líder de los sindicatos libres, se comentó que los tres acuerdo alcanzados eran los referentes al registro, sin modificaciones en sus estatutos, de Solidaridad, el acceso del sindicato a los medios de comunicación y las revisiones salariales suspendidas.Un portavoz del MKZ (sindicato independiente) de Gdansk declaró que la atmósfera «dura» del principio de las negociaciones sobre el tema de la legalización de Solidaridad se flexibilizó al pasar a discutir la cuestión de los medios d comunicación.

Solidaridad estuvo representada por ochenta delegados de los diversos MKZ, pero sólo seis lleva ron el peso de la negociación con Pinkowski y su equipo. El sindicato comenzó el pasado jueves el pro ceso de apelación al Tribunal Supremo, exigiendo la invalidación de la decisión del tribunal regional de Varsovia, que introdujo modificaciones en los estatutos referidas al papel dirigente del partido comunista y al derecho de huelga.

La delegación dijo a Pinkowski que daba de plazo hasta el 8 de noviembre a la alta corte polaca para pronunciarse, y que, en caso de una respuesta negativa, Solidaridad desencadenaría un movimiento de huelga el 12 de noviembre. El primer ministro respondió: «Me ponen ustedes una pistola en la sien, pero tengo que decirles que no tenemos miedo a la huelga». Sin embargo, se dice, dio su acuerdo a la fecha señalada del 8 de noviembre para el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

En lo que concierne al acceso a los medios de comunicación, Solidaridad exigió un semanario y el Gobierno concedió su acuerdo de principio. Sobre los matices de la negociación salarial no se disponía de informaciones a primeras horas de la noche de ayer.

Atmósfera cargada

Las discusiones comenzaron a las 11.10, hora de Madrid, en la sede del Consejo de Ministros, en una atmósfera cargada de dramatismo por la visita relámpago que el día anterior hicieron a Moscú el primer secretario del Partido Obrero Unificado Polaco (POUP), Stanislaw Kania, y el primer ministro, Pinkowski.

A pesar de ello, los resultados del viaje fueron juzgados como «positivos» en los medios sindicales polacos, quienes señalaron que el comunicado final no implicaba ninguna puesta en guardia ni un toque de atención sobre la ortodoxia socialista.

Leónidas Breznev expresó su «convicción» y no «esperanza», se dice, de que los obreros polacos sabrían resolver todos los problemas agudos del desarrollo económico y político a los cuales se enfrenta Polonia. Se señala que en 1968, los checoslovacos jamás escucharon palabras similares.

Respecto al resto de los puntos, la legalización de Solidaridad Campesina, rama agrícola de Solidaridad, tiene una gran importancia para los sindicalistas, después que el tribunal de Varsovia rechazase su registro oficial el pasado miércoles. Según los obreros, centenares de miles de agricultores expresaron su deseo de adherirse al nuevo sindicato, denegado por el tribunal en base a que éstos no pueden ser considerados asalariados ni patrones, y, por tanto, no pueden acceder a una organización sindical.

En relación con el aprovisionamiento de la población, los obreros insisten sistemáticamente en una mejor distribución de la carne, el azúcar y las patatas, que faltan del mercado, y solicitan la introducción de cartillas de racionamiento.

Su petición del fin de toda represión por delitos políticos evoca un pasado reciente contra las actividades de los grupos disidentes, en especial la detención de sus dirigentes, al comienzo de las huelgas, el pasado mes de agosto.