Los socialistas acusan al Gobierno de querer privatizar la Seguridad Social a través de los Presupuestos

El Gobierno propicia el camino, hacia la privatización de la Seguridad Social de forma solapada a través de los Presupuestos para 1981, según acusaron en una conferencia de Prensa miembros de la ejecutiva del PSOE. Ciriaco de Vicente, secretario federal de politica sectorial del partido, llegó a decir incluso que la política del Gobierno en este terreno «está dirigida a dinamitar la Seguridad Social».

Enrique Barón, portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos del Congreso, se refirió -al comienzo de la conferencia- a la obligatoriedad de aprobar globalmente el presupuesto de Seguridad Social y a que éste figurara en orden a los debates al final de los Presupuestos Generales del Estado. «Se trata de aprobar globalmente un volumen presupuestario similar en magnitud al de los Presupuestos Generales del Estado, y de hacerlo además casi sin tiempo para poder entrar a debatir a fondo cada una de las partidas».Los socialistas, que han enmendado a la totalidad el presupuesto de la Seguridad Social y el presupuesto del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, proponen al Gobierno, que envíe un nuevo proyecto de presupuesto en que se amplíe la información («capítulos como la recaudación o la farmacia no pueden seguirse con los datos aportados en el actual proyecto») y que se fije un volumen de ingresos reales («un año más aparecen deliberadamente infravalorados»).

Asimismo, según consta en la fundamentación de la enmienda a la totalidad y se pormenoriza en veinticinco enmiendas parciales, los socialistas pretenden que la aportación del Estado a la financiación del presupuesto de la Seguridad Social (que se fija porcentualmente) no se vea recortada por la deliberada infravaloración de ingresos; que la prestación económica por incapacidad laboral transitoria suba del 60% al 75%; que la aportación de los asegurados en el coste de los medicamentos vuelva a ser del 30%; que se incremente la inversión en establecimientos sanitarios y en su equipamiento; que la masa de pensiones se incremente en un 16%, y que se evite la reprivatización de la Seguridad Social y se fijen criterios para hacer público el funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo.

Prestaciones mínimas

Ciriaco de Vicente explicó con profusión de datos la infravaloración de ingresos presupuestados. En octubre, la infravaloración habría alcanzado, con respecto a 1980, a 81.370 millones de pesetas en recaudación y a 4.517 millones en concepto de horas extraordinarias. Para 1981 prevén los socialistas, sobre el proyecto gubernamental de presupuesto de la Seguridad Social, una infravaloración de recaudación de 58.303 millones de pesetas y de 27.885 millones en horas extraordinarias.«El Gobierno», afirmó Ciriaco de Vicente, «elabora deliberadamente un presupuesto con una pretendida falta de recursos, que no es real, para cercenar de esta forma la cobertura de prestaciones de la Seguridad Social, prestaciones que están ya a nivel de mínimos, y propiciar con ello, ante la insuficiencia del sistema para cubrir la creciente demanda asistencial, el desmantelamiento de la Seguridad Social y el acceso a la iniciativa privada. Todo ello coincide con los objetivos de la patronal de seguros».

Pablo Recio, a continuación, se refirió a los capítulos de farmacia y al Insalud. «Las cifras se han cuadrado a puñetazos», afirmó, como queda patente en la comparación del anteproyecto y el proyecto de presupuesto y en las modificaciones introducidas en los medicamentos (aumento del 11% en los precios e incremento del boleto moderador del 30% al 40%) entre la elaboración de uno y otro documentos. En el tema de la farmacia, al margen de las enmiendas ya reseñadas, los socialistas proponen también la equiparación de los parados a los pensionistas a efectos de adquisición de medicamentos.

Pablo Recio criticó también la insuficiencia de las inversiones previstas para centros abiertos (8.469 millones) y para centros cerrados (31.804), y señaló que su partido propone en las enmiendas 13.594 millones y 47.599 millones de inversión, respectivamente, para los centros mencionados. Dijo también que los conciertos, a la vista del proyecto gubernamental, tienden a favorecer a la iniciativa privada y que ha habido una fuerte reducción (del orden del 20%) en los fondos destinados a la docencia, lo que va a repercutir especialmente en la contratación de médicos internos y residentes (MIR).

José Miguel Oliva centró su intervención en el Inserso. Criticó la dispersión entre distintos organismos y ministerios de los servicios de asistencia social y «la falta de una política clara» en esta materia. «Los servicios sociales no suponen ni tan siquiera el 1% del presupuesto de la Seguridad Social y aún han sufrido reducciones con respecto al año anterior». Destacó a continuación la escasez de transferencias a las comunidades autónomas previstas en el presupuesto.

Los socialistas se refirieron también a la falta de claridad en las referencias presupuestarias a las mutuas patronales. «Hay partidas totalmente descontroladas (en algunos casos los gastos de limpieza y calefacción son siete veces superiores a los de alquiler de los edificios), figura un incremento salarial del 15% (tres puntos más que para el personal de la Seguridad Social), no quedan claros los conciertos hospitalarios y tan sólo se fijan 150.000 pesetas para divulgación de medidas preventivas de accidentes de trabajo ».