El más importante hospital de Valencia, a punto de romper con la Seguridad Social

El Hospital Provincial podría dejar de atender a los beneficiarios de la Seguridad Social a partir del 1 de noviembre si no se firma un nuevo convenio entre este organismo y la Diputación de Valencia, entidad que gestiona este centro asistencial. Meses atrás, con motivo del déficit crónico que arrastraba su tesorería por la demora en el pago de diversas deudas de la Seguridad Social al hospital y la baja cotización del precio de la cama hospitalaria, la Diputación denunció el convenio, lo que obligaba a establecer uno nuevo en tres meses, plazo que concluye el último día de octubre.Este centro, que representa un 22% de la asistencia hospitalaria de la provincia, si bien en alguna especialidad casi tiene el monopolio asistencial, se encontraba en una crítica situación económica al pagar la Seguridad Social alrededor de unas 6.000 pesetas por cama y día, precio insuficiente para cubrir los gastos reales que suponen las 650 camas disponibles en dicho hospital para los beneficiarios de la Seguridad Social.

Ante este hecho, la Diputación denunció el convenio, al tiempo que planteó una revisión de aquella cotización. Este último aspecto de la reclamación ha sido resuelto estos días por el Ministerio, que ha decidido aumentar la calificación a 7.250 pesetas por cama y día. Ello supondrá aproximadamente una mejora anual de cuatrocientos millones de pesetas.

Bajo índice de camas por habitante

«No obstante, pensamos que debemos firmar un nuevo convenio», afirmó Manuel Girona, presidente de la Diputación, a los medios informativos. «La medida de la Secretaría de Estado para la Salud mejora nuestra situación, pero no responde a nuestra denuncia del convenio». Con esta finalidad, la próxima semana tendrá lugar en Madrid una entrevista entre el Ministerio y la Corporación provincial para establecer un nuevo convenio en base a la propuesta de la Diputación, aprobada por todos los partidos con representación en la Corporación. El nuevo convenio tendría una vigencia anual, aunque prorrogable si no se denuncia por una de las partes; el número de camas se deja abierto, en función de la demanda de los asegurados, y contempla la mejora de los medios hospitalarios.La no regulación por convenio perjudicaría enormemente a la provincia, considerada por los técnicos de Sanidad como una de las últimas de todo el Estado en cuanto a número de camas hospitalarias en relación a la población.