Martín Villa, dispuesto a negociar con los alcaldes la ley de Régimen Local

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, ofreció a los alcaldes de las veinte ciudades más populosas de España una negociación sobre el proyecto de ley de Régimen Local, a cambio de retrasar hasta diciembre su envío a las Cortes. Los alcaldes, que estuvieron reunidos hasta entrada la noche el pasado lunes en Valladolid, valoraron muy positivamente el hecho de que el ministro de Administración Territorial esté de acuerdo con los planteamientos hechos en la reunión, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de dotar de más autonomía frente a la Administración central a los ayuntamientos.

En el acuerdo sobre la ley de Régimen Local, elaborado en la reunión de Valladolid, los alcaldes recuerdan que la presentación del proyecto de ley al Parlamento tenía que hacerse, según el calendario fijado, antes del 1 de noviembre. Ante la posibilidad de que este hecho no se produzca, los alcaldes piden la adopción de medidas urgentes de carácter provisional.Entre estos temas figuran: la presentación del proyecto de ley de Régimen Local en el plazo improrrogable de tres meses; que queden sin efecto mientras tanto los procedimientos de fiscalización, control y tutela sobre las coporaciones locales atribuidos a todos los organismos dependientes de la Administración central en materia de ordenanzas, presupuestos, personal, urbanismo «y aquellas otras que atenten contra la autonomía local».

«Para la validez de todos los acuerdos», añade el documento, «a que se refieren los artículos 93 y concordantes de la ley de Régimen Local de 1955, así como para la adopción de cualquiera otros acuerdos para los que se viniera exigiendo un quórum cualificado, los alcaldes solicitan que sólo sea preciso el voto favorable de la mayoría simple, con algunas excepciones en términos municipales, creación o supresión de entidades locales menores, cambio de capitalidad a nombre del municipio, desafectación de bienes de dominio y uso público y todo lo relativo a dimisiones, ceses y destituciones de alcaldes y concejales».

Martín Villa planteó una doble alternativa: presentar el proyecto de ley el 1 de noviembre sin negociar con los alcaldes o esperar al 1 de diciembre marcando fechas para la negociación.

«Debe ser el ministro quien decida», señaló Tomás Rodríguez Bolaños. «Nosotros admitimos el 1 de diciembre como mal menor. La espera implica la adopción de esas medidas urgentes que planteamos, pero nunca en la fórmula de decretos-leyes, propuesta por Martín Villa, porque no se puede hurtar al Parlamento el debate sobre la ley de Régimen Local».

El otro gran tema abordado en la reunión de alcaldes fue el relativo a cuestiones fiscales y financieras. Para solucionar el problema, esta semana podrá tener lugar una entrevista de la Comisión de Seguimiento con los ministros de Hacienda y Administración Territorial, y el 5 de noviembre, una reunión con el presidente del Gobierno, para hablar de la participación de los ayuntamientos en los Presupuestos Generales del Estado.

Peticiones económicas

El plenario de alcaldes elaboró un documento en el que se contienen numerosas peticiones en materia fiscal y financiera. Los reunidos solicitan que para 1981 el Banco de Crédito Local prevea un monto de 50.000 millones, destinados a créditos a los ayuntamientos, y que el Gobierno posibilite la presencia de representantes de las corporaciones locales en el consejo de administración de la citada entidad bancaria.También piden, que se asigne en el mercado interior de capitales un volumen de 35.000 millones para la colocación de emisiones de deuda pública municipal y que el 10% del incremento de los recursos ajenos de las cajas de ahorro se destine a la financiación de las corporaciones locales.

Asimismo se demanda la participación de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en las subvenciones de planes provinciales, y la redacción a partir de 1981 de un solo presupuesto, en el que incluirán tanto las inversiones generales como las específicas de urbanismo y liquidación de presupuestos extraordinarios.

Los alcaldes insisten en que los pagos de liquidación de deuda de 1979 se realicen antes del 31 de diciembre de 1980, solicitan 40.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado para atender las insuficiencias fiscales de los ayuntamientos (de ellos, 15.000 corresponden al déficit del transporte urbano) y que la carga financiera de esta liquidación se sufrague a partes iguales entre el Estado y las corporaciones.