Martín Villa pide al Gobierno vasco que aclare la función de las fuerzas de seguridad

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, compareció ayer ante la comisión del Congreso encargada de las cuestiones de su departamento para exponer las directrices de la política gubernamental sobre las autonomías y la administración local. Respecto al proceso autonómico reafirmó la voluntad de su partido de emplear el artículo 144 para Andalucía, y al analizar la situación de las corporaciones locales, destacó la conveniencia de ampliar en dos meses el plazo de remisión a las Cortes de la nueva ley deI Régimen Local, que expira el próximo 1 de noviembre, con el fin de consultar con partidos y ayuntamientos el proyecto.Durante su intervención, Martín Villa pidió al Gobierno vasco que especifique las funciones que, a su juicio, deben desempeñar las fuerzas de seguridad del Estado en la comunidad autónoma. Destacó que está aclaración permitirá sin duda acelerar la creación de la policia autónoma y la constitución de la Junta de Seguridad vasca.

El ministro insistió, una vez más, en que para desbloquear el proceso autonómico andaluz no hay mejor fórmula que la aplicación del artículo 144 de la Constitución. Manifestó que la propuesta gubernamental, que mereció el apoyo del PSA y la Minoría Catalana en la votación de confianza, consistiría en que la Asamblea de Parlamentarios andaluces proponga un estatuto que será estudiado en comisión mixta por la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía y la Comisión Constitucional del Congreso; una vez elaborado el texto, sería sometido a votación en las ocho provincias andaluzas, de la misma forma en que fueron plebiscitados los estatutos de Cataluña y País Vasco.

Martín Villa agregó que esta solución no es anticonstitucional y garantiza el contenido y las instituciones que enumera el artículo 151, por ello rechazó la posibilidad de modificar la ley sobre Modalidades de Referéndum. «Es un camino más difícil, de dudosa legalidad», añadió, «¿y hasta cuándo se podrían repetir referendos en Almería, en el supuesto de que fracasase allí una nueva consulta?».

El titular de Administración Territorial reiteró, ante los diputados que le reclamaban aclaraciones sobre las líneas básicas del Gobierno en materia autonómica, que la política gubernamental se basa en tres principios: solidaridad económica entre las comunidades autónomas, generalización del proceso y homogeneidad en los traspasos de competencias para garantizar la gobernabilidad del Estado. Formuló el propósito de UCD de que, con excepción de las tres nacionalidades históricas y Andalucía, los restantes territorios sigan la vía del artículo 143. En este punto subrayó la oportunidad de que los partidos lleguen a un acuerdo para evitarla proliferación de elecciones en los territorios que se acojan al artículo 143. Sugirió que estas consultas se hagan coincidir con elecciones generales.

Al examinar la situación autonómica general, reconoció que existían algunos problemas que precisan un encauzamiento, como los casos de Madrid y Segovia. Respecto a esta última provincia, automarginada de la autonomía castellano-leonesa por decisión de la UCD segoviana, aseguró que el Gobierno recurrirá a todos los mecanismos que le otorga la Constitución para resolver el contencioso. Cuando fue analizada esta cuestión, Modesto Fraile, líder de los centristas segovianos, abandonó la sesión por no permitirle el portavoz de su grupo interpelar al ministro.