Una liberalización vergonzante

EL GOBIERNO, acaba de publicar un decreto de liberalización industrial y el titular de Economía y Comercio ha anunciado su propósito de reducir la intervención administrativa en materia de precios. En un sistema económico tan controlado y reglamentado como el nuestro, cualquier medida en este sentido no puede menos de ser bien acogida. Por desgracia, el riesgo asumido por nuestras autoridades en su cautocaminar por la senda de la libertad económica ha sido mínimo. Las intervenciones de precios que desaparecen son pocas y, en muchos casos, irrelevantes. El decreto de liberalización industrial, considerablemente aguado respecto al proyecto inicial, sigue manteniendo cepos intervencionistas nada desdeñables.El sistema de regulación vigente incluye, por un lado, los precios autorizados, cuya modificación necesita el permiso previo de la Administración, y por otro, los comunicados, es decir, aquellos productos para los que funciona una modalidad de silencio administrativo. Se han eliminado del régimen de precios autorizados cuatro productos: café, cemento, autopistas de peaje y tarifas de agua para regadío. El resto, es decir, aquellos productos considerados de primera necesidad -como pan, aceite, harina, pescado congelado, vino a granel, leche, carne, fertilizantes, especialidades farmacéuticas, libros de texto, servicios públicos, etcétera-, quedan rígidamente encorsetados en el sistema de autorización previa para, cualquier modificación de precios. Pero no es la paternalista y. benevolente defensa del consumidor, sino elinantenimiento del pesado mecanismo de intervención, o, si se prefiere, la falta de decisión para introducir de un modo gradual dosis de libertad económica. Dado que la importación de carne, harina o azúcar es comercio de Estado, la defensa del consumidor asume la extraña figura del precio máximo autorizado de venta el público. Los abonos siguen en régimen de precios autorizados para garantizar cierta defensa de los costes de los agricultores, pero al tiempo se impide su libre importación. En definitiva, el mecanismo es prácticamente el mismo que el de la década de los cincuenta, y no parece que por ahora se inicie el cambio hacia un sistema equivalente al de la CEE. Una parte importante de la producción continúa así aislada de los circuitos de mercado.

El decreto de liberalización industrial establece que a partir del 1 de enero de 1981 el permiso previo del Ministerio de Industria y la prolija tramitación administrativa habrán desaparecido..., pero no para la minería, los hidrocarburos y energía, todas las industrias sometidas a planes de reconversión y las que precisen tecnología extranjera. Si la alegría dura poco en la casa del pobre, todavía dura menos en las colas de los solicitantes de permisos. Las industrias sometidas a planes de reconver sión son prácticamente muchas: automóvil, siderúrgicas, electrodomésticos, textil. El Gobierno parece más propicio a remendar los viejos descosidos que a aceptar a cuerpo limpio empresas nuevas, sobre todo teniendo en cuenta el anuncio del Ministerio de Economía y Comercio de extender los beneficios de la reestructuración a la siderurgia no integral y a los electrodomésticos.

Las expectativas creadas por el nuevo equipo económico fueron tan grandes como la urgencia de trazar una política económica que ayude a salir de este prolongado estancamiento. Pero si el proyecto de presupuestos deparó la primera decepción, la segunda la proporciona esta baibuciente liberalización, a la que sólo cabe considerar como la hoja de parra de un intervencionismo vergonzante que trata de ponerse a la altura de los tiempos, pero que no logra curarse de su adicción a los tampones de goma y a los formularios con muchas copias.