Expediente al concesionario del mercado en que aparecieron los jamones putrefactos

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su Delegación de Abastos y Mercados, ha abierto un expediente para investigar las posibles responsabilidades en que pudiera haber incurrido la empresa concesionaria del mercado de Ventas, Bami, SA, en el que se encontraron parte de los 4.450 jamones en estado de putrefacción que, destinados a la venta callejera, fueron descubiertos por la Guardia Civil a finales del mes pasado.

El expediente se basa, según informó el delegado municipal de Abastos, Eulogio Malo, en el hecho de que, presumible mente, los jamones encontrados en el mercado citado, entre 2.000 y 2.500, estaban destinados a la venta callejera, cosa no prevista en el contrato de concesión firmado entre el ayuntamiento y Bami. Los almacenes del mercado han de estar destinados, exclusivamente, a su utilización por parte de los propietarios de los puestos instalados en él, quienes se comprometen a que la mercancía almacenada habrá de ser vendida en sus tiendas respectivas.De todas maneras, la actividad podría ser considerada ilegal por dos motivos: por un lado, porque el producto, los jamones, estaban podridos; por otro, porque estaban destinados, presumiblemente, a la venta callejera, prohibida, en lo referente a productos alimenticios.

El director general de la concesionaria del mercado, Javier Gutiérrez Iribarren, declinó, ante este periódico, cualquier tipo de responsabilidad de su empresa en el tema de los jamones, «toda vez que nosotros, por el contrato suscrito con el ayuntamiento, no tenemos que ejercer ningún control sanitario ni de policía con respecto a las mercancías que se almacenen en el mercado».

El mismo señor Gutiérrez Iribarren aseguró que la misión de Bami está en mantener la limpieza y el cuidado de las instalaciones del mercado. «Nosotros tenemos alquilados los puestos a distintas personas y, con respecto a ellas, nosotros lo que tenemos que hacer es tener al corriente la administración y el estado del mercado», dijo. Pero se negó a facilitar los nombres de los propietarios de los almacenes en que aparecieron los jamones.

Funcionarios implicados

Mientras se confirmaba ayer por la mañana la posible implicación de siete funcionarios en el almacenamiento e intento de venta de jamones putrefactos, aparecía como prácticamente seguro que ninguno de ellos dependería de la Delegación de Abastos, y sí de la de Sanidad, a través de la inspección sanitaria municipal y del laboratorio.La identidad de esos siete funcionarios presumiblemente implicados en el tema era ayer por la tarde un dato que permanecía en el secreto del sumarlo. «Esta pendiente de resolución», era la respuesta habitual.

La Delegación municipal de Abastos insistía ayer por la mañana en que el mercado de Ventas, en el que fue encontrada parte de los jamones, es de propiedad municipal, pero que está adjudicado en concensión a una empresa privada, por lo que la posible responsabilidad recae, en este caso, sobre ella. Para averiguar esa responsabilidad, si es que existe, es por lo que ha sido abierto el expediente en cuestión y nombrado el correspondiente juez instructor, en la figura de un funcionario municipal. De todas maneras, la misma delegación insistía ayer en la no existencia de ningún tipo de presunción acerca de la culpabilidad de nadie; «ni funcionario ni concesionario».

En torno a las causas que hubieran podido conducir al almacenamiento de una cantidad tan grande de jamones, fuentes de la misma Delegación de Abastos, insinuaban que podría tratarse de un intento de retirar de la circulación unas piezas que no era posible vender en la calle, «habida cuenta de la gran campaña de represión de la venta ambulante que el ayuntamiento ha estado realizando en los últimos tiempos».