Fernandez Ordóñez anuncia un procedimiento judicial ágil, corto y racional para el divorcio

El tema de la obtención del divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, que se presentaba como el gran caballo de batalla entre los distintos grupos parlamentarios que están negociando en el Congreso la ley del divorcio, parece que ha quedado resuelto, en principio, con el siguiente acuerdo: Unión de Centro Democrático «reescribirá» el artículo 81 de su actual proyecto de ley (que trata de las separaciones matrimoniales por acuerdo de los conyuges) y aligerará notablemente la concesión del divorcio mediante una importante reducción de los plazos y una aceleración práctica del procedimiento judicial.

Dicho acuerdo, que en principio no era más que una hipótesis derivada del tono de la intervención del ponente centrista José Antonio Escartín, ayer, ante el Pleno del Congreso, fue confirmada posteriormente por algunos negociadores de la izquierda parlamentaria y por el propio titular de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez.Según declaró el ministro a EL PAIS, «no existe ningún inconveniente, más bien al contrario, en regular un procedimiento corto y racional del divorcio por mutuo acuerdo, por mucho que trinen los conservadores de UCD».

Los trinos a que se refería el señor Fernández Ordóñez no eran otros que los originados en la reunión ordinaria que mantuvo el grupo parlamentario centrista en la mañana de ayer. En esta reunión, que era calificada en los pasillos del Congreso como «el cirio interno de algunos cristianos de UCD», el diputado malagueño Huelín Vallejo tomó la palabra y, en tono visiblemente alterado, comentó: «Fernández Ordóñez está maniobrando sobre la ley del divorcio, y muy probablemente para decantarla hacia la izquierda. Esto no es lo que en principio se reguló en el proyecto de Iñigo Cavero. Yo exijo, pues», añadió el señor Huelín, «que el propio ministro venga aquí y nos explique lo que se trae entre manos con la ley».

El señor Fernández Ordóñez, que no asistió a esta reunión, no pareció inmutarse y reiteraba por la tarde su firme decisión de «no aceptar ninguna presión de grupos conservadores para hacer una ley que no sea racional y acorde con los nuevos tiempos y con la actual sociedad española».

En síntesis, el acuerdo mencionado trataría de «aclarar» el artículo 81, cuya actual redacción dice: «Podrá decretarse judicialmente la separación a petición de ambos cónyuges o de uno solo con el consentimiento del otro cuando exista quiebra profunda y difícil mente superable de la convivencia conyugal». La aclaración que piden los negociadores de la oposición parlamentaria de izquierdas es que se especifique en su redacción que dicha «quiebra profunda» se admitirá como tal sólo con el testimonio de los cónyuges, sin necesidad de probarla ante el juez. En principio, UCD no parece tener inconvenientes en admitir la sepa ración «fiándose» de las declaraciones de los afectados.

El otro tema, el de los plazos de espera para la obtención del divorcio, quedarían notablemente reducidos si prospera el acuerdo: un año a partir de la separación y al rededor de seis meses para que el divorcio sea una realidad. De manera que, si esta idea inicial sigue adelante, los españoles podrán divorciarse sin necesidad de buscar culpables o inocentes, en algo más de año y medio.

Una fuente de la izquierda manifestó a EL PAIS que, «aunque seguiremos batallando por el mutuo consenso como causa irrenunciable de divorcio, la verdad es que este acuerdo no está nada mal».

Esta información se originó a raíz de las enmiendas presentadas ante el Pleno por el Grupo Socialista del Congreso, sobre el decreto-ley del 29 de diciembre de 1979, que determina el procedimiento a seguir en las causas de separación matrimonial, y que fueron defendidas por el diputado Antonio Sotillo.

Antonio Sotillo pidió que se regularan las causas de separación matrimonial mientras llega el divorcio, ya que actualmente quienes deseen disolver su vínculo deben atenerse al artículo 105 del Código Civil, que establece la separación a partir de causas como el adulterio, el abandono injustificado del hogar, la inducción a la prostitución, largas condenas de cárcel y forzar al otro cónyuge a renunciar a su fe religiosa, entre otras. «Con estas causas, obsoletas e insuficientes para la sociedad actual», dijo el diputado socialista, «nos estamos encontrando con que lo tenían más fácil quienes se separaban antes del decreto por la Iglesia que los que ahora acuden obligatoriamente a los tribunales civiles».

Como alternativa, el Grupo Socialista presentaba las siguientes causas de separación: «Cuando alguno de los cónyuges esté incurso en causa legal de separación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 del Código Civil; cuando exista quiebra de la convivencia conyugal con grave perjuicio para los hijos, y, cuando exista mutuo acuerdo entre los cónyuges».

El hecho de que el ucedista José Antonio Escartín respondiera a su oponente socialista diciendo que «no era necesario modificar dicho decreto-ley porque la ley del divorcio está en puertas», sin rechazar ni citar como inadmisible e innegociable la tercera causa socialista, dio pie a pensar que no parecía haber muchas dificultades.

La enmienda fue sometida a votación y los resultados fueron de empate a 136 votos a favor y otros tantos en contra. En una segunda vuelta, la enmienda fue derrotada por una diferencia de nueve votos.