CC OO defiende para los trabajadores una salida progresista a la crisis económica actual
Concienciar a los trabajadores de que es posible una salida progresista de la crisis es la idea básica que animará la estrategia de CC OO, que ayer inauguró en Madrid su segunda conferencia sindical, con participación de trescientos militantes, ante la próxima negociación colectiva.Comisiones Obreras se inclina, en el capítulo de la negociación colectiva, por paliar, primero, y evitar, después, los efectos más graves de la crisis sobre la clase obrera y participar en la negociación de las transformaciones socieconómicas que posibiliten la posición de la economía española en la nueva distribución internacional del trabajo.
Respecto a las medidas tendentes a paliar los efectos del paro, y según se puso de manifiesto ayer en la conferencia sindical, CC OO propone un tratamiento adecuado de la reestructuración sectorial, reducción de la jornada de trabajo (35 horas semanales), control de las horas extras y el pluriempleo y jubilaciones anticipadas.
La jubilación a los 64 años en vez de a los 65 costará en 1981, según un documento interno de CC OO, un total de 27.615 millones de pesetas y supondrá la rescisión de 33.606 contratos de trabajo. El citado documento se refiere también a posibles jubilaciones a los 63 años, lo que supondrá 5.500 jubilados adicionales a partir de los dos años, y un coste también adicional de 16.290 millones de pesetas sobre los referidos 27.615 millones.
Comisiones Obreras rechaza el programa del Gobierno de aumentar los recursos del Tesoro a través del aumento de los impuestos indirectos para financiar un plan de empleo. Para la central comunista, el Fondo Nacional de Empleo debe estar dotado con 150.000 millones de pesetas para 198 1. La forma de llegar a esa cifra, según CC OO, es la siguiente: 60.000 millones provenientes de un impuesto especial para el empleo de características idénticas al del IRPF; 30.000 millones procedentes de una disminución de las exenciones fiscales en el impuesto sobre sociedades, y 60.000 millones aportados por el Estado.
