Siete funcionarios municipales, implicados en la venta de jamones putrefactos

Siete funcionarios del Ayuntamiento de Madrid parecen estar implicados en la venta fraudulenta de 4.450 jamones putrefactos que la Guardia Civil localizó y requisó en dos locales del mercado de Ventas y en otro de la calle de Antonio Lancha, en el barrio de Carabanchel. Según las primeras informaciones, los jamones requisados estaban destinados a la venta ambulante y a su comercialización en bocadillos ante las puertas de los estadios de fútbol, en las verbenas y en puestos callejeros. Los funcionarios municipales serían acusados por el hecho de haber prestado su firma para «asegurar» el buen estado de los jamones. Hoy, sábado, o el próximo lunes, la Guardia Civil facilitará los nombres de los mismos.

Ante la gravedad del caso y las consecuencias sanitarias que puedan haberse derivado de la venta de jamones en la misma situación que los requisados por la Guardia Civil, el Ayuntamiento madrileño anunció ayer, por boca del primer teniente alcalde, Ramón Tamames, que se ha abierto una investigación para determinar la «posible implicación o negligencia de cualquier funcionario». En la misma nota, leída al final de la comisión permanente celebrada ayer, se recuerda que, por una acción semejante, la Delegación de Sanidad abrió expedientes recientemente a tres funcionarios del Laboratorio Municipal de Higiene. El concejal se refería a los casos de los profesores José Luis San Miguel Plo, Nicéforo Porres y José Luis Gardón Gutiérrez. Este último, también secretario del Colegio de Veterinarios e inspector sanitario de Pescanova, ha sido suspendido preventivamente de empleo y sueldo (véase EL PAIS de ayer).Según distintas versiones recabadas por este periódico, los 4.450 jamones y paletillas proceden de distintas localidades en las que, por sus malas condiciones sanitarias, han sido rechazados y su venta ha sido prohibida. El negocio consiste en su distribución posterior entre los vendedores ambulantes y en los puestecillos callejeros de bocadillos en los que el kilo de jamón putrefacto se estaba vendiendo a unas trescientas pesetas. En este caso, la mercancía parece que contaba con los correspondientes certificados municipales de sanidad.

Sin embargo, el Grupo de Servicios Especiales de la Dirección General de la Guardia Civil tuvo indicios del oscuro negocio y, tras avisar al ayuntamiento y requerir nuevos análisis e informes técnicos, averiguó que toda la mercancía estaba totalmente putrefacta. Como responsables apare" con los siete funcionarios mencionados y otra serie de personas cuya identidad no ha sido facilitada porque, al parecer, la Guardia Civil aún no ha dado por terminada la operación. Esta podría concluir con la detención de las personas directamente implicadas, según aseguraban ayer algunos concejales, quienes explicaron que no se podía informar a la opinión pública sobre la identidad de los autores del fraude porque el tema sigue bajo la tutela de la Guardia Civil y este cuerpo posee toda la documentación sobre el tema, incluidas las guías sanitarias de la mercancía, por las que se puede averiguar quiénes fueron los funcionarios que comprometieron su firma para asegurar el buen estado de los jamones.

Respecto al número de jamones que se hayan podido vender antes de que la Guardia Civil requisara estos 4.450, no hay ninguna respuesta exacta porque, tal como explicaron en el ayuntamiento, es difícil de responder, por tratarse de una venta fraudulenta e incontrolada, aunque esta práctica se ha venido realizando desde hace tiempo, como lo prueba el expediente a los tres funcionarios que ayer publicaba EL PAIS. En ese caso, denunciado durante el mes de julio, los jamones requisados en el matadero municipal fueron 38, y también se desconoce el número de piezas que se había comercializado hasta ese momento, distribuidas por distintos puntos de Madrid por medio de la venta ambulante.

Los responsables de la Delegación de Abastos guardaron ayer silencio total sobre la identidad de las personas que tienen la concesión de los locales del mercado municipal de Ventas, ya que éstas aparecen como presuntos responsables de la distribución y venta de los jamones en mal estado.

Al final de la sesión de la comisión permanente de ayer, después de que Ramón Tamames hiciera público el caso, los concejales portavoces de los tres grupos con representación municipal aprovecharon para felicitar a la Guardia Civil y para pedir los castigos más severos para los responsables. Hoy, sábado, o el próximo lunes, se sabrá la relación de todos los implicados, según anunciaron ayer tanto en el ayuntamiento como en la Guardia Civil.