Anesco impugna el acuerdo de Coordinadora de Estibadores, CC OO y consignatarias
La patronal portuaria Anesco ha dirigido al ministro de Trabajo, Pérez Miyares, un escrito de impugnación de la reciente resolución de la Dirección General de Trabajo, por la que se homológa, mediante la oportuna publicación en el BOE, el texto del acuerdo laboral suscrito por la Coordinadora de Estibadores, CC OO y un grupo de empresas consignatarias.
El citado escrito solicita del ministro Pérez Miyares la anulación de la resolución de la Dirección General de Trabajo, por considerar que su contenido responde, cuando menos, a una incorrecta interpretación de la legalidad laboral vigente. De hecho, en la misma resolución se reconoce la ausencia de eficacia general en el pacto homologado, y no obstante, se le da el mismo tratamiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores para los convenios que sí tienen eficacia general.
Supuesta mala fe en la actuación de los funcionarios
No se descarta, entre las consideraciones de la patronal consignataria, el que los funcionarios responsables de la citada resolución de la Dirección General de Trabajo hayan actuado de mala fe, en cuyo caso estarían incursos en el delito tipificado por el artículo 358 del Código Penal, según el cual, «el funcionario público que, a sábiendas, dictare resolución injusta en asunto administrativo incurrirá en la pena de inhabilitación especial».Esta consideración de Anesco se basa en el hecho de que en reiteradas ocasiones se informó al ministro de Trabajo de la inconveniencia, por ilegal, de proceder a la homologación del pacto ahora recurrido.
En opinión de Anesco, la homologación del referido pacto podría responder al interés de determinado sector del Ministerio de Trabajo por mantener una estructura laboral obsoleta, como es la OTP, organismo para cuya reestructuración se requeriría, de aplicarse el pacto laboral generalizado con su publicación en el BOE, la participación de una comisión tripartita formada por la comisión paritaria que crea dicho pacto, además de una representación de dicho organismo.
El escrito de Anesco al ministro de Trabajo solicita también la apertura de un expediente informativo para comprobar la buena o mala fe de los funcionarios responsables de la resolución de la Dirección General de Trabajo.
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