Piratería política

NADIE PUEDE reprochar al Gobierno español imprudencia en el tratamiento de los actos de piratería del Frente Polisario, iniciados con el secuestro de los tripulantes del Galgomar a finales del pasado mayo. Aun sin dar su reconocimiento de derecho a la República Arabe Saharaui Democrática, que es la contrapartida exigida para la liberación de los marineros, nuestras autoridades han tratado de buscar cauces para una solución pacífica de un incidente del que son inocentes víctimas ciudadanos españoles, tomados como rehenes en una guerra en la que nuestro país ni es beligerante ni tiene por qué serlo.Nuestro Gobierno considera indenunciables los acuerdos de Madrid, aunque sin duda no por eso dejan de ser discutibles, y hay que tener en cuenta que fueron arrancados a un débil poder estatal durante la agonía de Franco, y basa precisamente en su texto la decisión de permanecer fuera del embrollo norteafricano. El propósito del Gobierno español de mantener en lo posible la equidistancia de las partes en conflicto ha inspirado incluso actos como el reconocimiento del Frente Polisario por Unión de Centro Democrático, la audiencia oficial que el anterior ministro de Asuntos Exteriores concedió al ministro de Información de la RASD días antes del apresamiento del Galgomar y la reciente declaración de Pérez-Llorca insistiendo en que España, aun declarándose potencia no administradora de nuestra antigua colonia, pide la autodeterminación del pueblo saharaui. De otro lado, los partidos de la oposición parlamentaria española apoyan, dentro y fuera de nuestro país, la lucha del Frente Polisario y su pretensión -nada utópica y digna de atención- de reconocimiento internacional de la RASD.

Sin embargo, es inevitable que tanto Marruecos, por un lado, como Argelia y el Frente Polisario, por otro, traten de modificar, en su favor, nuestra postura de no beligerancia y pongan los medios para alcanzar ese objetivo. De la dosificación de prudencia y energía, de inteligencia política y habilidad diplomática depende que la política exterior española -entendida como política de Estado- salga indemne de esas emboscadas, provocaciones y trampas. Las amenazas y presiones alternativas de Rabat y Argel han tensado en ocasiones las relaciones con España casi hasta el borde de la ruptura, sin que las aguas llegaran nunca a desbordarse. El apresamiento por el Polisario del Galgomar, primero, y del Cabo Juby II, después, con el secuestro de quince marineros, tampoco dio lugar a represalias en la costa sahariana ni a la adopción de medidas contra los saharauis residentes en nuestro territorio.

El secuestro, en la madrugada del lunes, del Costa de Terranova y del Sarita, con la toma de veinticinco tripulantes como rehenes, plantea ahora una serie de interrogantes de difícil respuesta. ¿Qué se propone el Frente Polisario? ¿Piensa que el Gobierno español puede asistir impasible al apresamiento de pesqueros y al secuestro de ciudadanos? ¿Cree que la única contestación posible es acceder a las exigencias de reconocimiento de la RASD? ¿Confla en que el apoyo o la simpatía que prestan a la causa saharaui los partidos de la izquierda parlamentaria y otros sectores de la vida española le asegura la impunidad? ¿Apuesta por la división entre los españoles en cuestiones de política internacional?

El Gobierno se encuentra ante un difícil desafío, cuyo desenlace nos concierne a todos por igual. Unos pueden descalificar su prudencia como falta de decisión para dar protección a los marineros españoles. Y otros podrían tachar de aventurerismo y de comportamiento neocolonialista la adopción de esas medidas enérgicas que algunos sectores de la opinión reclaman. Precisamente porque una salida airosa de ese dilema va en interés de todos, y no sólo del Gobierno, las fuerzas de la oposición parlamentaria que piden el reconocimiento de la RASD tienen la grave responsabilidad histórica de contribuir a resolver el problema. Con cuarenta compatriotas tomados como rehenes en una guerra en la que nuestro país no es beligerante -aunque mantenga responsabilidades históricas, fruto de la torpeza en la política africana de Franco y Carrero Blanco-, Gobierno y oposición deben renunciar a enfoques partidistas y buscar una posición común para liberar a los secuestrados y hacer imposibles nuevos actos de piratería del Frente Polisario contra los españoles. Socialistas y comunistas deberían condicionar su apoyo político y moral al Frente Polisario a la liberación de los marineros secuestrados. Se puede defender la teoría del reconocimiento por España de la RASD, pese a los graves peligros que implicaría esa decisión para nuestro alejamiento de conflictos en el Magreb, territorio en el que España no ha cosechado mas que desastres y que tan destacado papel jugó en el desencadenamiento de nuestra guerra civil. Pero no parece justificable que las fuerzas políticas españolas alineadas en esa postura sigan manteniéndola si el Frente Polisario continúa adoptando una actitud beligerante y convierte en mercancía humana para negociaciones diplomáticas a marineros y pescadores españoles, secuestrados y tomados como rehenes mientras realizan su trabajo.