Los militares y la política

NUNCA SE sabe hasta qué punto las declaraciones o las conferencias de Prensa de un ministro obedecen a un plan meditado y comprometen al Gobierno o simplemente registran las opiniones personales del titular de una cartera, mudables en función del humor o del momento.Así, las opiniones expresadas por el ministro de Defensa en Vitoria (véase EL PAIS del jueves) no se sabe si pueden ser tomadas como una píldora concentrada del pensamiento gubernamental o como una efusión de emociones puramente personales. Pero la omisión en la declaración política presentada al Congreso de los diputados la pasada semana de las cuestiones relacionadas con la lucha antiterrorista y la ausencia de interpelaciones por parte de la oposición en torno a la discutida proposición de ley para igualar a los ex oficiales de la extinguida UMD con los beneficiarios de la ley de amnistía promulgada en octubre de 1977 han creado un vacío informativo que hace que las palabras de Rodríguez Sahagún resuenen ahora con mayor fuerza.

El ministro de Defensa manifestó en Vitoria su creencia -que compartimos- en la inefectividad de la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Esa tesis, cuya generalidad debe ser reconducida a la situación específica del País Vasco, no hace, en verdad, más que abundar en declaraciones anteriores del presidente del Gobierno, y, más recientemente, del delegado del Gobierno en el País Vasco. Igualmente, las atinadas observaciones de Agustín Rodríguez Sahagún sobre el envilecimiento de quienes, en la derecha o la izquierda, pretenden sacar partido de las fechorías terroristas o muestran su.cobardía moral al no condenarlo de forma decidida o no colaborar a su erradicación pertenecen al patrimonio de la opinión pública democrática. Sin embargo, la alusión a la aplicación de los mecanismos previstos en la Constitución para una eventual intervención militar, que no son otros que los artículos referidos a los estados de alarma, de excepción y de sitio, por lo demás todavía no regulados por la correspondiente ley orgánica, produce el natural sobresalto a que da lugar el escuchar por primera vez en boca ministerial que ese acontecimiento, aunque improbable, no es imposible. No creemos que ni el momento ni el lugar elegido para evocar esa eventualidad hayan sido acertados. La situación del País Vasco atravesó en el pasado por circunstancias más dificiles que las actuales -se mire por donde se mire-, fundamentalmente por la ausencia de perspectivas de solución política, y resulta algo incongruente que sea precisamente ahora cuando un ministro del Gobierno saque del arsenal de los remedios utilizables nada menos que la posible intervención de las Fuerzas Armadas, aunque se matice que sería en el marco de la legalidad constitucional.

Finalmente, el resuelto pronunciamiento de Rodríguez Sahagún contra la proposición de ley, firmada por el grupo parlamentario del partido del Gobierno, para el reingreso en el Ejército de los ex oficiales de la disuelta Unión Militar Democrática pone de relieve las divergencias dentro de la propia UCI) a propósito de este delicado conflicto. A la opinión pública le será difícil entender cómo una medida propuesta por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados -y que, por ende, razonablemente tiene que ser aprobada, antes o después- puede ser contemplada de manera crítica por el poder ejecutivo, que emana del propio Congreso. Las dificultades, sin duda considerables y dignas de atención que la propia, ley suscita, pues parece que genera resistencias en el seno de las propias Fuerzas Armadas, no deben valer en ningún caso para modificar la regla básica de que el poder militar debe estar en una democracia sometido al poder político, expresión de la soberanía popular.