Encierro de alcaldes para pedir la redistribución de los arbitrios

Los concejales de los municipios de Santa Lucía y Agüimes, en Gran Canaria, se han encerrado en asamblea permanente en los respectivos ayuntamientos para pedir que la carta municipal sea modificada y los municipios más pobres reciban más medios económicos del dinero que recauda la Junta Interprovincial de Arbitrios de Canarias (JIAC). Esta recaudación constituye, en la actualidad, el único medio con que cuentan los citados municipios para hacer frente a los problemas.En diez municipios de la provincia de Las Palmas existe malestar desde hace años por la irracionalidad con que se distribuyen estos fondos, ya que se ajustan a la po blación de derecho que tenían en 1960, hace ahora veinte años. No obstante, durante este tiempo, el crecimiento de la población ha su puesto, en algunos municipios, problemas en todos los órdenes -viviendas, urbanismo, sanidad, servicios- y ha hecho necesaria la fijación de unos criterios nuevos para la distribución de los fondos recaudados por la Junta de Arbitrios.

Para el alcalde de Santa Lucía, Carmelo Ramírez, se están manteniendo en este problema «los criterios de UCD y de ahí que no se estén potenciando los ayuntamientos de la izquierda». El alcalde anunció que la oposición del Cabildo Insular de Gran Canaria, formada por PSOE, UPC y asamblea de vecinos, presentará en el próximo pleno una moción exigiendo que sea el Cabildo el que modifique la carta municipal.

No obstante, el presidente ucedista del Cabildo, Fernando Giménez, señaló que ellos no podían modificar la carta, sino que tenía que hacerlo la asamblea de alcaldes. Precisarriente los municipios más necesitados de la reforma de la distribución del dinero de la JIAC no tienen alcalde de CCI). Entre ellos están Telde, Santa Lucía, San Bartolomé o Galdar.

Por otra parte, los concejales encerrados hicieron, público un manifiesto donde exigen la revisión de la carta municipal, en base a la población de derecho de cada municipio. También piden que no disminuyan los ingresos actuales por carta municipal que recibe cada ayuntamiento, por los desequilibrios graves que se producirían en sus presupuestos.