Casi la mitad de los funcionarios de Herrera ha sido trasladada voluntariamente a otras prisiones

La plantilla de funcionarios de la cárcel de régimen cerrado de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) ha quedado reducida a algo más de la mitad durante los últimos meses. Así, de los 106 funcionarios que integraban el equipo con que se inauguró el pasado año el penal considerado el más seguro de todo el Estado, quedan actualmente 67, al haber sido trasladados voluntariamente los restantes y no haber sido cubiertos todavía sus puestos.

Este traslado masivo ha causado extrañeza en medios jurídicos y penitenciarios, y el propio director de Herrera, Santiago Martínez Motos, ha señalado a EL PAIS que se trata, efectivamente, de una cifra muy superior a lo que es habitual en las cárceles, al tiempo que manifestaba: «Yo no he solicitado el cambio, pero reconozco que en cualquier otra prisión estaríamos mejor que aquí».Las circunstancias que han originado el éxodo de unos funcionarios «especialmente seleccionados» para este puesto por el ex director general de Instituciones Penitenciarias Carlos García Valdés son de índole diversa.

Por un lado, ha influido notablemente la investigación judicial que sobre el centro se está realizando a raíz de la querella presentada, en noviembre pasado, por 36 abogados madrileños contra veintiún funcionarios, por presuntos malos tratos y torturas a los presos. De hecho, cinco de los funcionarios denunciados se encuentran actualmente en los penales de Teruel, Ocaña, El Puerto de Santa María y Carabanchel. La acusación que pesa sobre estos funcionarios puede haber sido el motivo de su alejamiento, especialmente tras la solicitud del fiscal de Manzanares para que el juez dictase auto de procesamiento contra seis de ellos, al considerar que «existían indicios racionales de criminalidad» en su comportamiento hacia los presos.

De otra parte, se han producido casos como el del funcionario Juan Herranz, que tuvo que pedir el traslado ante lo que él considera boicoteo a que fue sometido tras declarar ante el juez su convencimiento de que en Herrera se estaba maltratando a los reclusos. «A partir de ese momento», cuenta el señor Herranz, «muchos de mis compañeros me retiraron el saludo y en dos ocasiones me abollaron y rayaron el coche. Tampoco era una cárcel en la que me dejasen desarrollarme como funcionario,pues profesional mente me marginaron a tareas inferiores». En otra ocasión, señala Juan Herranz que las mujeres de otros funcionarios le insultaron y le llamaron «traidor».Para Marlo Gómez y Carlos García Villarroel, ahora destinados también en Carabanchel, la causa fue «una incompatibilidad profe.sional clarísima». «En Herrera», recordaron, «se fomenta única y exclusivamente la vigilancia y el control de los presos, en detrimento de las nuevas teorías de trato los presos, como son la educación y la revitalización social. No estábamos de acuerdo con el método que se aplicaba a los presos, ni con el físico ni con el psicológico. De todas maneras», añaden, «no nos fuimos sólo porque en Herrera se pegase a los internos, sino porque no nos dejaban aplicar la labor profesional tal y como nosotros la entendemos. Se utilizaban técnicas demasiado expeditivas».

Un lugar inhóspito

Asimismo existen otros factores que han influido de manera decisiva a la hora de solicitar el traslado voluntario a otras prisiones, o a la hora de rechazar Herrera como punto de destino por parte de las nuevas promociones de funcionarios que periódicamente terminan su preparación en la escuela profesional. «Ninguno de los funcionarios jóvenes quiere venir aquí», señala el director de Herrera, «porque esta es una cárcel situada en un lugar muy inhóspito, donde no hay diversiones cercanas ni poblaciones importantes en los alrededores. Además, hay que tener en cuenta que los internos de aquí son peligrosísimos y ello, unido a que no cobramos ninguna cantidad adicional por peligrosidad, origina que nos estemos quedando casi solos».Para el director de Herrera, la querella que pesa sobre la cárcel por las posibles torturas no es causa del éxodo, porque él opina que todo esto son calumnias. «Mentiras de algunos abogados, de algunos funcionarios resentidos porque se les había aplicado el reglamento y versiones muy crudas de lo que es Herrera por parte de la Prensa. Las verdaderas razones son las que yo le digo: que esta es una zona muy inhóspita, que los presos son peligrosísimos, sobre todo los de ETA y los grapo, y que los salarios no se corresponden con la función realizada. Lo demás, son calumnias».

El tema de los salarios a que se refirió Martínez Motos fue corroborado por algunos ex funcionarios, que aseguraron haber cobrado en Herrera prácticamente lo mismo que en otras cárceles (alrededor de 60.000 pesetas mensuales) por un trabajo más duro, y que ello influyó en su marcha.

Lo de las presuntas calumnias es un punto, en cambio, que está pendiente de sentencia judicial, sentencia que probablemente se retrasará aún varios meses, porque la audiencia devolvió el sumario al juzgado de Manzanares por considerarlo incompleto.

El sumario incoado por las posibles torturas en Herrera de la Mancha ha sido, a juicio de los abogados querellantes, una verdadera carrera de obstáculos, pese a haber sido el pionero en el ejercicio de la acción popular en España.

Desde que el verano pasado, a la vuelta de las vacaciones, abogados de distintos despachos de Madrid encontraron sobre sus mesas cartas de presos y familiares, alertando que en Herrera «estaba pasando algo raro», hasta hoy, en que el juez Eduardo Hijas está practicando nuevas pruebas para completar el sumario que le devolvió la audiencia, los 36 abo-ados que interpusieron querella han tenido que paaar tres millones de pesetas de, f-lanza para poder ejercitar la acción popular (cifra que en su día fue considerada como desorbitada en medios judiciales; sortear numerosas visicitudes para comunicarse con los presos; recibir extrañas declaraciones de sus defendidos donde aseguraban recibir un trato correcto, cuando en todos los contactos anteriores habían dicho lo contrario; demostrar, de alguna manera, que nada tenían que ver con la GAPEL (brazo armado de COPEL), aquella vez en que unas detenciones les relacionaron oficialmente con esta organización ya desaparecida, y presentar recurso tras recurso para que cambiaran al juez, procesaran a los funcionarios querellados y se practicara una serie de pruebas durante el sumario.

La sentencia final aclarará el espinoso tema de Herrera de la Mancha y, como dijo en su día el actual titular de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, «será entonces cuando se actuará contra los funcionarios culpables, si los hubiere, o se presentará una querella de esta dirección general contra los abogados, por calumnias e injurias, si los funcionarios resultaran inocentes».

Circulares reservadas

A raíz de las limitaciones y supuestas coacciones que los abogados declararon haber sufrido en Herrera para comunicar con los presos, se presentó una nueva querella, y el juez Hijas incoó el correspondiente sumario. Durante la declaración tomada al director Santiago Martínez Motos, sobre este particular, dijo que él no había hecho sino actuar bajo las órdenes recibidas de la propia Dirección General de Prisiones, a través de una serie de circulares reservadas», hecho habitual, según añadió, entre la dirección general y los directores de las cárceles.

Sin embargo, el juez Hijas ha solicitado al Ministerio de Justicia que le sean remitidas tales notas reservadas pues, en principio, ninguna orden de instancias superiores podría dificultar el derecho de los presos a comunicar con los letrados.

Uno de los abogados denunciantes, Gonzalo Martínez Fresneda, declaró a EL PAIS que «resultaría muy lamentable que este derecho amparado por la ley hubiera sido recortado por la interpretación su objetiva del señor Galavís, que es Ingeniero electromecánico, y de las instrucciones secretas remitidas por él».