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El Ayuntamiento de Usúrbil apoya la negativa de su alcalde a pagar el "impuesto revolucionario"

El pleno del Ayuntamiento de Usúrbil (Guipúzcoa) aprobó el jueves por la noche, por mayoría, una moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la que se condena la amenaza de muerte de que ha sido objeto el alcalde, Andrés Bruño, por parte de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, si no abonaba en un plazo determinado dos millones de pesetas en concepto de impuesto revolucionario.

La moción presentada por los nacionalistas, además de solidarizarse con el alcalde, proponía que el ayuntamiento asumiera como propia su negativa a pagar y a abandonar sus actividades normales, «aun a sabiendas de los riesgos que ello supone». También se afirma en el texto que la corporación no permitirá actuaciones de este tipo en su comunidad y, en todo caso, usará los medios a su alcance para que no resulten impunes.El texto presentado por el PNV resultó aprobado por mayoría gracias al apoyo de Euskadiko Ezkerra y del partido mayoritario, a excepción del alcalde que se ausentó de la sala, abarrotada de público, en el momento de la votación. Los cinco concejales de Herri Lan -próximos a Herri Batasuna- se abstuvieron, indicando que no veían justificación para amenazas como la recibida por eI alcalde y que la misiva no parece ser más que un anónimo, que debe ser recibido con escepticismo.

El alcalde, Andrés Bruño, tomó después la palabra y, conteniendo visiblemente la emoción, anunció que seguirá en su cargo municipal hasta que el partido al que pertenece le indique lo contrario. Bruño se dirigió a los autores de la carta de extorsión, de quienes dijo que podrían encontrarse en la sala en aquellos momentos, para preguntarles qué responsabilidad tienen su mujer o sus ocho hijos, que también han sido amenazados.

El alcalde descartó el dinero como móvil principal de las amenazas, y se refirió a la construcción de un puente, que ha suscitado amplia polémica en la localidad, como origen de la situación en que se encuentra, subrayando que no puede paralizar las obras porque son legales.

El puente al que hizo referencia el alcalde de Usúrbil, situado sobre el río Oria, comunicará unos terrenos que la oposición municipal considera objeto de una amplia operación especulativa.

Adquiridos por algo más de cien pesetas el metro cuadrado, los terrenos, en la vega de Aguinaga, han sido enajenados posteriormente a un precio muy superior, con la condición de que se construya el puente, lo que permitiría levantar más tarde un polígono industrial, al margen de los planes de ordenación, según sospechan sus detractores.

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Sin embargo, la licencia de construcción otorgada por la anterior corporación es legal, de acuerdo con un dictamen que solicitó el ayuntamiento del catedrático experto en Derecho Administrativo García de Enterría.

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