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CARTAS AL DIRECTOR

Morir con "los papeles"

En EL PAÍS de 28 de agosto apareció una carta firmada por Lázaro Movilla, en la que manifiesta su protesta debido a la lentitud con que se están tramitando los expedientes de pensiones a familiares de fallecidos en la pasada guerra civil.Dice el señor Movilla que la causa de que existan expedientes parados es «que están pendientes de recibir el certificado de defunción, requisito imprescindible para su aprobación. Certificado difícil de obtener en algunos pueblos (sobre todo, de la provincia de Badajoz), ya que los jueces no quieren darlos, alegando que no consta su defunción en el registro».

Sin duda, la acusación que el señor Movilla lanza contra los funcionarios que sirven los juzgados se debe a un desconocimiento total del tema, y así imputa al albedrío de unas personas el facilitar o no un certificado de defunción.

Si las certificaciones de defunción no se expiden, no es por esta causa, sino, sencillamente, porque, no existe inscripción relativa a la muerte de la mayoría de los republ ¡canos. fallecidos en la guerra civil. Las causas son obvias y la solución es el tortuoso camino de los «expedientes de inscripción de defunción fuera de plazo».

Las viudas, madres y huérfanas del bando «nacional», además de haber percibido, en la mayoría de los casos, pensiones derivadas de la guerra y otras prebendas (estancos, administraciones de lotería, etcétera) durante los últimos cuarenta años, a la hora de solicitar estas nuevas pensiones no han tenido ningún problema, pues las defunciones de sus familiares (tan lamentables como las demás) estaban debidamente inscritas y con la coletilla de «muerto gloriosamente por Dios y por España». En consecuencia, la tramitación de sus pensiones ha sido sencilla, rápida y sin problemas.

Por el contrario, las viudas, madres y huérfanas de los fallecidos pertenecientes al bando republicano el primer problema que han encontrado es la falta de inscripción de la defunción de su familiar, y debido a ello han debido iniciar un lento expediente, con pruebas testificales y un largo recorrido de ventanillas, despachos, minutas de abogados, además de remover recuerdos muy dolorosos. En algunos casos, al juez competente no le parece suficientemente acreditada la muerte y han de iniciar otro tipo de expediente: el de declaración de fallecimiento. Mientras tanto, pasa el tiempo, las pensiones no llegan y muchas de estas personas mueren, debido a su avanzada edad, y sus familias piensan que mejor hubiera sido «dejar estar las cosas» y no ilusionar a unas pobres ancianas con algo que no llega y que, si llega, no ha merecido la pena remover tantos y tan tristes recuerdos, mientras que ellos, los de siempre, los de la otra España, son los elegidos./

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de septiembre de 1980