Siete funcionarios municipales fueron despedidos en un año por corrupción o negligencia

Siete funcionarios del Ayuntamiento de Madrid fueron despedidos de los empleos que ocupaban durante el primer año de gobierno municipal democrático, como consecuencia de los setenta expedientes disciplinarios que fueron abiertos. La tendencia actual de los responsables municipales pretende eliminar el pluriempleo entre los funcionarios, como fórmula para llegar a una mejor gestión administrativa.

Desde el día 19 de abril del pasado año hasta la fecha, el ayuntamiento madrileño ha resuelto setenta expedientes disciplinarios y mantiene abiertos un centenar de casos. A consecuencia de estas medidas disciplinarias, siete funcionarios han sido despedidos y 63, autores de faltas graves, han sufrido sanciones consistentes en la suspensión de empleo y sueldo durante un tiempo que va desde los tres años y un día hasta los cinco días, dependiendo de la gravedad de la falta, según han informado a EL PAÍS el presidente de la Comisión de Personal, el concejal socialista Emilio García Horcajo, y el jefe de la sección de Disciplina y Control, Enrique Mezquita. Pese a la resolución de los expedientes, los funcionarios afectados pueden presentar todavía recurso de reposición y utilizar la vía contencioso-administrativa.Los tres primeros funcionarios municipales despedidos a consecuencia -en lo que a materia disciplinaria se refiere- de la reforma administrativa emprendida por la nueva corporación fueron dos vigilantes nocturnos y un policía municipal, despedidos los tres en septiembre del pasado año.

El policía municipal Manuel Avilero, cajero de la Cuarta Agrupación, se apropió -según consta en el expediente- de 498.000 pesetas, producto de la recaudación de las multas cobradas el día 4 de mayo de 1979.

Él caso de los dos vigilantes nocturnos Marcelino Collar y Felipe Pérez Espinel -según García Horcajo, un ejemplo de lo que debiera ser la colaboración ciudadana- se basa en una apropiación indebida de dinero. El expediente señala que una señora conducía un coche Seat 600 y, al girar por una esquina, se le abrió la puerta del vehículo y se le cayó el bolso al suelo. La señora dio la vuelta y preguntó al propietario de una tienda situada frente al lugar en el que cayó el bolso «si lo había visto». Y el tendero había sido testigo de cómo los dos vigilantes nocturnos cogían el bolso, sacaban de él las 1.800 pesetas que había en el billetero y tiraron el bolso, con toda la documentación, a una papelera.

El juez instructor no consideró la exigua cantidad con que se habían quedado los vigilantes, sino que se castigó con la máxima, severidad la actuación: el incumplimiento de funciones y de deberes cívicos.

A primeros de julio de este año, el pleno de la corporación, aprobaba el despido de Jaime Hacar, perito industrial, y de Julián Armero, operario de parques y jardines. En el expediente del primero consta «que se aprovechó de su cargo para negocios particulares», la instalación de aparatos de aire acondicionado. Una de las empresas que denunció el caso, por sufrir supuestas presiones, es la Compañía Telefónica Nacional de España.

Julián Armero faltó a su puesto de trabajo durante más de un año, sin ninguna clase de justificación.

Los otros dos despidos se produjeron por las mismas causas que este último funcionario. Un ayudante del departamento de parques y jardines, Angel Lumberos Bilbao, estuvo sin trabajar desde febrero de 1978 hasta abril de 1979, sin causas justificadas y cobrando su nómina íntegra.

Por último, Luis Durán Martín, operario de limpiezas, faltó a su trabajo desde primeros de enero de 1979 hasta el día 30 de julio del mismo año. La única respuesta que dio cuando le fueron pedidas explicaciones fue que «se iba a separar de su mujer y que estaba muy nervioso».

El presidente de la comisión de personal, García Horcajo, asegura que, salvo en estos dos últimos casos, los jefes de departamento no dieron ninguna clase de informe o parte, pese a lo reiterado de las faltas. «Pienso que ellos también deben ser objeto de sanción», opina García Horcajo, «bien por encubrimiento, bien por negligencia».

En el tema concreto de las ausencias, hay expedientes abiertos -de funcionarios cuyos nombres todavía no se pueden revelar- que entran ya en la leyenda tragicómica municipal. Es el caso de un funcionario, sacerdote de una extraña religión, en cuyo apartamento apareció muerta una mujer y que lleva un año en la cárcel, a la espera de que se esclarezca el caso. Durante ese tiempo estuvo percibiendo la nómina completa sin que nadie denunciara su ausencia del puesto de trabajo. Cuando alguien le acusó de estar loco, su respuesta fue: «¿Loco yo? Locos los del ayuntamiento, que no voy a trabajar y me siguen pagando».

Otro caso es el del operario Angel García Guzmán, acusado de parricidio y absuelto por alteración de sus facultades mentales, actualmente internado en un hospital psiquiátrico. No se le ha separado del cuerpo de funcionarios para que sus tres hijas, todas menores, puedan recibir dos tercios del salario del padre.

La fácil pérdida de las pistolas

En general, los expedientes, tanto los abiertos como los ya concluidos, afectan a funcionarios de la Delegación de Saneamiento y Medio Ambiente y a la Policía Municipal, porque, como asegura García Horcajo, son las dos delegaciones, especialmente en Policía Municipal, donde la disciplina se ha aplicado con mayor rigor. «No se puede asegurar», prosigue, «que en oficinas, por ejemplo, no se cometan más irregularidades, pero aquí hay menor colaboración y control, mientras que Barrionuevo -concejal responsable de Seguridad y Policía Municipal- está actuando con todo el rigor posible».

Así, una de las faltas cometidas por la Policía Municipal que pueden llamar más la atención es la pérdida de pistolas.

En estos momentos hay seis expedientes abiertos a otros tantos policías por pérdida de armas. La falta cometida es «no conservación de material» y la sanción correspondiente que les espera está entre los cinco y veinte días de suspensión de empleo y sueldo.

García Horcajo reconoce que la sanción no está a la altura de la falta, pero que la legislación que pueden aplicar está totalmente desfasada, ya que el último reglamento de la Policía Municipal actualmente en vigor es de 1923. La de bomberos, por su parte, es de 1933.

El concejal pone como ejemplo el caso de dos policías municipales que durante las pasadas Navidades se encontraban de servicio en el mercado central. En un momento de aburrimiento decidieron entrenarse disparando sobre unas cajas. Una de las balas se incrustó en una de las casetas, y el propietario de la misma denunció el caso. La sanción consiste en veinte días de suspensión de empleo y sueldo.

Eliminar el pluriempleo y las "propinas"

Para García Horcajo, el mayor problema es el pluriempleo que practica un 40% del funcionariado y que impide un rendimiento pleno de los funcionarios. Según asegura, prácticamente la mayoría de los médicos municipales tienen otros trabajos, y se ha dado el caso de que dos funcionarios del laboratorio municipal trabajaban de cajeros en los bancos Bilbao y Central, con el consiguiente abandono de uno de los trabajos, obviamente, el municipal.

El concejal mantiene que, si se acabara con el pluriempleo, una gran parte del paro madrileño acabaría y que, en este sentido ha habido ya un acuerdo con las centrales sindicales para aclarar el tema. Ese acuerdo tendrá que pasar por un aumento de los salarios en las escalas más bajas y por una regulación del horario de trabajo -especialmente en oficinas- que impida, al menos, la presencia de un mismo funcionario en dos cargos públicos, tal como ocurre ahora.