La lucha contra el paro y la política económica, una vez mas

En la discusión que sobre las orientaciones más convenientes de la política económica en la lucha contra el paro se ha venido manteniendo en estas páginas, el último trabajo del señor Cerón Ayuso (EL PAIS del día 26-8-1980) parece aportar algunos puntos de aproximación a los criterios mantenidos por quienes, desde Coyuntura Económica, hemos criticado el programa aprobado por la CEOE. Esta impresión, al menos, me ha producido la lectura del referido trabajo, una vez despojada de sus continuados intentos de descalificar personalmente al equipo redactor de nuestra revista y también, desde luego, de sus pintorescas pero inexactas imágenes acerca de un supuesto coro de doctores en torno al enfermo representado por nuestra economía.Sin embargo, las aproximaciones -bienvenidas en todo caso- me parecen más aparentes que reales y continúan manteniéndose, además, discrepancias sustanciales entre ambas posiciones. De ahí que, dada la importancia del tema y las repercusiones futuras del mismo para nuestra política económica, desee recoger en este trabajo esas aparentes aproximaciones y las discrepancias que permanecen, en la esperanza de que nuestros pacientes lectores cuenten con elementos adicionales de juicio respecto a las mismas.

La reestructuración industrial, objetivo común

Uno de los puntos básicos de discrepancia entre la postura que defendía el programa aprobado por la CEOE y la crítica del mismo que efectuó Coyuntura Económica se situaba hasta el momento en la filosofía básica de ambos planteamientos: reactivación sin más de la economía española, apoyándose en una larga serie de «sectores de impulsión » (posición del programa aprobado por la CEOE) o ganancia previa de eficiencia en la producción pública y privada conseguida mediante la introducción de mayores dosis de libertad en el sector económico privado y -sobre todo y muy especialmente- reestructuración de las tareas del sector público (posición de Coyuntura Económica, como puede comprobarse a través de la propia revista y de mi trabajo en EL PAIS del 19-8-1980).

Precisamente es en torno a este punto donde se produce por parte del señor Cerón un primer movimiento de aproximación -quizá puramente formal, como podrá comprobarse- a las tesis sustentadas por Coyuntura Económica, aunque simultaneando ese movimiento con una cierta descalificación de quienes las hemos sustentado. Mientras que en el trabajo que venimos comentando se reconoce al fin que hay que cambiar la estructura productiva española, tesis que no se mantenía de modo explícito como fundamento del programa aprobado por la CEOE, se intenta llevar al ánimo del lector que los redactores de Coyuntura Económica pretendíamos abordar esa reestructuración frenando aún más las actividades productivas y aplicando a nuestra economía un tratamiento calificado como de choque -mayor grado de libertad en el sector privado, seguramente-, con el riesgo inmediato de acabar con el enfermo.

Me parece que este planteamiento, expuesto además con el aditamento de que quienes parece que lo propugnamos somos gente muy docta, pero carentes de la «práctica diaria», intenta confundir al lector para ocultar el hecho básico de que el programa que se elaboró bajo la presidencia del señor Cerón propugnaba sin más una reactivación a ultranza de la economía española, como si nada hubiese pasado en estos años de crisis. Es de lamentar, por otra parte, que no quede demasiado claro a qué se refiere eso de la «práctica diaria» en relación con la economía española en su conjunto, aunque sí resulte desgraciadamente harto conocido el tratamiento dialéctico del tema.

Discrepancias con el mercado, realidad reconocida

Una segunda tesis de Coyuntura Económica que parece admitirse, aunque también seguida de un intento de descalificación de las personas que la han sustentado, es la de que algunas de las medidas contenidas en el programa aprobado por la CEOE no encajan, en absoluto, en el marco de una economía de mercado. Aquí el trabajo del señor Cerón articula la defensa en un doble plano: de una parte, se mantiene que una economía de mercado supondría, entre otras cosas, el despido libre y la supresión del salario mínimo garantizado; de otra, se insiste en que quienes ahora defendemos la economía de mercado no la impulsamos en absoluto -y más bien nos opusimos a ella- cuando desempeñamos cargos públicos de responsabilidad.

Respecto a la primera de tales pretensiones, creo que resulta tan excesiva en su planteamiento que quizá no merezca discutirse demasiado: cualquier persona medianamente informada conoce suficientemente que la economía de mercado que se practica en los países occidentales más avanzados contiene desde hace mucho un amplio conjunto de razonables limitaciones y, necesarios mecanismos de compensación, entre los que también se encuentran sistemas equilibrados de Finalización de las relaciones laborales, muy distintos al despido al estilo del siglo pasado. A esa clase de economía de mercado nos referimos -a la que existe realmente en los países occidentales- y no, desde luego, a la que se nos pretende asignar tan gratuitamente.

En cuanto a la segunda de las imputaciones -me parece que referida a mi participación como subsecretario de Economía con el entonces vicepresidente del Gobierno, profesor Fuentes Quintana, en la elaboración del programa económico que fundamentó los pactos de la Moncloa-, no creo que deba responder a la misma, aunque sí manifestar que, profesionalmente, como economista, me siento orgulloso de aquella corta, pero intensa, etapa que tan explícita y positivamente ha valorado el Fondo Monetario Internacional en su reciente informe sobre nuestra economía.

Las diferencias que subsisten

Las discrepancias entre el programa aprobado por la CEOE y quienes redactamos Coyuntura Económica me parece que continúan subsistiendo en otros aspectos de más fondo que estas apreciaciones sobre aspectos personales, desafortunadamente vueltos a poner a colación por el señor Cerón en su trabajo. Tales discrepancias de fondo se encuentran situadas, si no ya en la necesidad de acometer una reestructuración de nuestra producción pública y privada -pues tal cosa parece admitirse ahora como moneda de uso corriente-, si, al menos, en el modo de acometerla.

Según el trabajo que vengo comentando, esa reestructuración ha de hacerse «manteniendo vivo al enfermo», es decir, en funcionamiento a la economía española -otra cosa, desde luego, jamás hemos propugnado los redactores de Coyuntura Económica-, y, en expresiones textuales del señor Cerón, «dándole también, al mismo tiempo, el pulso y la energía que necesitará para soportar las sucesivas operaciones». Para quien no haya seguido esta discusión, quizá resulte necesario indicar que lo del pulso y la energía parecen hacer referencia a subvenciones presupuestarias, exenciones o bonificaciones impositivas y créditos garantizados y a tipos de interés más reducidos que los vigentes en el mercado.

Es en todo este procedimiento para llevar a término la reestructuración en donde,se siguen encontrando, los puntos básicos de nuestras discrepancias con las ideas del señor Cerón. Y ello por algo tan elemental -aunque al parecer olvidado por quien se proclama próximo a la «práctica diaria» de la economía- como la evaluación del coste, de las posibilidades y de los efectos de tales procedimientos. Trataré, en consecuencia, de ofrecer algunas cifras sobre tales extremos.

Las valoraciones omitidas

Parece evidente que cualquier planteamiento respecto a la utilización de los recursos públicos, mediante subvenciones presupuestarias o exenciones y bonificaciones impositivas, ha de partir de una insoslayable realidad inicial: la situación en que se encuentra actualmente la economía del sector público. Las cifras disponibles al respecto nos indican que, mientras en 1977, el ahorro corriente de las administraciones públicas fue de 282.000 millones de pesetas y su déficit global de quinientos millones de pesetas, ourante 1980 es posible que el ahorro público corriente sea tan sólo de unos 10.000 millones de pesetas y el déficit global de casi 550.000 millones de pesetas, en términos de contabilidad nacional. En torno a estas cifras parecen coincidir, de modo más o menos aproximado, muchas estimaciones actuales, incluida la efectuada por la Asociación Española de Banca, aunque quizá la misma se reduzca algo a finales de año. Para completar el panorama, hay que añadir que tan importante déficit global es posible que se alcance, pese a un crecimiento de la inversión pública, negativo en términos reales.

Ante la situación descrita, cualquier previsión razonable de las posibilidades inversoras del sector público durante el próximo año ha de contar, en el más favorable de los casos, con el hecho de que los sueldos y salarios -aun bajo la hipótesis de la congelación total de las plantillas- crecerán al menos lo que aproximadamente crezcan los sueldos y salarios en el sector privado. Además, que los gastos en bienes y servicios, aun bajo hipótesis de congelación radical en la creación de nuevos servicios, habrán de aumentar en lo que crezcan los precios de los bienes consumidos. Por otra parte, que no sería deseable un aumento excesivo de las cotizaciones de la Seguridad Social y, finalmente, que en una economía con débil crecimiento no pueden esperarse fuertes aumentos en la recaudación impositiva.

Pues bien, si con ese panorama ante la vista -que, no se olvide, constituye en cuanto al gasto corriente un conjunto de objetivos difícilmente alcanzables- nos lanzamos a establecer reducciones impositivas y a apoyar con caudales públicos, no sólo a los sectores de impulso, sino también a todos los sectores en dificultad, cabe esperar un déficit durante 1981 que posiblemente supere en algunos cientos de miles de millones al que parece prácticamente inevitable en 1980.

La financiación del déficit

¿Es posible financiar ordenadamente cifras tales de déficit público? La respuesta, a nuestro juicio, tiene que ser negativa. En buena medida, el déficit del presente año está siendo dificultosamente financiado sobre la base de un creciente endeudamiento exterior de nuestras entidades crediticias privadas que, muy posiblemente, a finales de 1980 acaben manteniendo posiciones de endeudamiento neto frente al exterior superiores a la posición acreedora neta del Banco de España. En tales circunstancias parece difícil que pueda continuarse el proceso de endeudamiento exterior que está teniendo lugar durante este año, y la financiación de un cuantioso déficit público sólo podrá acometerse mediante la reducción de las posibilidades crediticias privadas o a través de un crecimiento muy peligroso de las disponibilidades líquidas.

Estas son, en términos muy simplificados, las cuentas que a quienes redactamos Coyuntura Económica nos han llevado a optar por una profunda reestructuración del sector público, acompañada de mayor libertad para el sector privado. No es tanto que deseemos -como mantiene el señor Cerón- que se apliquen soluciones caiga quien caiga, sino que nuestra postura se fundamenta tamb lén en el hecho de que los medios del sector público no dan para más.... y bien que a todos nos gustaría que diesen para mucho más y fuesen gratuitos. A veces, echar cuentas obliga a olvidarse de utopías, por mucho aparente ropaje «práctico» con que las mismas se pretendan encubrir.

Además pensamos que, en todo caso, la reestructuración de la producción privada ha de ser tarea del mercado más que producto de un plan o programa previamente establecido.

Planteada en términos tan simples como lo hace el programa aprobado por la CEOE, la propuesta acerca del aumento de los circuitos privilegiados de financiación, contradice, no sólo la opinión de organismos tan autorizados como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, sino que se opone también a opiniones tan cualificadas como las de la mayoría de las propias entidades crediticias.

Pero, además, parece como si al pedir circuitos privilegiados se estuviese pidiendo algo que no existiese en nuestra economía. Y hay que decir que para las cajas de ahorro, las colocaciones obligatorias de toda índole se sitúan actualmente en torno al 60% de los recursos ajenos que administran, y para la banca, en niveles próximos al 30%. Dejando aparte las diferencias de tratamiento entre unas y otras entidades crediticias, lo que demuestran estos porcentajes es que los circuitos privilegiados ya existen, que constituyen partes sustanciales de los canales de financiación de nuestra economía y que no podrán ser mantenidos a largo plazo en sus niveles actuales sin una vuelta a la intervención de los tipos de interés pasivos, al menos para muchas entidades de crédito. No parece, sin embargo, que nadie sensatamente pueda pensar en esta solución, que, por otra parte, podría sin duda constituir una aportación española original y destacada al cúmulo ya amplio de arbitrismos tercermundistas para superar -sin éxito, desde luego- la crisis económica.

La urgencia de los problemas económicos

Deseo cerrar este largo comentarío -que espero que sea el último por mi parte- insistiendo, una vez más, en la urgencia de los problemas económicos y, muy especialmente, en la gravedad del paro. Cuantos esfuerzos racionalmente planteados se lleven a término para iniciar siquiera el camino hacia su solución, merecen el apoyo de todos. Por eso, el grupo de economistas que hemos criticado, desde un punto de vista puramente técnico, el programa aprobado por la CEOE, estamos abiertos siempre a cualquier iniciativa que permita, mediante el diálogo, el intercambio de opiniones, puntos de vista y experiencias reales.