El excedente de aceite de oliva

LAS CONSECUENCIAS de la política desarrollada por las autoridades económicas respecto al aceite de oliva son, por lo menos, extravagantes. Los organismos reguladores de la órbita del Ministerio de Agricultura tienen ya almacenadas unas 250.000 toneladas, y, como la campaña que se avecina tiene los caracteres de excepcional, todo hace pensar que el nivel de existencias acumuladas sobrepasará, a comienzos del año próximo, las 400.000 toneladas. El coste financiero va a ser muy elevado e incluso habría que pensar si existirá capacidad suficiente de almacenamiento.Las razones de esta evolución se explican por el descenso del consumo interior de aceite de oliva, debido a sus elevados precios, que desaniman a los consumidores, que, por otro lado, pueden adquirir a precios relativamente algo más bajos aceites de semillas comestibles. También el consumo exterior ha descendido si se mide por el lado de nuestras exportaciones, que cada vez encuentran mayores dificultades para competir con los aceites de oliva, más baratos, de Marruecos o Túnez en los mercados europeos. Entre tanto, el FORPPA mantiene unos altos precios de garantía que, afirma, permiten mantener el nivel de vida de las familias campesinas y son un excelente incentivo para consolidar movimientos cooperativos. Por supuesto, todo está muy bien mientras haya capacidad de almacenar los excedentes y el resto de los ciudadanos continúe aceptando la subvención a los productores de aceite de oliva a costa de sus bolsillos.

Una vez se intentó la libertad de precios para el aceite de oliva y las cosas no salieron demasiado bien; pero entonces no estábamos en crisis y se pensaba que gracias, al intervencionismo todo podría arreglarse. Sin embargo, ahora quizá no haya más remedio que volver a ensayar el experimento, sin cancelarlo en cuanto aparezcan los primeros problemas. El Estado puede, por ejemplo, fijar un precio de garantía del orden de las 70 pesetas litro (actualmente, el precio de intervención está próximo a las 120 pesetas litro), que evite la ruina de los cultivadores si no encuentran posibilidades de venta, mientras se deja que productores y consumidores se las entiendan entre sí. Una pequeña parte de los grandes ahorros obtenidos por el Estado puede gastarse en promover el consumo de aceite de oliva e intentar convencer a las amas de casa y a los turistas que nos visitan para volver a aderezar las ensaladas con el mejor aceite comestible que en el mundo ha habido. Los exportadores, por su parte, tendrán un mayor margen de maniobra y las aproximadamente 80.000 toneladas anuales de exportación podrían llegar a duplicarse. Pero, por supuesto, unos precios menores estimularán el consumo y, probablemente, operarán en contra de la creciente utilización de aceites de semillas.

Los grandes perjudicados no van a ser las 200.000 familias que en buena parte viven de este cultivo, porque la política actual, con sus excedentes, año tras año, les está llevando al borde del precipicio. En el futuro no hay otro remedio que competir, mejorando los rendimientos y las calidades. Pero las innovaciones sólo progresarán si los mecanismos económicos obligan al cambio. Si es el Estado quien provee, la respuesta continuará siendo la inercia, con sus irracionales consecuencias de reducción del consumo interior, caída de las exportaciones, incremento de las importaciones de semillas y, naturalmente, mayores precios y mayores excedentes. Para empezar de modo muy modesto, el FORPPA podría comenzar, por ejemplo, tratando. de desembarazarse de parte de sus existencias, subastándolas a la baja, si así lo marca el mercado. Estos aceites tendrían como objetivo el mercado internacional, y nuestros exportadores mejorarían sus posibilidades si, además, dispusiesen de un plazo de pago de seis a doce meses al FORPPA, porque no hay que olvidar que los productores mediterráneos de la otra orilla cuentan con estas e incluso con mayores facilidades estatales. Una subasta, sobre todo, tendría la gran virtud de decirnos dónde están los precios del mercado internacional y dónde, razonablemente, deben situarse los precios interiores de garantía.