Teoría de pactos

LA PROXIMA semana, con el regreso del presidente Suárez a su despacho de la Moncloa, quedará cerrada esta tregua política agosteña, significada por la difusión interesada de rumores, falsedades e hipótesis sobre la vida política española que rozan con la degradación de la vida pública. Lo primero que cabe apuntar es que la dispersión de agosto ha sido utilizada para ese trabajo de intoxicación informativa, en un intento, no siempre afortunado, de sorprender a los medios de difusión con la guardia baja.Y cabe hablar de degradación de la vida pública, por cuanto no es serio que se especule acerca de una nueva crisis política en base a un supuesto distanciamiento personal públicamente ininteresante entre dos señoras (las esposas del presidente y del vicepresidente segundo) o un enfrentamiento, también personal, entre el presidente y el líder de la oposición. Todo ello unido a una teoría de barones del partido en el Gobierno que quieren tocar poder aprovechando las horas bajas de su cabeza de fila. Si con tan triviales coordenadas se esquematiza la vida pública española es lógico que un enfrentamiento de criterios entre el profesor Fuentes Quintana y la patronal se interprete como un veto de la CEOE al asesor económico del presidente (que ya ha dicho, y es sabido, que no aspira a regresar al Gobierno) o como un nuevo apoyo de la gran patronal a la permanencia de Abril Martorell como gran muñidor de la economía española. O que todo el esquema de pactos de Gobierno o de legislatura que se bosquejan se interpreten no como un movimiento de agujas para entrar en alguna nueva vía, sino como un nuevo efectismo de la Moncloa.

Lo que en verdad depara este mes de agosto es la evidencia de que la crisis gubernamental de mayo no se resolvió y sigue latente. El estado gaseoso de la política del Gobierno lo explica no tanto la historiografía de las relaciones personales que se nos quiere ofrecer, como el hecho indiscutible de que el primer partido de la oposición viene perdiendo votos desde las primeras elecciones democráticas; que otro tanto le sucede al partido del Gobierno; que crece imparable la fuerza electoral de los partidos autonómicos; que éstos son -lógicamente- más manipulables desde el poder que desde la oposición; que España no puede quedar partida en dos clases de autonomías tras lo expresado por los andaluces el 28 de febrero, y, como telón sombrío de fondo, que se ha sobrepasado la cota del millón y medio de parados, los empresarios se sienten inseguros; la clase media, agredida fiscalmente, y el conjunto de la sociedad advierte que su seguridad física y su nivel de bienestar disminuyen. El fantasma de un Pierre Poujade -¿Fraga?- siluetea el horizonte.

Se perfilan entonces dos opciones para superar la crisis: pactos de gobierno, o pactos de legislatura con la Minoría Catalana y, a través de ellos, con el PNV y en cierta medida con los andalucistas del PSA para afrontar, con éxito un voto de confianza en el Parlamento y desatascar el tema de las autonomías.

Salvado favorablemente un voto de confianza parlamentario, Suárez disolvería los efectos públicos del de bate sobre el voto de censura socialista y, si los pactos son, como parecen, sinceros, dirigiría su política hacia la construcción de un Estado de las autonomías comprensible para todos.

La estrategia socialista pasaría por lo mismo y hasta por un poco más, Pero sin Suárez. Los socialistas pueden haber sido tentados desde el poder para negociar una nueva ley electoral que arrase a los partidos autonomistas, a cambio de una política de oposición que no cuestione a Suárez. Nuevamente, los partidos autonómicos aparecen como el gran enemigo de una izquierda de soluciones centristas, aunque disfrazadas, y de una UCD autonomista «contra natura». El PSOE podría estar de acuerdo con una inmediata aceleración de transferencias a Euskadi y Cataluña, solución de las nacionalidades tenidas como de «segundo orden», aspectos económicos que aliviaran el paro, un paquete de leyes orgánicas del que podrían ser excluidas las más conflictivas con el Ejército o la Iglesia.

Personas de criterio en UCD estiman que la negociación pública con la minoría catalana es innecesaria. Otras personas de no menos crédito en el PSOE estiman que el PSOE debe resistir hasta el 83, procurando que UCD continúe gobernando en solitario. Abril y Guerra, a este respecto, pueden estar de acuerdo y quisieran pactos de legislatura entre ambos partidos. Si la estrategia socialista implica la sustitución de Suárez, apoyando a cualquier otro barón («es como si desde UCD propiciáramos la sustitución de Felipe González por Gómez Llorente», declaraba a EL PAÍS un alto responsable del partido en el Gobierno) se consolidaría la ruptura entre UCD y la oposición. Los dados están echados, en cualquier caso, y el pacto de UCD con los catalanes tiene más posibilidad de éxito inmediato que cualquier otra maniobra política, dadas las dificultades internas de los que desde UCD patrocinan un acuerdo con el PSOE.