El PSOE y la autonomía gallega

EL CONGRESO extraordinario del Partido Socialista de Galicia (PSOE), que concluyó el pasado domingo, había sido convocado para elegir una nueva comisión ejecutiva y para discutir y aprobar una ponencia política centrada en la estrategia respecto al Estatuto de Galicia.Sólo una lista de candidatos a la comisión ejecutiva fue sometida a votación de los delegados. Pero esa carrera en solitario de la candidatura triunfadora, encabezada por Francisco Vázquez como secretario general, no fue resultado de negociaciones previas para lograr una síntesis de las tendencias existentes dentro de la organización, sino la consecuencia de la decisión adoptada por sus adversarios de no participar en una competición que consideraban de antemano perdida. El claro predominio en la comisión ejecutiva de la corriente nacionalista, aplicando el adjetivo con todas las cautelas y reservas a las que obligan la propia ambigüedad del término y la existencia de grupos galleguistas de izquierda e incluso independentistas al margen del PSOE, puede crear roces con el Comité Nacional de Galicia, en el que los recién elegidos no tienen mayoría.

En cualquier caso, el congreso extraordinario de los socialistas gallegos parece confirmar, pocas semanas después del celebrado por los socialistas catalanes, la tendencia a la centrifugación del principal partido de la oposición parlamentaria, que se distancia progresivamente de sus tradiciones históricas como partido centralizado y unitario. Un líder del sector crítico ha bautizado, bastante cruelmente, esta transformación corno el tránsito del centralismo burocrático al policentrismo caciquil. Sin embargo, esa mutación histórica -nadie puede negar seriamente que se ha producido realmente- no tiene por qué ser negativa si los socialistas extraen hasta sus últimas consecuencias la lección de esas experiencias.

Por lo demás, no sólo el PSOE se halla sometido a esas tensiones. Así, el próximo congreso de los comunistas catalanes es contemplado con recelo e inquietud por las esferas dirigentes del PCE, demasiado acostumbradas hasta ahora a considerar que la autonomía era buena para el país, pero no tan buena para su propia organización. Y el abandono por Clavero de las filas de UCD enseña, en el campo del centrismo, que si un partido tira demasiado de la cuerda centralista ésta termina por romperse y por dejar libres a los notables locales para la eventual fundación de grupos nacionalistas o regionalistas.

Socialistas, centristas y comunistas se enfrentan, en última instancia, con un mismo problema que, de no ser resuelto, puede conducirles a una irremediable decadencia. Los intentos de controlar desde las oficinas centrales, de manera rígida y con criterios administrativos y jerárquicos, a las organizaciones periféricas están destinados a vaciarlas de vida y de militancia, a transformarlas en simples agencias electorales y atentar a los líderes locales, desplazados o arrinconados, con el proyecto de abrir tienda propia. Frente a este peligro de unas siglas que se limiten a recubrir un aparato administrativo gobernado desde el centro y sin auténtico arraigo en la sociedad se levanta la amenaza opuesta de un partido formalmente unitario, pero desprovisto de una voluntad política coherente y gobernado en cada comunidad autónoma o provincia por los notables locales, sin tener en cuenta más intereses que los suyos propios. Tan sólo la articulación del momento de la representatividad social y territorial con el momento de la elaboración de programas global mente aplicables a la vida española en su conjunto podrá sacar a centristas, socialistas y comunistas de la necesidad de tener que elegir entre dos males.

El resultado del congreso de los socialistas gallegos confirma, por lo demás, que la ausencia de una voluntad política coherente en el primer partido de la oposición y la insurgencia de los líderes gallegos frente a las directrices de la ejecutiva estatal fueron la causa de las inconsecuencias del PSOE en el debate del Estatuto de Galicia en el pasado diciembre. En apariencia, el casus belli que justificó la ruptura por los socialistas del acuerdo anteriormente alcanzado con los centristas fue la disposición transitoria tercera del Estatuto, que confía la delimitación de competencias a la Cortes Generales en vez de a la comisión mixta. La desconcertante desconfianza de los socialistas, que forman el segundo grupo parlamentario, en la capacidad de las Cortes Generales para realizar con rapidez y equidad la asignación de competencias mediante leyes resultaba tanto más sorprendente cuanto que el mecanismo alternativo consistiría, en su casi exclusiva negociación, a menos que el paisaje electoral gallego fuera sacudido por un terremoto, entre el Gobierno de UCD y la Junta gallega de UCD. En efecto, en los comicios de marzo de 1979, UCD barrió en las elecciones al Senado (doce escaños sobre dieciséis) y ganó holgadamente las destinadas al Congreso (diecisiete diputados frente a seis socialistas y cuatro de Coalición Democrática). Si las tendencias electorales no fueran drásticamente alteradas en el futuro, es evidente que las negociaciones entre el Gobierno y la Junta serían, o bien un simple ejercicio de ventriloquia del palacio de la Moncloa, o bien una pugna de intereses entre los líderes nacionales y los notables gallegos de UCD.

En cualquier caso, y con independencia de las razones que llevaron al PSOE a encampanarse frente al Estatuto de Galicia como consecuencia de la insurrección de buena parte de los socialistas gallegos frente a la comisión ejecutiva nacional, lo cierto es que la ponencia política aprobada por el Congreso extraordinario dosifica el aceite y el vinagre respecto al referéndum popular que debe aprobarlo o rechazarlo. Aun reafirmando su rechazo del texto aprobado por las Cortes, la resolución de los socialistas gallegos abre algunas perspectivas razonables para negociar con UCD un cambio de postura. Pero ya habrá tiempo de analizar ese tema, que se inscribe en el marco más general de la estrategia del PSOE para los próximos meses y de su pugna con Adolfo Suárez.

Como se sabe, los referendos acogidos al artículo 151 y a la disposición transitoria segunda no precisan otra mayoría que la de los votos emitidos, de forma tal que el Estatuto podría ser legamente aprobado aunque la abstención fuera escandalosa. Sin contar con que una mayoría de votos negativos bloquearía al Estatuto para largo tiempo, la decisión del PSOE de lanzarse a la campaña del no sería, a medio y largo plazo, peligrosa para sus intereses políticos, ya que, presumiblemente, no conseguiría más que abonar el campo del nacionalismo gallego para que otros grupos radicales a su izquierda recogieran los frutos. El País Vasco y Cataluña han enseñado ya que con el nacionalismo no se juega y que los aprendices de brujo que, en la izquierda, piensan que pueden dominarlo terminan anegados por las aguas de la tormenta que han provocado. Lo que el futuro reserva al PSOE en Andalucía y en Galicia depende, en gran parte, de que los socialistas no caigan en la tentación de abandonar su rígido y criticable centralismo para transformarse en abanderado de un nacionalismo emocional, del que otros serán los principales beneficiarios.