Dura persecución a religiosos en Guatemala

Los misioneros que trabajan en la región guatemalteca del Quiché se encuentran en grave peligro. Al menos cuatro sacerdotes católicos (dos de ellos españoles) han sido asesinados por grupos ultras desde el último mes de mayo. A la lista habría que añadir otro clérigo más, desaparecido hace tres meses, y un sacristán que fue muerto junto al sacerdote catalán José María Gran (35 años, y cinco de residencia eri el país), cuando ambos viajaban por una vereda de la región guatemalteca del Quiché. Un enviado especial de EL PAÍS ha visitado la zona recientemente.

Con anterioridad, la violencia que abate a catedráticos, profesores, políticos, estudiantes y periodistas (de un lado) y militares, policías y prohombres del régimen (de otro) sólo había afectado en una ocasión a un sacerdote católico: aquella vez la víctima fue un norteamericano, Guillermo Woods, muerto en el otoño de 1976.El último asesinado por los que oficialmente se denominan «grupos de forajidos» o «bandas de incontrolados» ha sido el sacerdote navarro nacionalizado guatemalteco Fausto Villanueva que fue muerto a tiros por dos «desconocidos», el pasado día 11 de julio, en su despacho de la casa parroquial de Joyabaj, un pueblo considerado como «más tranquilo» dentro de la conflictiva región del Quiché.

El padre Villanueva tenía 46 años y llevaba veinticinco en este país. Ahora, su cadáver está enterrado junto al del catalán Gran en el pueblo de Chichicastenango. Ambos pertenecían a la congregación de los Sagrados Corazones.

Junto a la tumba del padre Villanueva quedan aún las flores llevadas por los indígenas y por las decenas de religiosos católicos que acudieron al sepelio desde diversos lugares de Guatemala. Los habitantes del pueblo de Joyabaj, en el que Villanueva regentaba la parroquia, decidieron, por su parte, rendirle un homenaje póstumo especial: recogieron con tierra la sangre del sacerdote, que había quedado en el suelo del despacho parroquial y se dispusieron a enterrarla bajo el altar ma.yor de la iglesia, en el cual colocaron una lápida.

Antes de comenzar esta ola de asesinatos de clérigos, varias decenas de líderes religiosos seglares perdieron también la vida a manos de los incontrolados. Las pintadas amenazadoras abundan en la región del Quiché: «Los conocemos, están en las listas y morirán», dice una de ellas, escrita sobre una pared de Santa Cruz del Quiché.

La radio católica de la misma ciudad ha decidido emitir tan sólo música y la misa dominical, después de recibir un par de amenazas a finales del pasado abril y en los primeros días del mes siguiente.

En ambas ocasiones, junto a la puerta de la emisora aparecieron unos papeles amenazadores y dos cadáveres: la primera vez fue el cuerpo de un estudiante desaparecido, y la segunda, el de un hermano de un locutor de la emisora.

Por las mismas fechas, la casa que habitaban cuatro sacerdotes asturianos fue atacada con granadas de mano y ametrallada días después. Los cuatro clérigos terminaron abandonando Guatemala para volver a España.

Según los observadores, los medios gubernamentales y la extrema derecha guatemalteca se sienten «incómodos» por la labor de promoción social que los religiosos católicos llevan a cabo paralelamente a su trabajo evangelizador. La influencia católica progresista ha servido para renovar las formas de vida en una región tan deprimida como la del Quiché, influyendo simultáneamente, entre otros, en los campos social, educativo, sanitario e, incluso, en las técnicas agrícolas.

Esta tarea de los clérigos católicos y la existencia de numerosas comunidades de base ha creado también entre los indígenas una mayor conciencia de sus derechos, que ha llegado a molestar a los grandes terratenientes y al poder político.

Las comunidades protestantes (más conformistas en su mayor parte) no parecen, sin embargo, preocupar en exceso al régimen del general Romeo Lucas. Por su parte, el cardenal guatemalteco, de origen español, Mario Casariego sigue conservando buenas relaciones con el Gobierno.

Los atentados ultras suelen esconderse detrás de siglas como las de ESA (Ejército Secreto Anticomunista) y ORA (Organización Secreta Anticomunista). Detrás de estas iniciales muchos creen ver la mano del Ejército y de la policía.

Según medios cercanos a la oposición guatemalteca, existen evidencias de que el sacerdote catalán José María Gran fue asesinado por el Ejército y los judiciales (policía que colabora muy estrechamente con las fuerzas armadas).

Aun cuando no existen pruebas definitivas, Ejército y policía parecen estar también relacionados con la mayor parte de los asesinatos y secuestros de dirigentes y simpatizantes de grupos demócratas e izquierdistas.

En bastantes casos, el Ejército y la policía no hacen grandes esfuerzos para disimular su participación en este tipo de acciones, como sucedió el pasado 21 de junio, cuando fuertes efectivos de las fuerzas armadas auxiliaron a los incontrolados en el secuestro de veintisiete trabajadores que se encontraban reunidos en la sede de la legal Central Nacional de Trabaladores (CNT). Ninguno de los secuestrados ha aparecido hasta el momento.

Ataques guerrilleros

Fuera de las ciudades, la represión contra los campesinos es especialmente dura en la región del Quiché. La situación comenzó a agravarse en febrero de 1976, cuando Ejército y judiciales llegaron a la zona para luchar contra los diversos grupos guerrilleros que habían comenzado su actividad el año anterior.La guerrilla ha alternado desde entonces sus ataques al Ejército, policía, políticos del régimen y delateres con las ocupaciones de aldeas, sesiones propagandísticas y simbólicos juicios populares.

El Ejército ha repartido entre los campesinos salvoconductos sin los cuales no se les permite circular por la zona. Uno de los datos que figuran en este documento es la religión. Y, según medios eclesiásticos de la capital, el reconocimiento de profesar la fe católica es ya de por sí motivo de sospecha.

Militares y judiciales no parecen haber obtenido grandes éxitos en su lucha antiguerrilla. Sin embargo, existen testimonios fiables de que han llevado a cabo ametrallamientos indiscriminados contra pequeñas manifestaciones pacíficas. Al menos en una ocasión se han utilizado helicópteros para bombardear casas habitadas por campesinos indígenas. Así sucedió en el pueblo de Cotzal, a finales de la primavera pasada, según han relatado a EL PAÍS fuentes de toda solvencia.