La amnistía militar, reconciliación pendiente

El 29 de diciembre de 1978, a punto de extinguirse las Cortes constituyentes, el grupo parlamentario del Senado Progresistas y Socialistas Independientes dirigía a su Mesa una proposición de ley cuyo objeto era "subsanar los defectos"» de la ley de Amnistía, de octubre de 1977, «promulgada en momentos de tensión», que impidió la «equiparación de derechos entre civiles y militares». «Los legisladores lo queríamos», continuaba el preámbulo de la proposición, «pero la prudencia política de las fuerzas democráticas indujo a posponer esa equiparación para un momento ulterior en que, superadas motivaciones emocionales, el proceso de racionalización pudiera culminarse». La proposición senatorial se reclamaba expresamente hija del acto del 14 de octubre de 1977, en que « los senadores, puestos en pie, subrayaron con sus aplausos las palabras del portavoz del grupo parlamentario», en estos términos: «Para tranquilidad de los militares profesionales que obedecieron a un poder constituido, y de los que años más tarde pensaron que la soberanía nacional debería corresponder al pueblo español», el portavoz «tenía la seguridad de que no tardaría en llegar la serenidad a este país, y entonces podría presentarse una proposición de ley que subsanara los defectos que el Senado advertía» en ese proyecto de ley de amnistía, de octubre de 1977.Bajo tales antecedentes directísimos, la proposición de 29-12-1978 concluía su exposición de motivos así: «Hoy, fecha en que entra en vigor la Constitución de 1978, deben considerarse superadas las motivaciones emocionales que impidieron la plena racionalización del problema en otro tiempo ... », con base en el principio de no discriminación, reiteradamente consagrado en la Constitución -especialmente en el fundamental artículo 14, el primero en la tabla de derechos y libertades-, así como en varios preceptos de las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. En efecto, el articulo 11 de éstas pone de relieve que «la disciplina tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución, a la cual la institución militar está subordinada»; el 171 proclama que los derechos inviolables de la persona son valores que todo militar tiene obligación de respetar y derecho a exigir; y el mismo principio constitucional de no discriminación se encuentra expresamente recogido en el artículo 185 de las ordenanzas.

Firmaron la proposición de diciembre de 1978, en nombre del grupo parlamentario PSI, Manuel Villar Arregui, hoy alto cargo de la Administración, y ese demócrata honestísimo, y amigo que, no falla, que es Joaquín Satrústegui; hoy, ambos, parlamentarios de UCD. Disueltas las Cortes a renglón seguido, el asunto ha permanecido « pendiente» durante año y medio, hasta la nueva proposición -presentada a final del pasado junio-, esta vez en el Congreso de los Diputados y por la gran mayoría de grupos parlamentarios; es decir, por la inmensa mayoría de representantes elegidos por los españoles.

Como resulta bien sabido, ambas proposiciones legales -la de diciembre de 1978 y la de junio de 1980-, contemplan la reincorporación al servicio activo de los militares que fueron amnistiados en octubre de 1977, pero a los que se mantuvo la pena accesoria (anexa a la principal, de privación de libertad) que recae automáticamente sobre el militar condenado a más de tres años de prisión: la separación del servicio, generalmente conocida como «pérdida de la carrera». Los afectados no parece que puedan superar, en la práctica, el número de diez o quince, ya que las edades actuales de los militares de la República no les permiten volver a situación de actividad. Se trata, para. ellos, de un asunto de índole moral y, en parte, también económica. Para quienes fueron separados por su pertenencia a la Unión Militar Democrática -la cual se autodisolvió tan pronto como tuvieron lugar las primeras elecciones libres, en junio de 1977- significará, en cambio, la posibilidad de retornar a la vocación y profesión de toda la vida, tras un paréntesis de cinco años.Aspectos conéretos

La amnistía de octubre de 1977 supuso un desigual trato jurídico para civiles y militares. Las diferencias se centraron en dos puntos: la posibilidad para aquéllos de reingresar en sus cuerpos (que no se concedió a los militares) y la disparidad de situación económica, a efectos de derechos pasivos, puesto que a los funcionarios civiles se les reconoció la antigüedad «como si hubieran prestado servicio desde que fueron separados del mísmo», en tanto para los militares sólo se tomaron en consideración los servicios prestados hasta el 17 de julio de 1936, salvo en relación a los trienios, para los que si se consideró válido el tiempo que media entre el 18-7-1936 y la fecha en que, de haber estado en activo, hubiesen cumplido la respectiva edad de retiro. En estas condiciones, un «coronel retirado» a los efectos de obtener pensión -pues a otros efectos no se les ha reconocido el retiro-, es decir, que hubiese llegado a coronel, o a general, de haber estado en activo, tiene actualmente un pasivo de poco más de 20.000 pesetas netas, en el caso mayoritario de llevar pocos años de servicio cuando perdió la carrera como consecuencia de La guerra civil (los que llevaban ya muchos años en 1939 han fallecido generalmente antes de 1980).

Aunque el aspecto económico es importante, y sin duda uno de los más llamativos, el fuero significa más que el huevo, si se tiene en cuenta que un comisario de policía que mató, en uno de sus habituales interrbgatorios, al detenido -hecho sucedido en Tenerife hace no muchos años- a base de dar saltos sobre su caja torácica, ha podido volver al servicio activo, mientras han permanecido fuera unos oficiales que «se adelantaron en la asunción de los ideales democráticos, hoy patrimonio de todos los españoles»; que no son palabras de este articulista, sino de la proposición de ley de diciembre de 1978 que firmaban Satrústegui y Villar Arregui.

En enero de 1977, Jaime García Añoveros publicaba en EL PAIS un magistral artículo bajo la rúbrica «Fuerzas Armadas y política», en el que se leía: «Los Ejércitos de los distintos países, para ser eficaces, tienen que estar compenetrados con las bases ideológicas de sus respectivas organizaciones políticas... No resulta imaginable un ejército norteamericano integrado por una oficialidad comunista, ni un ejército cubano dotado de excelentes profesionales de mentalidad capitalista. Los profesionales del Ejército no son mercenarios... Detrás de un ejército que se precie hay siempre una concepción de la vida proyectada sobre una colectividad concreta».

«Para leer a Tuñón de Lara, lo tengo que hacer a escondidas», cuenta Ricardo Lezcano, en «Carta a militares y a intelectuales», que le confió un amigo, joven oficial del Ejército, en los tiempos anteriores a la monarquía. Y hasta el ex ministro Jiménez de Parga hubo de dejar el oficio de soldado, en su versión de jurídico, porque entonces la democracia estaba perseguida. Por no hablar de civiles, como Alvarez de Miranda, etcétera, que sufrieron destierro. Yo esto no lo voy aquí a criticar, que no va por ahí mi propósito. Lo enuncio sólo «notoriescamente», como dice Pedro Laín que diría Unamuno. Voy a señalar meramente que ningún proceso humano importante se gesta y alumbra en veinticuatro horas: bastan rudimentos de Sociología y/o Psicología-social, o simple sentido común, para comprenderlo. En un grupo de la sociedad que propende particularmente a la autarquía -con sus propias «casas militares», capellanes, peluqueros, inclusó-, -a la continuidad -con unas ordenanzas que duran doscientos años y cuesta cambiar, a la endogamia misma, quienes fueron educados inflexiblemente para no olvidar, quienes fueron enseñados que habla unos sectores y unas ideas politico-sociales intrínsecamente perversas, y unas personas de esos grupos más protervas aún, un día pasan retreta con estas constantes y se levantan a diana oyendo que han caducado, que hay amnistía (olvido y cuenta nueva), etcétera. ¿Y a defender todo el mundo la democracia llenos de gozo paradisiaco? Pues bien: ni es posible que el ciento por ciento, pasen a amar la democracia automáticamente en el fondo de sus corazones ni es- concebible que no existiesen demócratas desde antes en el seno de la institución, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría del pueblo quería la democracia (así lo ha expresado en cuantas elecciones ha habido, dando la espalda una, y otra vez a las opciones antidemocráticas) y que los militares son carne de la carne del pueblo, no mercenarios aislados.

Más aún: un grupo social notablemente autárquico, de menos de 60.000 profesionales dentro de treinta y tantos millones de compatriotas (el 0,14 % aproximadamente), que, por otra parte, no es un cuerpo muerto sino con una dinámica propia, que tiene que insertarse en una realidad en cierto modo nueva, ¿podría hacerlo sin un «embrague», muelle, «colchón», que preserve de traumatismos el encuentro? En Física, como en Sociología, para que un cuerpo compacto y tenaz entre en contacto con otra masa poderosa e inamovible -en este caso, la mismísima realidad, la sociedad española a fines del segundo milenio, en un marco europeo- son precisos esos muelles, ese «embrague», para que el choque no sea explosivo, detonante. ¿Y quién podría cumplir tal función sino algunos miembros del propio grupo? Mas tales muelles quedarán atrapados, retorciéndose entre ambas prensas, repudiados por una, olvidados quizá por la otra. Quizá también pasen años antes que la Historia y la Sociología pongan de manifiesto cómo la propia institución usó -aun sin darse cuenta- de esos hombres-muelle para incorporarse a la dinámica en que viene moviéndose la nación, los españoles, desde hace quince años (una generación, como nos enseñó Ortega,

Julián Marías). Y es que, una vez más, ¿quién sería profeta en su propio entorno?Reconciliación y unidad

Si las Fuerzas Armadas han de ser garantía -como subrayaba hace un año Arturo Moya en el Club Siglo XXI- de la democracia, y baluarte permanente de la dignidad de la nación, por defender los supremos intereses que surgen de los ideales de soberanía, libertad, justicia y solidaridad; si las FF AA de la democracia han de estar integradas por demócratas, como señala Garcia Añoveros, tras un tempo de «adaptación» posiblemente -que nadie pensará puede durar lustros, siendo los militares servidores del pueblo, con uno u otro régimen, sujetos a la ley positiva emanada de los representantes de ese pueblo libremente elegidos- no cabe pensar que la transición esté consumada mientras la reconciliación no haya llegado, incluido a quienes, dentro de los Ejércitos, se anticiparon en entender que el futuro de España, de acuerdo con el sentir mayoritario de los españoles, pasaba por a democracia, la libertad, la soberanía de aquéllos, lo que les implicó en un gravísimo e intimo problema deontológico, de opción en todo caso ingrata.

La amnistía (perdón por la perogrullada) no es un indulto, pues éste es un acto de generosidad o filantropía con que se contribruye a la celebración de acontecimientos y fiestas, en tanto la amnistía viene dictada, de forma «necesaria», por el cambio de régimen, de fundamentos jurídico-politicos, de modo que, a la luz de los nuevos, dejan de ser delictivos (generalmente pasan a ser incluso lo contrario) hechos que lo eran en el régimen anterior. La amnistía implica, pues, absouto olvido de aquellos antiguos delitos, pero también de los que no lo eran en la extinta situación político-juridica mas sí lo serían- en la actual. (Por eso no se enjuicia y castiga a quien reprimió la libertad de reunión, de asociación, de expresión, etcétera, en el viejo régimen). En definitiva, la amnistía es reconciliación, paz civil y política, punto de partida para un nuevo orden más justo, más digno y humano, olvido de los odios y las sañas. Pedrol Rius lo ha expuesto sin ambages: una amnistía política no puede presentarse como medida de generosidad. Menos todavía, hay que decir, como imposición, siquiera parcial, contra los amnistiados, cuyo delito fue adelantarse a propugnar principios que, hoy, la sociedad practica, que están incorporados a la Constitución. Y es precisamente un ejército que se sienta unido, sereno, identificado con su misión constitucional, el que mejor puede acoger a unos antiguos miembros que -entre ilusiones, tinos y yerros- se lo jugaron todo por una pasión ética, por la libertad del pueblo.