Autonomía municipal

Estamos inmersos en una gran confusión ideológica, terminológica y conceptual sobre determina dos mejor seria decir sobre muchos temas de nuestra vida. Cada uno empleando el mismo vocablo quiere decir una cosa distinta, según su propia definición política o la finalidad que pretende lograr. Uno de estos términos es el de la autonomía municipal. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua explica que «autonomía es la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior»... Su reflejo legal se contiene en varios artículos, especialmente el 140 y siguientes de la Constitución Española.

Pues, partiendo de ésta noción, cada día oímos quejas de los responsables municipales de no poder ejercer esa autonomía, y a la vez la permanente solicitud al Gobierno de una mayor ayuda económica para poder ejercerla. Y aquí existe una clara contradicción. Si se aspira a una autonomía de gestión -límite de la autonomía municipal-, se rehúsa la tutela de la Administración y se quieren sólo controles de «última instancia» -Tribunale de Justicia y Tribunal de Cuentas del Reino-, ante quien rendir balances de gestión, no se puede, al mismo tiempo, estar pidiendo ayuda económica, porque ésta implica necesariamente un control. El que da debe saber para qué lo da y el buen uso de lo que se entrega.

En el Ayuntamiento de Madrid olmos constantemente un lastimoso quejido acerca de la penuria económica a que lo tiene sometido el Gobierno de la nación, y se llega, con exceso en la expresión, a hablar de situación de bancarrota.

Pues no es verdad. Ni el Ayuntamiento de Madrid está en bancarrota, ni su anterior -en arioi- administración financiera lo ha puesto en esa tesitura, ni el Gobierno tiene a los municipios -y menos a los grandes- en penuria económica.

Jamás un Gobierno ha ayudado más -económicamente- a los municipios como ocurre ahora, y en especial al Ayuntamiento de Madrid, hoy gobernado por los partidos de izquierda. Y esta no es una «filosofía», sino una realidad traducida en hechos. Presupuetos de liquidación de deudas, absorbiendo el Estado parte de la carga financiera (50%) y el resto consignada en los presupuestos ordinarios de varios ejercicios; aumento ostensible de la participación en los impuestos del Estado; recargo sobre el consumo de carburantes, aval para acudir a créditos exteriores, etcéteras. ¿Que, al mismo tiemPo, la Administración ha retrasado el pago de algunas liquidaciones? Cierto también, pero, por favor, no confundamos a la opinión pública hablando de bancarrota, cuando, a lo más, se trata de iliquidez de tesorería.

Y téngase en cuenta cue en estos momentos de circunstancias económicas difíciles, lo importante es administrar bien y con cautela, pues las dificultades de tesorería provienen no sólo del retraso en las liquidaciones de la Administración, sino también de los defectos propios. Se solicita ayuda económica y se incluyen en el presupuesto ordinario gasto voluntarios para actividades puramente políticas y dejando fuera gastos obligatorios; se solicita ayuda para paliar el déficit de la EMT y se incrementa, voluntariamente, el mismo con operaciones tan con trovertidas como la absorción de las líneas periféricas; en estos momentos de dificultad económica, se sigue cóntratando personal y adjudicándose obras por concierto directo; se pide una ley de transportes que permita financiar la parte del costo empresarial que no cubre la tarifa, pero se rehúye hablar de la mayor participación directa de los municipios a través de sus finanzas que implicaría una mayor justicia, para evitar que el transporte urbano de las grandes áreas lo financiaran los ciudadanos de otras entornos.

En definitiva, que son estos momentos los de auténtica restricción en la administración propia. Son muchos los objetivos a cumplir y pocos los medios, y hay que hacer una política selectiva y no querer abordarlos todos, rápidamente, para presentar una mejor gestión.

Y aquí estriba el punto de la autonomía municipal. Gestión propia y, a la vez, propia responsabilidad. Que hay demasiados controles, de acuerdo, suprimanse; pero aceptemos sus consecuencias lógicas, que no son otras que valerse por sí mismo. A mi juicio, mientras se estén solicitando ayudas económicas -crénitos o subvenciones-, hay que aceptar el control del dispensador de la ayuda. Llegará un momento en que esto no sea necesario, pero, mientras tanto, en un periodo transitorio, habrá que recibir ayuda, y aquí el Gobierno está acusando gran sensibilidad y está otorgando esa ayuda. No se diga, al menos, lo contrario.

Y dediquémosnos los ayuntamientos cuanio antes, a resolver -en aplicación de la política de lo concreto, que es la puramente municipal- los problemas de los vecinos, sin buscar resultados ideológicos. El desencanto de los vecinos, al vernos en las sesiones municipales esgrimir brillantes argumentos en defensa de tesis partidistas, es, evidentemente, creciente.