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El régimen militar boliviano se consolida

Bolivia adquiere por momentos los perfiles de un Estado policíaco sobre los modelos argentino o chileno. Mientras la resistencia de los mineros parece haber entrado en su última fase y el Gobierno militar surgido del cuartelazo del 17 de julio se consolida en todo el país, comienzan las denuncias concretas sobre las dimensiones que alcanza la represión.Sólo la cuenca minera de Catavi resiste ya el asedio militar. Los rangers enviados desde la ciudad de Santa Cruz han ocupado los importantes centros de Huanuni y Colquiri. Radio Pío XII, la única emisora minera en antena, difundía anoche llamamientos desesperados a la población para que acopiara toda la comida disponible y se dispusiera a soportar el asedio. El comando militar del departamento de Oruro ha reconocido, por vez primera, la existencia de combates entre las tropas de élite del Ejército boliviano y los mineros. El comunicado castrense no precisa el número de bajas.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), agrupación interpartidista y sindical creada a raíz del golpe de Natush, ha difundido desde la clandestinidad un comunicado en el que cifra en centenares el número de víctimas de la represión militar. Según el Conade, los cadáveres de los opositores al régimen del general García Meza están siendo arrojados a fosas comunes.

EL PAIS ha podido confirmar que el estadio Bolívar de la capital boliviana se ha convertido en un campo de concentración. Rodeado por tanquetas y un impenetrable cordón militar, la explicación oficial de este despliegue es que se trata de un «área estratégica» dentro de la ciudad de La Paz.

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Bolivia se configura como un Estado policiaco

Viene de primera página Salir del país se ha convertido en una misión imposible. No sólo todos los extranjeros en Bolivia han sido convocados al Ministerio del Interior para «regularizar su situación», sino que el trámite de autorización pasa por una serie de inspecciones, firmas y sellos de diferentes departamentos de seguridad, que hacen impensable la superación de los controles para cualquier persona sin un currículo político impecable, desde el punto de vista de los militares.Centenares de personas están asiladas en las embajadas en La Paz. En la venezolana hay alrededor de cincuenta dirigentes políticos, de mayor o menor ango, junto con el ex presidente Walter Guevara. No menos de treinta parlamentarios permanecen en la nunciatura con la ex presidenta Lidia Gueiler. La señora Gueiler podría efugiarse en Miami si obtiene salvocondto. El mismo cuadro de refugiados se repite en otras legaciones latinoamericanas y europeas.

La actuación, en todo el país, de unos 2.500 hombres con virtual licencia para matar -la estimación del número de paramilitares es de una fuente castrense plenamente solvente- no es ajena al clima de terror civil en que vive estos días una buena parte de la población boliviana. La intimidación y las amenazas se han extendido a los representantes de los medios informativos desplazados a Bolivia. Cinco periodistas extranjeros fueron detenidos el martes. Tres de ellos, entre los que figuran el reportero de la cadena de televisión norteamericana CBS, fueron puestos rápida mente en libertad, y los otros dos abandonaron el país bajo la protección directa de sus embajadas. El Gobierno del general García Meza había prometido, el lunes pasado, plenas garantías para los informadores y el fin de la censura.

Prosiguen en La Paz los sabotajes y los enfrentamientos nocturnos. Ayer fue desalojado el Ministerio de Planeamiento, después de una amenaza de bomba. Algunos atentados con dinamita, sin mayores consecuencias, son la expresión de una resistencia esporádica y desesperada a la imponente maquinaria represiva desplegada por el Gobierno militar.

La cooperación argentina en el cuartelazo es ya un hecho confirmado. En estos momentos, la mbajada de Bueno Aires en La Paz tiene acreditadas a más de cincuenta personas, la mayoría de ella cumpliendo misiones de asesoramiento. En la legación argentina se redactó y multicopió, el unes, un falso comunicado tribuido al Partido Socialista 1, la formación izquierdista que dirigía el asesinado Marcel Quiroga, que se distribuyó después en La Paz y en el que se pedía el fin de la huelga general y el cese de la resistencia.

La Junta Militar intenta por todos los medios ganar crédito ante los bolivianos, mientras afianza su control sobre el país. El general García Meza, que ha permitido la aparición de los periódicos, dirigió anoche un mensaje a la nación en el que caracterizó a su régimen como «nacionalista, antioligárquico, democrático, antiimperialista y profundamente popular».

Meza afirmó que el Gobierno de reconstrucción nacional que él encabeza promoverá la participación popular en el poder, «concretada a través de los órganos naturales de la sociedad democrática», y la, cogestión obrera. El autoproclamado presidente de Bolivia anunció la aplicación inmediata de un plan nacional antiinflacionario -en el marco de una economía social de mercado- y el comienzo de una auténtica «revolución agraria». «No habrá vendaval ni tempestad que pueda introducir duda o vacilación en nuestro ánimo», y concluyó con un «Dios bendiga a Bolivia».

Han comenzado entre tanto las «matanzas blancas». La toma de posesión de las nuevas autoridades políticas y administrativas está suponiendo la expulsión automática de sus puestos de trabajo de millares de funcionarios «no adictos». Las empresas bolivianas comenzaron ayer a despedir a los trabajadores que secundan la orden de huelga general decretada a raíz del golpe. En las zonas industriales de La Paz el absentismo se calcula entre el 60% y el 80%.

El régimen boliviano se dispone también a resistir el aislamiento internacional. El Diario, periódico portavoz de la Junta Militar, instaba ayer a seguir el ejemplo de «la valerosa Taiwan» y citaba como países amigos, que nunca abandonarían a Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

La "mafia" de la cocaína

«No todo el Ejército está de acuerdo con el golpe. La acción de los militares golpistas se ha visto alentada y apoyada económicamente por la mafia internacional de la cocaína», se dijo anoche en la conferencia de prensa convocada por el Comité de Defensa de la Democracia en el Exterior, ocupante de la Embajada de Bolivia en Madrid.

«El Ejército, efectivamente, tenía preparado el golpe para el momento en que se produjese un empantanamiento en el Congreso, pero un grupo de militares con intereses en el tráfico de cocaína se adelantó al plan previsto, y el resto de los militares se ha sumado para salvar la institución militar», se añadió.

El Comité de Defensa de la Democracia dijo que la resistencia se estaba extendiendo por el país y que se podía hablar de dos tipos de resistencia: la espontánea, que sigue las directrices de la COB, y la organizada, dependiente del campesinado.

Los ocupantes de la embajada, que con su actitud. pretendían llamar la atención sobre «la opresión militar, sin precedentes en la historia de Bolivia, que se extiende por todo el territorio nacional», consideraron positiva la actitud del Gobierno español ante la intervención militar y mostraron su esperanza de que se sume a las determinaciones que adopte el Pacto Andino. Destacaron la decisión del PSOE, que en la misma tarde de ayer iba a presentar una pregunta al Con greso sobre la actitud del embajador de España en Bolivia, y la moción parlamentaria en la que los diputados del PCE solicitarán la destitución del señor Lozano Escribano.

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