Infamante campaña
Cuando Luis González Seara se hizo cargo de la Secretaría de Estado para la Universidad, dentro del luego dividido Ministerio de Educación v Ciencia, pensó, desde el primer momento, realizar un censo de aquellas personalidades que, por razones políticas e ideológicas, habían realizado una labor importante en el mundo del airte, la ciencia y la investigación fuera del ámbito de la universidad española, con objeto de integrarlos a todos en la misma.Volvió a plantearse la idea al ponerse al frente del Ministerio de Universidades e Investicación, pero descartó la posibilidad de que fuera directamente el Gobierno quien dictase por la vía de un decreto-ley la adscripción de los catedráticos extraordinarios.
Temió que el gesto pudiera ser interpretado como una baza electoralista en tiempos de continuas campañas electorales y, por otra parte, le pareció lógico que la llamada a los profesores del exilio exterior e interior surgiera de la propia universidad, de sus departamentos, escuelas y facultades. El gesto sería, así, un gesto de todas las universidades españolas, a las que el ministro imaginaba rivalizando por hacerse con los servicios de este o aquel eminente profesor o investigador.
Este es el sentido del decreto-ley del pasado verano, por el que se autorizaba a todas las facultades y escuelas técnicas superiores a hacer las propuestas de candidatos a cátedra que considerasen oportunas y necesarias. Las propuestas serían presentadas por cada universidad al Ministerio de Universidades e Investigación, que las sometería a la consideración del Consejo de Rectores. Sólo después del preceptivo informe favorable de los rectores, el ministro de Universidades elevaría la propuesta de nombramiento al Gobierno.
Se sabe ahora que desde que se hizo público dicho decreto-ley surgió una radical oposición a este proyecto por parte de un grupo de rectores, que, de todos modos, nunca se han atrevido a mostrar en público y menos ante el propio ministro su repugnancia a incorporar a las cátedras de la universidad a ciertas personalidades y mucho menos por una vía distinta del tradicional sistema del concurso-oposición.
El pasado día 19 de junio, ausente el ministro de la reunión del Consejo de Rectores justamente en el momento en que entraba en el orden del día la cuestión de los nombramientos, se suscitó el sistema de votación que habría de aplicarse, una vez defendidos por cada rector proponente y por el subsecretario de Universidades e Investigación, Manuel Cobo, los méritos de cada uno de los candidatos.
Con inusitado ardor, varios miembros del consejo defendieron la oportunidad y conveniencia del voto secreto, «para decidir con libertad». Sometido a votación el problema, veinte rectores se inclinaron por la votación secreta y sólo dos por la votación pública. El resultado final es suficientemente conocido. Cinco candidatos fueron aceptados y otros cinco rechazados. También es conocido el clamor de las protestas.
Lo curiosoes que un grupo de rectores, presumibiemente los que vetaron a los cinco profesores rechazados, le han pedido expresamente al ministro de Universidades e Investigación que «el Gobierno haga cesar la infamante campaña de desprestigio emprendida contra el Consejo de Rectores». Pues qué bien, ¿no?
