El PSOE interroga al Gobierno sobre la OCU

Los diputados socialistas Ciriaco de Vicente y Felipe Guardiola han presentado en el Congreso una pregunta al Ministerio del Interior, interesándose sobre por qué no ha resuelto en el plazo previsto las impugnaciones que han sido presentadas por socios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en relación con supuestas irregularidades en las elecciones que han tenido lugar recientemente para cubrir los puestos de las juntas directivas de Madrid y nacional de esta organización (EL PAIS, 29 de junio).En caso de que las mencionadas elecciones se consideren no ajustadas a derecho, preguntan los socialistas qué medidas ha adoptado el ministerio para garantizar la estricta aplicación de los estatutos de la OCU y de la ley de Asociaciones.

La exposición de motivos de la pregunta finaliza diciendo que «la OCU, al igual que otras organizaciones sin fines de lucro que tienen como finalidad la defensa de los intereses de los consurnidores y usuarios, se nutre de fondos públicos a través del Ministerio de Comercio y Turismo, por lo que el estricto cumplimiento de las normas legales y estatutarias a que están sujetos es la mejor garantía de que el destino que se da a las cantidades asignadas se ajusta a los fines de la organización».

Se interesan los socialistas por el número de socios que tenía la OCU al 31 de diciembre de 1977, 1978, 1979, y al 30 de junio de 1980, años en que dicha asociación recibió subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado.

La OCU ha rechazado el comunicado que hizo público hace días la secretaría de política sectorial del PSOE por considerar «que constituye una indebida injerencia en los asuntos internos de una organizacíón de consumidores». En una nota facilitada a Efe, la OCU ve con sorpresa la acogida por parte del PSOE a la postura de una minoría de socios, que han impugnado las elecciones sin respaldo alguno de sus compañeros, a partir de dos contundentes derrotas electorales. Y estima la OCU que el PSOE acude al Gobierno para someter un acuerdo que sólo compete a los tribunales de justicia, única jurisdicción llamada a decidir controversias entre socios y asociación.

Réplica de la junta provincial

Por su parte, los miembros de la junta provincial dimitida aseguran en un escrito que el proceso electoral recientemente celebrado en la OCU es ilegal, porque sus estatutos exigen que las elecciones se celebren en asamblea extraordinaria. Dicen haber recibido más de un centenar de peticiones para que se celebre una asamblea nacional.Termina el documento señalando que «sólo faltaría que la junta nacional de la OCU se negara a rendir cuentas al Parlamento, que es el que asignó los fondos que ésta recibe en nombre de toda la OCU». «Y no nos sorprende que no quiera rendirlas a un partido político (cosa normal y que apoyamos), ya que ni siquiera las rinde a sus propios socios (cosa anormal y que censuramos)».