La formación de profesores

En los Presupuestos Generales del Estado para 1980 parece que existe una partida de ochocientos millones de pesetas, en números redondos, que está congelada porque el Ministerio de Universidades y el de Educación se disputan, sin llegar a un acuerdo, la dependencia del INCIE, organismo del que dependen los institutos de Ciencias de la Educación de todo el país. Por encima de la paralización de los ICE, que también ven en entredicho la continuidad de su personal (1), lo que esta política de perro del hortelano está jugándose es el futuro de la formación del profesorado en muchos años. Y ésta va a salir malparada venza quien venza; y peor si la partida queda en tablas. Cuando hace poco más de un año se tomó la grave decisión de dividir en dos el anterior Ministerio de Educación y Ciencia, ya manifestamos nuestra alarma en carta a este periódico (21-4-1979). Ahora empezamos a cosechar.Cuentan las malas lenguas que lo que las cabezas rectoras de la universidad esperaban conseguir con la división de ministerios era un cierto alivio en la grave limitación de los presupuestos universitarios. Y hay quien afirma que, en cuanto muchos de los promotores de la división vieron que no iba a ser así, intentaron dar marcha atrás. Al poco tiempo, el ME redactó un proyecto de creación de centros de formación del profesorado dependiente del nuevo departamento. Y esto sirvió de perlas para que un problema de pesetas se convirtiera en una discusión de alta y desinteresada política educativa. Nada nuevo por otra parte.

Pero, para poder justificar esta afirmación, se hace necesario recordar algunas cuestiones que la opinión pública desconoce o ha olvidado, pues ya tiene bastante, en esta campo de la educación, con otros temas, como el Estatuto de Centros Docentes, la financiación de la enseñanza obligatoria o la ley de Autonomía Universitaria.

Hacia 1970 se crearon los ICE como pieza clave de la reforma Villar. El INCIE es, como queda dicho, su organismo coordinador y sucesor del primitivo CENIDE, adaptado a las exigencias de la autonomía -es un decir- universitaria. Como tantos otros aspectos de la ley Villar, el invento de los ICE se quedó en un bello acto de nominalismo, en medio del desinterés de los gestores y de la mayoría de los profesores de la universidad. Una serie de factores -sería muy largo y digno de tratamiento monográfico su análisis (2) han reducido a la esterilidad unas entidades que debían haber desempeñado un papel importante e imprescindible en años de cambios escolares profundos. Movimientos paralelos, como las escuelas de verano, han intentado cubrir esa función, sin el menor apoyo oficial y recibiendo, más bien, todas las reticencias ministeriales. Sería injusto no reconocer que ha habido excepciones, escribiendo desde Santander, cuyo ICE ha promovido con realismo iniciativas de coordinación didácticas, en las que, junto a cientos de profesores, ha participado el que esto escribe y que han conseguido, rara avis, integrar a algunos profesores universitarios. Pero, ésta y tal vez alguna otra que ignoro, no dejan de ser excepciones de un balance negativo en líneas generales o, cuando menos, muy inferior a lo que se debía esperar.

Estando así las cosas, el ME lanzó el aludido proyecto de centros o escuelas de formación de profesores, como alternativo, por una parte, al sistema de oposiciones y, por otra, a los ICE, proponiéndose asumir todas las funciones de formación, selección y perfeccionamiento del profesorado del departamento. Tal proyecto del que, por ejemplo, en el referido documento se afirma alegremente que no será muy costoso adolece de una serie de defectos que pueden sintetizarse en los siguientes:

a) Se plantea casi exclusivamente la selección de funcionarios -escuela de funcionarios, dice textualmente en alguna ocasión, estableciendo analogías con las de otros ministerios-; ignora, en cambio, que la formación de profesores es algo previo a la selección y afecta a todos los que vayan a enseñar, ya sea en la escuela pública o en la privada. Se ve que esto no le preocupa al ME.

b) Obsesionado por el problema de la selección no hace más que agravarlo, pues los futuros «profesores de profesores» serían algo así como un tribunal permanente de oposiciones, y los alumnos unos opositores a lo largo de dos años. Es como para pensárselo. Ninguna escuela de profesores va a resolver de un plumazo los desajustes sociales entre oferta y demanda de empleo educativo.

c) Critica a los ICE para volver a inventar en gran medida sus funciones. Eso sí, para quedar bien ante el MU, cosa que no logra, reconoce que los ICE pueden y deben seguir cumpliendo su alta función.en el ámbito de la universidad. ¿Estamos en este país para tales despilfarros?

La aparición de este documento provocó una airada réplica del MU y del Consejo de Rectores, que, por boca de su presidente, declaraba en este mismo periódico: «Resulta verdaderamente sorprendente que (...) alguien pueda imaginar que la formación y perfeccionamiento del profesorado pueda o tenga que realizarse fuera de la universidad» (3). La réplica, toda ella situada en el más bello y elevado terreno del «deber ser», dejaba claro entre líneas, al buen entendedor al menos, quelo que existía era una guerra presupuestaria y de competencias. Junto a indudables verdades había. en el artículo citado una fuerte dosis de cinismo objetivo. Y no pretendemos ofender a quien tal vez estaba personalmente convencido de lo que afirmaba. Pero nos parece excesivo ignorar que la formación de profesores no se ha hecho en la universidad española porque no ha existido el menor interés en ella por la formación pedagógica. De la científica preferimos no hablar en este momento.

Preguntémonos únicamente, y que alguien nos lo explique, por qué hoy la universidad tiende cada vez más en las carreras de Ciencias y Letras, hacia planes superespecializados desde primer curso, cuando debería interesarle saber que el 80% o el 90% de los alumnos de esas carreras serán, si encuentran trabajo, profesores de BUP, de FP o de EGB. Y en estos niveles las cosas van hacia la interdisciplinariedad. Lengua y literatura, física y química han sido hasta ahora asignaturas unitarias y está siendo difícil endontrar profesores con suficientes conocimientos de ambas. El superespecialista no hace nada como profesor en los niveles previos a la universidad. No olvidemos que hoy el problema es tan grave que se obliga en el BUP a impartir asignaturas afines de la forma más antipedagógica, pues la afinidad, a poco que algunas delegaciones o inspecciones ministeriales se lo propongan, puede llegar hasta el inglés y el dibujo.

Problemas como estos no van a resolverlos ni los ICE ni los centros que proyecta el señor Otero Novas. El forcejeo ministerial no se resuelve defendiendo a ultranza los ICE y su inserción en la universidad ni, de una forma tan penelopescamente nuestra, destejiéndolos para tejer ex novo otra cosa, dependiendo del ME.

En mi humildísima opinión, una política seria que piense en la formación de profesores, como los que demanda una sociedad avanzada y en cambio continuo, debe, en primer lugar, revisar el sentido de ciertas carreras en función de la preparación de profesores. No tengo espacio para dedicar más que un recuerdo a la marginacióri total a que el MUI ha sometido a las escuelas universitarias -antiguas normales-, como muestra del interés de aquel departamento por la formación de profesores.

En segundo lugar, creo que sí hacen falta centros, institutos, escuelas, como se quiera llamarlos, dedicados a la formación de profesores, a su perfeccionamiento en ejercicio, y a la investigación y coordinación didáctica. Todo esto no debe ser tan funcionarial que se olvide el carácter docente y educador, que es lo sustantivo. Yo temo tanto que tales centros dependan del MU como del ME. No los concibo sin una colaboración real y paritaria entre docentes de los niveles universitarios, medios y básicos. Trabajando en equipos mixtos, todos tenemos mucho que enseñarnos y mucho que olvidar de jerarquías y distancias corporativas. Entonces se empezará a saber quién tiene interés por la formación docente.

Mucho me temo que ambos ministerios van a perder la ocasión de dar vida a la única solución posible: unos organismos autónomos, interministeriales, en los que ninguno de los niveles se sienta invitado de piedra del otro. La historia de los ICE debe servir de lección. Su infraestructura existe; sus males -falta de transparencia, dirigismo, etcétera- pueden y deben corregirse. ¿No sería ésta además la forma más económica de administrar los ya de por sí escasos medios económicos de que disponemos?

Cualquier ótra solución me parece negativa. Si en el forcejeo ministerial ganan los ICE, serán muchos los profesores de nivel no universitario que no querrán saber nada, cansados de darles vida, o intentarlo al menos, sin c ompensaciones personales ni profesionales. Si gana el proyecto No.vas, sospecho que se cierra el horizonte de la investigación espontánea y plural, que es condición indispensable. Si se intentase salomónicamente dividir recursos y competencias, no necesito comentar los resultados.