El Gobierno se ofrece como mediador en el caso Promocisa

«No ha habido anomalías administrativas o jurídicas en el caso Promocisa, sino únicamente dificultades económicas», según se desprende del informe redactado por el abogado del Estado Santiago Marín y que ayer fue elevado por el ministro de Obras Públicas y Urbanismo a conocimiento del Consejo de Ministros. El Gobierno, a la vez que elude su definición acerca de si ha existido estafa o no, se ofrece como mediador.

A primeros del pasado mes de junio, los abogados de los afectados por la posible estafa hacían pública la situación por la que se había llegado después de que, en el año 1978, la sociedad entrara en un proceso de franco decaimiento económico que imposibilitaba la terminación de los pisos que habían sido vendidos en los parques de La Coruña, en Vilialba; Cataluña, en Torrejón de Ardoz, y Estoril, en Móstoles.La sociedad Promocisa, propletaria de las tres urbanizaciones citadas, había llegado a tener un activo. de 10.508 millones de pesetas, conformado, en su mayoría, por solares de difícil realización financiera, dada la actual situación del mercado. Ese activo, por tanto, no podía absorber el pasivo generado, de 8.140 millones de pesetas, y compuesto, en su mayoría -4.500 millones de pesetas-, por la obra pendiente

Y más detrás, todavía, estaban los bancos -sobre todo, el Central y el Industrial del Sur- y las compañías aseguradoras. Los primeros, porque tenían abiertas cuentas especiales en las que debían ingresarse las cantidades entregadas a cuenta por los futuros compradores; las segundas, porque habían cubierto el riesgo de afianzamiento derivado de la construcción de los pisos. Pero los bancos decían que las tales cuentas especiales no existían y las aseguradoras -sobre todo, Minerva- empezaban a tomar posiciones para intentar eludir las responsabilidades derivadas de las pólizas suscritas.

Pero el Gobierno decidió, en esa situación, norribrar un investigador especial del caso que intentara poner las cosas en claro oficialmente. Y del informe emitido por el abogado del Estado designádei a tal efecto, Santiago Marín, se desprende que «los pagos anticipados están convenientemente asegurados, de acuerdo con la ley 57/68, de 27 de julio (la que preveía la existencia de cuentas bancarias especiales que sólo podían ser liberadas contra entrega (te certificaciones de obra), y que la no terminación de los pisos pendientes de entrega en el plazo previsto se debe a problemas financieros».

Según la referencia dada ayer a la Prensa de lo tratado en el Consejo de Ministros, la buena voluntad de los tres responsables de Promocisa (Josefa Polo, Saturnino Divasson y Luis Jiménez Redondo) queda a salvo, ya que ofrecieron «la totalidad de su contenido patromonial a los fines de una negociación global positiva que permita la terminación de los pisos pendientes».

Esa negociación, ya solicitada anteriormente por los afectados, será arbitrada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, quien «convocará en fecha próxima a las partes interesadas en el problema, para intentar, en un plazo breve, y vista la postura de todas ellas favorable a un acuerdo, llegar a una solución acordada y global que permita la rápida terminación de las viviendas pendientes».

En esa línea, aunque desde el otro punto de la negociación, estaría la solicitud de entrevista que le cursaron al ministro de Obras Públicas, la semana pasada, los afectados de Promocisa, solicitud que todavía no se ha visto atendido.