El difícil control del superministro de RTVE
El director general de RTVE, Fernando Arias-Salgado, actuó ayer como un auténtico superministro de la televisión que acepta la colaboración del Parlamento, pero a quien la comisión de control parlamentario no tiene nada que controlar. Por mucho que Alfonso Guerra se esforzara en aperarle su jerarquía llamándole funcionario, la aureola de poder que exhibió y la propia liturgia de la sesión recordaron más el aire de fiesta mayor que en el viejo régimen se producía cuando un miembro del Gobierno decidía asistir a una sesión de las cortes orgánicas que el significado político preciso que tienen, en una democracia parlamentaria, que un alto cargo de la Administración comparezca ante el Legislativo a requerimiento de la Cámara.No sólo fue la aparatosa presencia de medios televisivos, materiales y humanos, en pos de su director general, Fernando Arias-Salgado, a diferencia de los directores generales y aun subsecretarios requeridos por diversas comisiones del Congreso -que suelen permanecer al final de la sala o fuera de ella hasta que se les llama-, estuvo desde el primer momento sentado a la derecha del presidente, Antonio de Senillosa, quien, por cierto, se esforzó en aplicar flexiblemente el reglamento tanto a «tirios como a troyanos». Después, el director general, sin previo control, largó un discurso de buenos deseos, de unos veinte folios. Finalmente, obsequió a los miembros de la, comisión con un lote de folletos y propaganda de la casa, que evocaban aquéllas voluminosas carpetas llenas de papeles con que acompañaban los ministros de Franco la presentacíón de una ley o de un plan de desarrollo.
Hubo también al fin preguntas -que continúan hoy- a cargo de los diputados encargados de controlar. El controlado, que había despachado las críticas a RTVE con los calificativos de «injuria», «calumnia» y «difamación», navegó con dificultades para eludir el calificativo técnico de ficticio que la izquierda dio al supuesto superávit de 4.000 millones de pesetas de RTVE. Primero convirtió a RTVE en empresa privada y la comparó con Prisa, la sociedad editora de EL PAIS, en cuya memoria las subvenciones también Figuran como ingresos; después, cuando le preguntaron por las amortizaciones realizadas en 1979, ya se olvidó de Prisa y recordó, en cambio, que RTVE no es una empresa, sino un «organismo autónomo de carácter comercial», cuyos bienes son propiedad del Estado.
No había por donde cogerle. Las críticas a la gestión económica, administrativa y política de RTVE las trasladó al personal del medio, abrió el paraguas de la desilusión profesional y se cubrió así del chaparrón parlamentario. La verdadera desilución profesional se produjo más tarde en los cómpañeros de la radio dependientes administrativamente del director general, aquienes sus superiores les hicieron repetir la información sobre la sesión, a rin de que omitiesen determinados párrafos de Alfonso Guerra. Y más: Julio de Benito, periodista de RNE, que se viene ocupando de los temas parlamentarios relacionados con Radiotelevisión, fue vetado, en esta ocasión, por sus superiores para cubrir la información de ayer.
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