El informe sobre Promocisa, al próximo Consejo de Ministros

El informe sobre Promocisa redactado por el abogado del Estado Santiago Marín será conocido por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento de Obras Públicas y Urbanismo, Jesús Sancho Rof, según pudo saber ayer EL PAÍS de fuentes ministeriales.El hecho de que sea el Consejo de Ministros quien conozca directamente el informe sobre Promocisa podría implicar una toma de postura por parte de la Administración sobre la presunta estafa efectuada por los tres responsables de la promotora. Paralelamente a ese conocimiento oficial, en medios cercanos a la Administración se especulaba ayer con la publicidad que posiblemente tuviera el informe, que se espera pudiera llegar a ser completa, salvo en aquellos apartados especialmente conflictivos o que afectaran a la honorabilidad futura de determinadas personas y entidades.

En los mismos medios se insistía ayer, a pesar de no haberse conocido todavía el informe, en la extraordinaria seriedad que le confería a priori a éste el hecho de que lo hubiera redactado un letrado de la solvencia de Santiago Marín. De todas maneras, no es seguro que el Consejo de Ministros lo haga enteramente suyo.

Los tres responsables de Promocisa fueron acusados públicamente hace unas semanas de haber efectuado una estafa inmobiliaria en tres urbanizaciones de Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles, los parques de La Cortiña, Cataluña y Estoril, respectivamente. El pasivo de la sociedad y, por tanto, de la posible estafa, se eleva a más de 8.000 millones de pesetas, en tanto que el activo supera los 10.000 millones. El desfase, sin embargo, se basa en, la compra de solares difícilmente vendibles por parte de la empresa, que, según parece, no ingresó en su totalidad en las cuentas especiales previstas por la ley las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de pisos en las tres urbanizaciones citadas.

Con todo, el destino final del informe redactado por el abogado del Estado no estaba ayer totalmente seguro, ya que lo mismo podría ser el juzgado que el archivo, pasando, claro está, por la publicidad absoluta.

Mientras, las posibles acciones a tomar, tanto por los afectados en la presunta estafa como por los representantes legales de los tres socios de Promocisa, siguen a la espera de los resultados del informe oficial. Los casi 3.000 afectados tienen ya bastante adelantados los trámites previos para la presentación conjunta de una querella criminal por estafa, que podría comportar una acción penal por apropiación indebida, calificación jurídica esta que vino dada por la sentencia sobre el caso de la Nueva Esperanza, basado, como el de Promocisa, en una incontrolada compra de solares para diversificar los riesgos de la construcción.